El Gobierno cierra el círculo de la legislatura con la amnistía y la asocia al fin del ‘procés’ para contrarrestar el rechazo social

La actual legislatura arrancó con un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez que incluía la polémica ley de amnistía y llega a su último año con el horizonte despejado para su total aplicación a los líderes del ‘procés’ tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Después del freno de los tribunales españoles, en el Ejecutivo presionan para que ahora se aplique “sin dilación” y tratar de cerrar el círculo invirtiendo o, al menos, contrarrestando, el rechazo social que generó la norma fuera de Catalunya. Incluyendo los votantes socialistas, según diferentes encuestas, aunque la militancia sí avaló el acuerdo con Junts en una consulta interna.

El principal argumento de los socialistas para reivindicar los efectos positivos que atribuyen a la amnistía tienen que ver con el propio encabezado de la norma: “Ley para la normalización institucional, política y social en Cataluña”. El arquitecto jurídico de este proyecto de ley, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, defendía así en una declaración institucional este jueves tras conocerse el fallo “el éxito rotundo, en términos de convivencia, que ha supuesto para Catalunya y para el resto de España”. Todo ello, aderezado de épica, al apuntar que el Gobierno “arriesgó para traer de vuelta la normalidad y la convivencia” y lo habría logrado.

“Heredamos una crisis constitucional y social y hemos logrado un país más unido e instituciones y leyes más sólidas. Ha merecido la pena”, concluía el titular de Justicia. Aun sin referencias directas al Tribunal Supremo, los socialistas también dan así por ganada su principal partida con el Alto Tribunal, cuyos choques se iniciaron ya con los indultos a dirigentes independentistas y se recrudecieron ante un acuerdo de investidura que, además de la medida de gracia, incluía referencias al ‘lawfare’ o guerra judicial.

Más allá de la expectativa de un acercamiento con Junts, a la espera del regreso de Carles Puigdemont cuando los tribunales dictaminen el levantamiento de las órdenes de detención, en el PSOE buscan ahora reconciliarse con el electorado que les dio la espalda por sus pactos con los independentistas. Desde la apelación, como resumía Bolaños e insisten en el Gobierno, de que la medida ha sido buena para Catalunya y el resto de España: “Heredamos una crisis constitucional y social y hemos logrado un país más unido e instituciones y leyes más sólidas”.

La mayoría de españoles seguía oponiéndose a la medida de gracia, incluyendo los votantes socialistas, antes de la sentencia

Incluso después del aval del Tribunal Constitucional, casi un 62% de los españoles seguían oponiéndose a la amnistía y solo un 28% la apoyaba, según la Encuesta Política de España del Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (GESOP) para Prensa Ibérica. Un rechazo que apenas fue diluyéndose durante la legislatura y que entre los votantes socialistas roza el 50%.

Solo en Catalunya exista una clara mayoría a favor de la amnistía, por lo que el mensaje que se trata de transmitir ahora desde el Gobierno, ya no es jurídico, sino político. Para incidir en que “todos los españoles, sin excepción, somos beneficiarios de la ley de amnistía y de la normalidad, la convivencia y la estabilidad que ha garantizado”. Por ello se le atribuyen los supuestos efectos positivos tanto sociales e institucionales como económicos.

Cohesión de la mayoría de investidura

En el Ejecutivo celebran que la sentencia del TJUE les permitirá avanzar en los compromisos pendientes con Junts, pero la resolución también ha generado cohesión entre los socios de investidura y los socialistas en un momento de claro distanciamiento. A la celebración de Junts o ERC, se sumaron PNV, EH Bildu o BNG que en cierta medida avalaron la política de diálogo y pacto con el diferente que buscan exhibir y poner en valor los socialistas.

Los soberanistas vascos se reforzaron tras el fallo en defender que “los conflictos políticos no se resuelven en los tribunales ni mediante la represión, sino con diálogo, negociación y democracia”. El PNV, por su parte, hizo hincapié, en una línea similar, en que “los conflictos políticos deben resolverse en el ámbito político” y que “judicializarlos es un error”. Los nacionalistas gallegos valoraron positivamente el fallo para concluir que "deja sin argumentos también a un [Alberto Núñez] Feijóo y a un PP cada vez más ultras". Con el Ejecutivo coincidieron también todos ellos en exigir a los tribunales españoles su pronta aplicación.

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