El CGPJ quiere limitar las quejas contra jueces en pleno debate sobre la actuación de Peinado en el caso Begoña

En plena división interna en relación con el trámite que dar a las denuncias presentadas contra el instructor del caso Begoña Gómez, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tramita un nuevo reglamento de funcionamiento interno que planea limitar la presentación de quejas contra jueces, de modo que únicamente pueda formularlas "quien tenga la condición de parte, interesado o interviniente en dichas actuaciones", según reza el artículo 6.2 del proyecto remitido por la Comisión de Estudios e Informes del órgano de Gobierno de los jueces, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

La norma aún no está aprobada definitivamente, y se encuentra en el trámite de recibir alegaciones por parte de las asociaciones de jueces, según ha adelantado la Cadena Ser. No obstante, en el Pleno del pasado 18 de junio ya se dio impulso al proyecto con el voto mayoritario de los vocales.

Dos de ellas, Inés Herreros y Esther Erice, del bloque progresista, advirtieron, sin embargo, en un voto particular, que el artículo propuesto "reduce en ámbito de participación ciudadana sobre la consideración constitucional de la exigibilidad de responsabilidad en el ejercicio de la actividad jurisdiccional de la carrera judicial de jueces, juezas y magistrados y magistradas". Las vocales también cuestionan que el proyecto exija la identificación de la persona que interpone la queja o denuncia, "desapareciendo la posibilidad de iniciativas anónimas que son admitidas conforme a la redacción vigente".

Así, las vocales progresistas insisten en que los planes del Consejo pasan por introducir "una limitación significativa" que "restringe de manera notable el acceso al sistema de quejas en un ámbito especialmente sensible como es el relativo al funcionamiento de actuaciones judiciales concretas". En el plano formal, apuntan además a la existencia de una "contradicción material relevante sobre la legitimación de la ciudadanía para la interposición de quejas a juezas, jueces, magistradas y magistrados sobre sus actuaciones concretas".

En resumen, el artículo que se pretende introducir en el nuevo Reglamento "generará un efecto impeditivo para que terceros ajenos al procedimiento-pero conocedores de posibles disfunciones o irregularidades- pongan en conocimiento de la autoridad competente tales hechos a través del cauce ordinario de quejas". Esto supone, en la práctica, una restricción directa del acceso a los mecanismos de control disciplinario previstos en una Ley Orgánica, concluyen las vocales discrepantes.

Recuerdan que el artículo 117 de la Constitución Española establece que la justicia emana del pueblo y se administra por jueces y magistrados, quienes, junto a las garantías de independencia e inamovilidad, deben actuar con responsabilidad y con sometimiento exclusivo al imperio de la ley. De aprobarse, se impide además la participación asociaciones de defensa de los derechos de las mujeres y otros actores colectivos, y se entra en tensión con estándares y compromisos internacionales.

Falta de acuerdo

Este mismo martes el órgano de gobierno de los jueces no fue capaz de llegar a ningún acuerdo sobre las propuestas de archivo del promotor de la Acción Disciplinaria con respecto a cinco quejas presentadas contra diversos aspectos de la instrucción del juez un Carlos Peinado.

Ya el pasado mes de junio se produjo una fuerte división sobre las denuncias contra la actuación de este instructor, y fue necesario el voto de calidad de la presidenta, Isabel Perelló, para remitir al promotor de la acción disciplinaria copia del auto que dictó contra la esposa de Pedro Sánchez para que analizara si las expresiones referidas a las fuerzas y cuerpos de seguridad -- sobre las que apuntó que podrían colaborar con una eventual huida de Gómez-- eran constitutivas de una falta grave.

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