Illa acepta debatir el "encaje" de Catalunya en España dentro del marco legal

Una vez logrado el aval de la justicia europea a la amnistía y a la espera de si se aplica en los próximos meses a dirigentes como Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, el independentismo ha levantado la voz para recordar que el conflicto político entre Catalunya y España no está resuelto aunque los socialistas se aferren a la "reconciliación" que la ley ha supuesto. En el último pleno del curso político, ERC ha llamado a no confundir "amnistía con amnesia" y ha emplazado a Salvador Illa a abordar a partir de ahora la resolución del conflicto "dando la palabra" a los catalanes. "Podemos hablar del encaje de Catalunya en España, pero tenemos que poder afrontarlo dentro del marco del Estado de derecho", ha respondido el president recogiendo el guante, pero recordando que su apuesta es el federalismo.

Ante todos los grupos de la Cámara, Illa ha vuelto a celebrar que la sentencia europea sobre la amnistía es "una muy buena noticia" y que lo que ahora procede es que todos los tribunales la apliquen con "agilidad y diligencia". Los republicanos, sin embargo, han querido dejar claro que, una vez la norma se haga efectiva, no hay que considerar que "se acabe nada", ni siquiera la "represión" que supone que dirigentes y activistas independentistas hayan sido espiados con programas como Pegasus.

El president del grupo de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, ha recordado que, una vez ha quedado claro que si la amnistía no se aplica es por "razones políticas" de algunos tribunales españoles, hay que tener presente que el acuerdo de investidura recogía el compromiso de construir "un consenso" sobre cómo resolver el conflicto político y que este fuera "refrendado por la ciudadanía" de Catalunya. De hecho, ese consenso, decía el texto, debía alcanzarse en una convención nacional formada por los grupos parlamentarios que, pasados dos años de legislatura, no se ha puesto en marcha.

El consorcio de inversiones pendiente

Illa, que ha vuelto a comprometerse con el cumplimiento de todo lo pactado con los socios de investidura, ha reconocido también la existencia de "un problema" con el bajo nivel de ejercución de las inversiones del Estado en Catalunya. A ese talón de Aquiles se ha cogido Junts para reprochar al president la "asfixia premeditada" y la "humillación en toda regla" que supone que el porcentaje de ejecución sea del 8,6%, lo que supone 162 euros por catalán mientras que en Madrid la inversión es de casi el triple por ciudadano. "Si va de vacaciones con Sánchez, pida lo que nos debe", ha dejado caer la presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales.

Más allá de asumir que hay un "problema", el president de la Generalitat ha defendido que, precisamente para revertir esa baja inversión su Govern pactó con ERC un consorcio de inversiones que fracasó en el Congreso porque Junts votó en contra. "Están para solucionarlo o para recrearse en este problema?", ha preguntado Illa a Sales, que ha invitado a Junts a utilizar la "capacidad de influencia" de sus siete diputados en Madrid para que el consorcio salga adelante.

El conflicto irresuelto de Via Laietana

Con quien tampoco ha habido acuerdo es con los Comuns, que han interpelado a Illa sobre el hecho de que la comisaría de Via Laietana haya sido declarada espacio de memoria pero sin que eso suponga un traslado de la Policía Nacional. "Frene el despropósito, hable con Sánchez", ha insistido la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, que por enésima vez ha reclamado que el edificio sea exclusivamente un espacio de memoria y de reparación de todos los torturados durante el franquismo. "Totalmente de acuerdo con que sea un espacio de memoria, pero la actual policía es democrática. Es compatible que ejerza sus funciones allí con recuperar este espacio de memoria", ha respondido el president tratando de dar por zanjado un pulso que mantienen vivo desde hace décadas las entidades memorialistas.

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