Jésica Rodríguez se acoge a su derecho a no declarar por los "enchufes" que Ábalos le consiguió en Ineco y Tragsatec

Jésica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar como imputada en el caso Koldo en relación con su contratación de carácter irregular en las empresas públicas Ineco y Tragsatec.

El juez del caso, Ismael Moreno, la imputó tras conocerse la condena del Tribunal Supremo y también implica indiciariamente en los mismos hechos a Joseba García, hermano del que fuera asesor ministerial Koldo y a Ignacio Zaldívar, que era el director de Gestión Administrativa de Adif cuando tuvieron lugar las contrataciones. Ambos estaban también llamados a declarar, aunque tampoco lo han hecho.

Fuentes presentes en las comparecencias han señalado a EL PERIÓDICO que Jésica Rodríguez no explicó las razones por las que no comparecía, mientras que el hermano de Koldo García, que acudió asistido por la letrada Leticia de la Hoz, utilizó la vía del artículo 396 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -- que permite a un imputado manifestar cuanto tenga por conveniente para su exculpación o para la explicación de los hechos-- para preguntar por qué hechos había sido citado, ya que el fiscal mantiene que es por su intervención en la contratación de Jessica en Ineco y él afirma que no conoció a la hoy expareja de Ábalos hasta después de que fuera contratada. Zaldivar, por su parte, ha alegado que permanecía callado porque aún no se ha resuelto su recurso de reforma.

Rodríguez ha comparecido a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que incardina sus acusaciones en la sentencia del Alto Tribunal que condenó a Ábalos a 24 años de prisión, que señalaba la existencia de "datos que apuntan a la intervención" del hermano de Koldo y Zaldívar en la contratación de Rodríguez en las empresas públicas Ineco y Tragsatec.

La sentencia del denominado 'caso mascarillas' enmarcó la contratación de la ex de Ábalos en las mencionadas entidades públicas como "prácticas de enchufismo". Los magistrados destacaron que Rodríguez se embolsó 43.950 euros sin ir a trabajar y atribuyeron a Ábalos gestiones para "activar" su contratación y "facilitar" la "interesada cobertura" para "eludir los controles del desarrollo efectivo de su trabajo".

Anticorrupción acusa a Rodríguez, García y Zaldívar de presuntos delitos de malversación y de un delito de tráfico de influencias, subrayando la "eventual responsabilidad penal" de la expareja de Ábalos, a la que sitúa como "principal beneficiada por el ilícito proceder en su contratación" en las dos empresas públicas.

Implicación de Pardo de Vera

El Ministerio Público incidió en que Zaldívar advirtió a los responsables de Tragsatec que "Rodríguez tenía algún tipo de vínculo con el ministro Ábalos y que la presidenta de Adif tenía interés en que fuera contratada".

Por su parte, en su declaración como testigo en el juicio del 'caso mascarillas', Zaldívar reconoció que la que era presidenta de Adif le trasladó que el entonces ministro Ábalos "la había llamado" porque alguien en Ineco "estaba molestando a Jésica".

El excargo de Adif, que se autodefinió como una "correa transmisora" de información entre Ineco y Pardo de Vera, negó que nadie le pusiera en conocimiento que había una persona que se encontraba en una "situación especial" porque "no fichaba", en alusión a la ex de Ábalos. "No, no, hubiese sido una anomalía inadmisible", subrayó. Asimismo, este directivo se refirió durante el juicio a la "altivez" y "soberbia" cuando trató con la exnovia de Ábalos para solucionar un problema relacionado con unos cheques de comida, un asunto al que no le dio "mayor importancia".

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