El propósito para tener legislatura

"Defiendo la amnistía para hacer de la necesidad, virtud". Aquella frase ante el comité federal del PSOE fue con la que Pedro Sánchez justificó el cambio de rumbo que daba a los posicionamientos que él había defendido, quien se había comprometido "a traer a Puigdemont y que rinda cuentas ante la justicia española". El PSOE se resituaba ante el desafío soberanista en Cataluña que años atrás llevó a toda España a una crisis institucional sin precedentes.

Los resultados electorales del 23-J le obligaban a pactar con Junts para lograr la investidura y seguir a frente del Gobienro. Los de Puigdemont tenían claro que el apoyo pasaba por una ley de amnistía. Una norma que antes no tenía encaje alguno, ni legal ni político, pero a la que se desbrozó de toda duda y terminó aprobándose con urgencia. El 11 de junio de 2024 ya estaba en el BOE (ni un año despues de las elecciones). Se necesitaba para sacar adelante todo lo demás.

Desde la tramitación parlamentaria, en el Partido Popular pusieron el foco en Europa. Movimientos en el Congreso y Senado para, decían, llenarse de argumentos no solo políticos si no también jurídicos que impidiesen o, al menos frenasen, la aplicación de la amnísitia a los líderes políticos.

Esta semana, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció que la ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña respeta el derecho comunitario, no daña los intereses financieros de la Unión Europea ni tampoco contraviene la legislación sobre terrorismo.

Tras el fallo el PP puso el foco en Sánchez y que cambió "poder por impunidad". Cero mención a Carles Puigdemont, el mismo al que los populares ya miran con otros ojos conscientes de que en el camino para llevar a Alberto Núñez Feijóo al Gobierno pueden necesitar a Junts. El presidente popular recientemente animó a "pasar la página del procés" olvidando las veces que han sacado a miles de españoles a la calle contra la ley de amnistía, que calificaban de "ilegal".

El PP es consciente de la necesidad de normalizar la relación con Junts, como demuestran las continuas votaciones conjuntas en el Congreso de PP y Vox con Junts, del mismo modo que el Gobierno necesita que los de Puigdemont recuperen masa electoral en Cataluña y dejen atrás su competencia con Aliança Catalana que le lleva a postulados cada vez más contrarios a las iniciativas del Ejecutivo.

El Gobierno pide a los jueces españoles que "apliquen" la ley a los líderes que impulsaron el proceso de independencia "lo antes posible". E incluso Óscar Puente anima a Carles Puigdemont a regresar a España. Recuperaría "liderazgo político". Incluso analizan en el Gobierno que una detención si pisa suelo español podría revitalizar a Junts frente a la formación de Silvia Orriols y frenar la sangría que detectan las encuestas.

Encuestas que también analizan en Génova y en Ferraz. En el PP escudriñan por qué siguen estancados en cifras similiares a 2023, frente a los casos de corrupción que afectan al PSOE, al Gobierno y a Pedro Sánchez. El PP no logra capitalizar los aprietos por los que atraviesan los socialistas para crecer y reducir su dependencia de Vox. Según la Encuesta Política de España de GESOP para Prensa Ibérica, Feijóo ganaría con el  29,4% de los votos y 123-127 escaños (ahora tiene 137), ante un PSOE situado en los 108-112 diputados (hoy tienen 121), con 4,9 puntos menos que en las urnas de 2023. Datos que se conocen en la semana en la que se ha condenado a 9 años de inhabilitación al hermano del presidente, a David Sánchez; y la Audiencia de Madrid, recordando pasajes de la sentencia contra Iñaki Urdangarin, ha confirmado parte de la instrucción del juez Juan Carlos Peinado y Begoña Gómez, mujer de Sánchez, será juzgada por dos delitos por un jurado popular. Casos por los que la oposición exigen la dimisión de Sánchez.

Con menos publicidad y conflicto que las palabras de Mariano Rajoy sobre la selección masculina de fútbol de Francia, el Congreso dio luz verde - sin impedimiento del PP- a la "mayor reforma social en nuestro país en lo que va de siglo” como describió Pablo Bustinduy, a la reforma que blinda la financiación del sistema de la dependencia, de manera que ahora la Administración General del Estado asume el 50% del coste. Al tiempo que se convalidó el real decreto-ley que envía a las comunidades autónomas 6.200 millones de euros más, entre 2026 y 2027, para servicios y prestaciones a las personas en situación de dependencia y a las personas con discapacidad, respondiendo así, resumía el ministro de Derechos Sociales, en hacer frente “a las necesidades tanto de las personas que reciben cuidados como de quienes cuidan”.

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