Los expertos alejan el regreso de Puigdemont y anticipan un largo camino en el Supremo para aplicar la amnistía

Pocas incógnitas han marcado tanto la política española reciente como la fecha del regreso de Carles Puigdemont. El expresident permanece fuera de España desde otoño de 2017, a la espera de que se resuelva su situación judicial por el referéndum del 1-O y la posterior declaración unilateral de independencia, fallida y de apenas unos segundos. Bastaron para provocar un terremoto político que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), favorable a la ley de amnistía pactada con el PSOE, parecía destinada a sofocar. Pero la batalla continúa. Los expertos consultados por EL PERIÓDICO anticipan un largo recorrido en el Supremo y advierten de que la aplicación de la amnistía puede demorarse más de lo previsto. También el regreso de Puigdemont.

"El Supremo es dueño de sus tiempos, puede marcar su propia agenda y dilatarlo tanto como quiera", explica a este diario Jordi Nieva, catedrático de Derecho Procesal de la Universitat de Barcelona. Es el magistrado Pablo Llarena quien debe decidir sobre la aplicación de la ley de amnistía a Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, que residen fuera de España y mantienen causas abiertas en el Supremo. Sin embargo, antes de que la pelota llegue a su tejado, el Tribunal Constitucional debe resolver los recursos de amparo presentados por los independentistas después de que Llarena rechazara aplicar la amnistía al delito de malversación. El juez argumentó que este había perjudicado los intereses financieros de la Unión Europea y que, por tanto, no podía quedar amparado por la medida de gracia.

El Supremo es dueño de sus tiempos, puede marcar su propia agenda y dilatarlo tanto como quiera

Jordi Nieva

— catedrático de Derecho Procesal de la UB

Sobre esta cuestión, sostiene Nieva, el TJUE se ha pronunciado "de forma clarísima" esta semana al avalar que puedan amnistiarse delitos económicos y descartar que se haya producido un perjuicio para los intereses de la UE. Por ello, el penalista considera que "no hay margen de maniobra" para no aplicar íntegramente la ley a los encausados una vez llegue el turno del Supremo. "Cualquier otra cosa que quiera hacer el Supremo supondría desobedecer esta indicación", afirma el catedrático, que ve poco probable que Llarena eleve ahora una cuestión prejudicial al TJUE, una carta que hasta el momento no ha jugado.

Las maniobras el Supremo

Las dos sentencias dictadas esta semana por el tribunal europeo responden a las cuestiones planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. "Si el Supremo plantea otra cuestión prejudicial ante el TJUE, este le recordará lo que ya le ha dicho", apunta Nieva. Pero el profesor de Derecho Constitucional de la UB, Joan Ridao, no descarta, sin embargo, que Llarena plantee una nueva cuestión prejudicial para acotar el alcance del fallo europeo y alargar todavía más los plazos. Podría preguntar si, una vez descartado el perjuicio a los intereses financieros de la UE, sigue correspondiendo al Supremo decidir si la malversación queda fuera de la amnistía. En ese caso, advierte Ridao, mientras el tribunal europeo resolviera, Llarena "tendría que levantar las medidas cautelares y retirar las órdenes de detención" que pesan sobre Puigdemont y otros encausados.

Aunque no lo hiciera y diera la batalla por cerrada en Europa, el Supremo conserva margen para dilatar la aplicación de la medida de gracia. Una voluntad de ganar tiempo que, según Ridao, también ha mostrado el Constitucional al esperar al pronunciamiento europeo antes de resolver los recursos de amparo, pese a que podía haberlo hecho antes, y al haberse "autoimpuesto" ahora hacerlo en otoño, pese a que la semana que viene tiene prevista una sesión. "El caso de Puigdemont va ir más lento de lo deseable cuando caigan las sentencias del Constitucional", esgrime.

De la claridad de su dictamen dependerá el margen que tenga después el Supremo para aplicar o no la amnistía, más allá del tiempo que tarde en hacerlo. Nieva sostiene que la capacidad de maniobra de Llarena será todavía más reducida una vez el Constitucional resuelva, previsiblemente en línea con sus sentencias anteriores favorables a la ley de amnistía y en sintonía con el tribunal europeo. Joaquín Urías, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, coincide en que será la sentencia del Constitucional la que marque los tiempos posteriores.

Si la resolución se limita a señalar que la interpretación de Llarena sobre la malversación no es correcta, pero no le indica cómo debe aplicarla, "el proceso se puede dilatar mucho". En cambio, si fija de forma clara cómo debe interpretarse la ley y limita el margen de actuación del magistrado, el caso podría resolverse en unos dos meses, una vez llegue a su Sala. En cualquier caso, los plazos no están escritos. Urías advierte de que el Supremo "podría volver a dictar otra resolución que tampoco aplique la amnistía y volver a empezar".

El jurista recuerda que la sentencia del TJUE se ha limitado a decidir "si la ley de amnistía es compatible con el derecho europeo", pero "no tiene nada que ver con Puigdemont", ya que responde a las preguntas planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. "Sobre Puigdemont ha decidido el Supremo", insiste. Y añade: "El TJUE no ha dicho absolutamente nada sobre si, cuando Puigdemont utiliza recursos públicos para pagar publicidad electoral, obtuvo un beneficio personal o no".

El TJUE ha dicho si la ley de amnistía es compatible con el derecho europeo, pero no tiene nada que ver con Puigdemont

Joaquín Urías

— Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla

Un hipotético regreso de Puigdemont

Todo ello deja en el aire una pregunta que vuelve a resonar en los corrillos políticos, avivada por las declaraciones del ministro Óscar Puente, que el pasado viernes afirmó que, si fuera Puigdemont, ya habría regresado: ¿qué ocurriría si el expresident volviera ahora a España? Nieva considera que su detención, prácticamente asegurada mientras siga vigente la orden, sería "ilegal" tras la sentencia del tribunal de Luxemburgo. Urías, en cambio, sostiene que el pronunciamiento europeo no altera de manera directa la situación procesal de Puigdemont en España y que, por tanto, su arresto no supondría ninguna ilegalidad.

"En este momento, en España, la norma es que Puigdemont no puede beneficiarse de la amnistía, porque eso es lo que ha dicho el Supremo. Es lo que está en vigor hasta que alguien lo cambie", concluye. Los tres expertos coinciden, en cualquier caso, en que ha existido y sigue existiendo una voluntad de dilatar los tiempos para evitar, o al menos aplazar, la aplicación de la ley de amnistía. El regreso de Puigdemont continúa atrapado entre los tiempos del Constitucional y del Supremo. Lo resumió el mismo expresident al conocerse la sentencia europea: "El partido ahora no se juega en Europa sino en el Bernabéu".

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