La Comisión Europea recibe la demanda de Puigdemont: ¿Qué puede pasar a partir de ahora?

La comisaria europea de Derechos Sociales, Roxana Minzatu, ha confirmado que la Comisión Europea "está al tanto" de la denuncia que les ha remitido el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont contra España por incumplir la ley de amnistía, tras el aval a la norma por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Un portavoz comunitario se ha limitado a asegurar a este diario que "la Comisión tiene conocimiento de la última sentencia del Tribunal de Justicia" sobre la amnistía y que "corresponde a los tribunales remitentes aplicar las sentencias del TJUE". En este caso, esos tribunales remitentes son el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, autores de las cuestiones prejudiciales que resolvió el tribunal de la UE la semana pasada.

Una vez que el Ejecutivo comunitario confirme la recepción de la denuncia, ha dicho Minzatu, esta será "tratada debidamente". ¿Qué significa eso? ¿Qué procedimiento se abre ahora? ¿Cuál puede ser el desenlace?

Los procedimientos de infracción están pensados para garantizar que los países de la UE cumplen con la legislación comunitaria, pero también con las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE. En la práctica, consta de varias fases. En una fase inicial, la Comisión advierte al gobierno en cuestión y le da la oportunidad de rectificar. Si a pesar de las advertencias la violación continúa, Bruselas puede llevar de nuevo al país ante el tribunal.

Normalmente, es la propia Comisión la que inicia estos procedimientos, pero cuando un ciudadano de la Unión considera que una institución nacional está violando el derecho comunitario puede presentar una denuncia. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario no está obligado a responder. De hecho, en 2022, apenas un 5% de las denuncias acabaron en una investigación.

"Una valiosa fuente de información"

Bruselas reconoce que este tipo de denuncias son "una valiosa fuente de información". Sin embargo, al mismo tiempo, la Comisión advierte de que no hace un seguimiento de todas las que le llegan, sino, sobre todo, de aquellas "que tienen un mayor impacto en los intereses de las personas y las empresas".

Dado que la denuncia afecta específicamente al ámbito de aplicación de la ley de amnistía, y no a una legislación que deba armonizarse en todos los países del bloque, cabría pensar que no es prioritaria para la Comisión. Además, Bruselas aclara que, en último término, el Ejecutivo comunitario "es, en gran medida, libre de decidir si incoa un procedimeinto de infracción y cuándo lo hace".

Un portavoz comunitario se ha limitado a asegurar a este diario que "la Comisión tiene conocimiento de la última sentencia del Tribunal de Justicia" sobre la amnistía y que "corresponde a los tribunales remitentes aplicar las sentencias del TJUE". En este caso, esos tribunales remitentes son el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, autores de las cuestiones prejudiciales que resolvió el tribunal de la UE la semana pasada.

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