Govern, ERC y Comuns ganan tiempo para acordar la fórmula para limitar la compra especulativa de vivienda

Los Comuns querían irse de vacaciones de verano con la ley para limitar la compra especulativa de vivienda ya aprobada. Así lo pactaron con el Govern a cambio de su 'sí' a los presupuestos de 2026. La votación definitiva debía celebrarse este jueves por la tarde, pero finalmente no será así. El motivo es que Junts y el PP han anunciado que pedirán un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries -tienen de plazo hasta el miércoles-, y ello paraliza todos los tiempos parlamentarios. Sin embargo, lo que a priori debería ser un varapalo para el Govern y sus socios es también una oportunidad para ellos, porque siguen sin alcanzar un consenso sobre cuál es la mejor fórmula jurídica para poner coto al negocio de la vivienda.

PSC, ERC y los Comuns, así como también la CUP, que ha entrado en las negociaciones, están de acuerdo con limitar la compra especulativa. Tienen algunas discrepancias sobre cuál es la mejor vía para impulsarla, pero todos comparten que debe ser lo suficientemente robusta como para sobrevivir al veredicto del Tribunal Constitucional. Es por eso que la estrategia que han seguido es presentar enmiendas distintas a la ley para que el Consell de Garanties se pronuncie sobre ellas y así valorar cuál es la apuesta más segura desde el punto de vista jurídico.

El camino pactado inicialmente por el Govern y los Comuns era modificar la ley de urbanismo para que los consistorios de las zonas tensionadas -en estos momentos son 271- puedan aprobar planes especiales urbanísticos. Pero rápidamente el Sindicat de Llogateres advirtió de que el riesgo es que la limitación quede a merced de las mayorías políticas en cada municipio, algo que también defienden los anticapitalistas, y provoque que en algunos se impulse y en otros no. Para evitar que esto ocurra, pusieron encima de la mesa que sea la Generalitat la que garantice una aplicación de forma automática en las zonas tensionadas.

Esta es la apuesta que, conjuntamente, han recogido los Comuns y la CUP en las enmiendas presentadas a la espera de si el informe del CGE lo considera viable. Por otro lado, ERC, que hasta ahora había priorizado la modificación del Código Civil catalán y no la ley de urbanismo para aprobar la limitación, plantea que la limitación de compra se aplique solo a los grandes tenedores -personas físicas o jurídicas con más de 5 viviendas-, una acotación que también el PSC ve con buenos ojos.

"No se puede tratar igual a una persona que tiene tres viviendas que a una que tiene 15 o 20", ha advertido la portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, que ha argumentado que su formación ha presentado enmiendas al proyecto de ley porque quiere que la norma sea "robusta y aplicable". En este sentido, en una rueda de prensa este martes, la republicana ha considerado indispensable que la norma quede circunscrita a grandes tenedores y que se diferencie claramente entre quienes habitan una vivienda y quienes buscan obtener un beneficio económico.

"La norma debe ser robusta jurídicamente, debe poder ser aplicada, debe poder tener pervivencia en el tiempo y ha de producir los efectos que se persiguen", ha reafirmado Capella, unas características que ERC interpreta que no se dan en el redactado actual.

Más tiempo para negociar

Ante estas discrepancias y el popurrí de enmiendas presentadas, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, se ha mostrado convencida de que el margen que se les ha abierto con el movimiento de Junts y el PP de solicitar un dictamen al CGE será positivo para que los cuatro partidos favorables a la limitación alcancen un consenso. "Tendremos tiempo para trabajar conjuntamente las enmiendas", ha defendido tras situar a finales de septiembre o principios de octubre la fecha de la votación definitiva, cuando se reanude el curso político tras la pausa estival.

También así lo ha defendido el portavoz de los Comuns, David Cid, que ha sostenido que las enmiendas de ERC y el PSC preservan el tronco central de la iniciativa para poner coto al negocio con los pisos, por lo que ha dado por hecho que hay margen de tiempo para el acuerdo. "En Catalunya existe un cuatripartito de la patronal: Junts, PP, Vox y Aliança Catalana. Trabajan al dictado de la patronal: quieren que la vivienda en Catalunya sea para especular y no para vivir. Pero queremos enviar un mensaje muy claro: no se saldrán con la suya. Seguramente no podrá aprobarse en este pleno, pero en otoño Catalunya tendrá una ley contra las compras especulativas", ha rematado Cid.

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