El escudo antidesahucios, el último escollo entre PSOE y Sumar para el decreto de vivienda y la prórroga de alquiler

PSOE y Sumar activan la cuenta atrás para alumbrar el decreto de vivienda que incluye la prórroga de contratos de alquiler. Los socios de Gobierno prevén aprobar el texto el próximo martes en el último Consejo de Ministros del curso y ultiman una negociación que ha encallado en los últimos días. El motivo es el afán de Sumar de incluir en el paquete de medidas la moratoria antidesahucios frente a la resistencia de los socialistas, conscientes de la división que genera entre sus aliados parlamentarios.

El pulso por este asunto se mantiene desde hace días, sin que ninguna de las partes ceda de momento. En Sumar se abrieron a incorporar algunas de las peticiones de Junts, como la desgravación del alquiler, pero aspiraban a contrarrestarlas con propuestas de corte más social, como la moratoria antidesahucios para familias vulnerables, que decayó el pasado febrero precisamente por el rechazo de Junts, que tumbó el decreto del escudo social.

El difícil equilibrio entre los socios del Gobierno convierte la moratoria antidesahucios en un elemento clave. Podemos, con cuatro diputados, ha defendido que no apoyará el texto a menos que incluya la moratoria y que no incorpore beneficios fiscales para los propietarios. Los siete diputados de Junts, por contra, solo apoyarán el decreto de vivienda si incluye bonificaciones fiscales, y hace cinco meses ya tumbaron la moratoria antidesahucios por considerar que favorecía la okupación.

En el Gobierno las posiciones están encalladas. En Sumar rebajan el órdago de Podemos y aseguran que su abstención no impedirá la aprobación del decreto si cuentan con el 'sí' de Junts. También creen que Junts podría aceptar la moratoria antidesahucios si se incluyen el resto de sus peticiones en materia de vivienda, algo a lo que están dispuestos. Sin embargo, en el ala socialista pervive el recuerdo de la última vez que llevaron a votación la moratoria antidesahucios, en febrero, cuando esta medida contribuyó a que decayera el decreto del escudo social en su conjunto.

Este asunto ya provocó turbulencias entre los socios del Gobierno entonces. Mientras Sumar quería incluir la moratoria antidesahucios hasta finales de 2026 en el texto, en el PSOE querían aprobarla en un decreto aparte, conscientes de la falta de apoyos. Finalmente, se incluyó en el escudo social pese a las reticencias del PNV y de Junts.

El Gobierno trató de atraerles rebajando las propuestas referidas a los desahucios. Así, pactó con el PNV excluir a los pequeños propietarios, de manera que no se les aplicaría la suspensión de lanzamientos a aquellos propietarios que tuvieran una o dos viviendas o que estuvieran en situación de vulnerabilidad. Aquella versión del texto es la que ahora quiere recuperar Sumar para el decreto de vivienda.

Aquella distinción, sin embargo, no convenció a Junts, que terminó tumbando las medidas al considerar que favorecían la ocupación. Su portavoz, Miriam Nogueras, defendió durante el debate parlamentario que solo votarían a favor si el Gobierno sacaba del escudo social la moratoria antidesahucios: "Si va separado, diremos que sí". Finalmente, el texto cayó por el rechazo de los siete diputados de Junts, además del PP y Vox.

Las medidas

El decreto de vivienda anunciado el Gobierno hace un mes se aprobará la semana que viene y prevé incluir la prórroga de los contratos de alquiler que venzan en 2026 y 2027 para evitar subidas desproporcionadas, así como la subida del IVA al 21% de los pisos turísticos. El plan también incluye la regulación de los alquileres de temporada para limitar este tipo de contratos a supuestos suficientemente justificados.

El borrador del texto continúa en el seno del Gobierno y sigue siendo objeto de revisiones por parte del PSOE y Sumar. Aunque ya se han incorporado algunas de las peticiones de Junts, como las desgravaciones del alquiler, el plan es "abrir la negociación" con los grupos una vez que cierren el acuerdo en el Ejecutivo.

Pero el tiempo se echa encima y hay voces que ya apuntan a que, de alcanzarse un acuerdo in extremis, el decreto aprobado en el Consejo de Ministros podría salir sin negociación previa con los socios, algo que podría complicar su posterior convalidación. Lo "ideal", señalan, sería que saliera del Consejo de Ministros con los apoyos suficientes para su aprobación en el Congreso la primera semana de septiembre.

Desgravar hipotecas, "baza" para Junts

El pasado mayo, Junts tumbó el decreto de prórroga de los alquileres que aprobó Sumar y planteó una serie de peticiones, entre ellas la desgravación de las hipotecas y de los alquileres en el IRPF, dos medidas que el ala minoritaria del Gobierno está dispuesta a aceptar.

En las últimas horas, sin embargo, desde Sumar apuntan a que la desgravación fiscal de las hipotecas para primera vivienda podría quedar fuera de la primera versión del texto, en un intento de guardarse una baza para la negociación con Junts y permitir su incorporación en una fase posterior.

Entre las medidas exigidas por los de Carles Puigdemont hay un importante cambio en el régimen del IVA de los autónomos para eximir del impuesto a quienes facturen menos de 85.000 euros. Se trata de una posibilidad prevista en una directiva europea, que debe transponerse a la legislación española y que permite, no obstante, fijar un umbral inferior de ingresos para acogerse a la exención.

Así las cosas, el Gobierno ya trabaja en esta petición, que podría aprobarse más adelante en un texto separado del de vivienda. El Ministerio de Hacienda valora opciones para contener el "agujero fiscal" que podría generar la medida, ya que se estima que unos 700.000 autónomos podrían acogerse a este régimen. En Sumar son partidarios de "ajustar" esta medida para reducir las pérdidas para el erario público, aunque la propuesta aún debe terminar de perfilarse.

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