La defensa de Fernández Díaz en Kitchen solicita su absolución porque fue una operación "de inteligencia" que no conoció

El abogado del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha defendido este miércoles su absolución en el caso Kitchen' por falta de prueba que le vincule con los hechos, que ha calificado de "operación de inteligencia, no parapolicial", destinada a la obtención de información sobre el paradero del dinero que fue ocultado por Luis Bárcenas, o sus posibles testaferros". A juicio del abogado Jesús Mandri, su cliente nunca conoció esta operación y nunca tuvo "ningún interés" en la información de la que pudiera disponer el que fuera tesorero del PP.

La vista por el operativo supuestamente parapolicial contra Luis Bárcenas afronta esta semana su último tramo con la exposición de sus informes finales por parte de las defensas. Se juzgan hechos presuntamente cometidos 2013 desde la cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información a Bárcenas y obstaculizar así las investigaciones sobre la existencia de una contabilidad opaca en el seno del partido.

"El único hecho que no se puede negar es que fue ministro del Interior", ha señalado el letrado, que ha abundado en que por esta razón nunca se informó a Fernández Díaz de los operativos policiales ni del control de los fondos reservados. Solo hubo una excepción, según el letrado, tras el atentado en la sala Bataclán en París, en noviembre de 2015, para intervenir en un operativo para un partido de fútbol.

Las defensas deben rebatir los argumentos del fiscal Anticorrupción César de Rivas, que el pasado 30 de junio argumentó que, tras la práctica de todas las pruebas en el caso Kitchen, a su juicio, "ha quedado acreditada la finalidad bastarda y delictiva" del operativo parapolicial organizado en 2013 para espiar y robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas. "No tenía nada que ver con investigar el caso Gürtel, sino con obtener documentación para boicotear el caso Gürtel", manifestó, para justificar la elevación a definitiva de su petición de 15 años de cárcel para el exministro, al que considera el 'número 1' de la trama, y la misma condena para su mano derecha, Francisco Martínez, por entonces secretario de Estado de Seguridad.

A lo largo de su intervención, Mandri ha restado valor a las actas notariales aportadas por Martínez con supuestos mensajes que intercambió con el ministro -- apuntando a posibles irregularidades cometidas por el notario --. Tampoco ve prueba contra su cliente en los apuntes en las agendas del excomisario José Manuel Villarejo, donde no consta ningún contacto directo con Fernández Díaz. Sobre esta cuestión el abogado ha incidido en que se apartó de la causa a la secretaria general del PP María Dolores Cospedal y a su entonces marido, Ignacio López del Hierro, pese a las múltiples anotaciones sobre ellos.

Alusiones a Rajoy y Leire

Igualmente, el abogado defensor del exministro ha desacreditado los mensajes entre el 'número 2' de Interior y terceras personas "en las que se refiere de forma despectiva al ministro en un momento delicado para él" puesto que Martínez también habla en ellos en los mismos términos sobre el expresidente Mariano Rajoy y ello no se ha introducido en este procedimiento judicial. Ve en ello un trato desigual.

En otro momento de su alegato, la defensa ha recordado que durante la instrucción, la policía pretendió vincular a Fernández Díaz con el mote “El Asturiano”, verdadero líder del entramado, para acabar descubriendo que con ese mote, la organización se refería a “una persona que no ha formado parte del procedimiento”, en alusión a Mariano Rajoy.

También ha cuestionado esta defensa la testifical prestada en el juicio por el empresario Javier Pérez Dolset sobre una reunión que mantuvo ya en 2025 con Francisco Martínez donde se hizo referencia al exministro del PP. "Mientras tanto, se publicaban en prensa las reuniones de Martínez con Leire Díez y Pérez Dolset en las que estos pedían información al antiguo secretario de Estado de Seguridad a cambio de un pacto con la Fiscalía", dijo el letrado, añadiendo que poco más se podía decir entonces sobre la credibilidad de este testigo.

Además del exministro y su'número dos', en este procedimiento también está acusado Villarejo, para quien el Ministerio Fiscal pide la pena más alta, 19 años de cárcel, por presuntamente captar al que fue chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, como confidente para localizar "información y documentación del 'caso Gürtel' que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes, para sustraerla del procedimiento y para permitir que los eventuales responsables pudieran esquivar su responsabilidad", según el fiscal.

Para el exchófer de Bárcenas, también acusado en esta causa, Anticorrupción reclama 12 años y cinco meses de prisión y la nulidad de su nombramiento como funcionario de la Policía. Asimismo, el Ministerio Público mantiene la petición de 15 años de cárcel para el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y el comisario Andrés Gómez Gordo, así como dos años y medio para el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional Marcelino Martín Blas.

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