Los Comuns y la CUP llevan al Consell de Garanties la ley de cámaras de comercio y retrasan su aprobación a otoño

Los Comuns y la CUP han llevado la proposición de ley de cámaras de comercio y del Consell General de Càmeres al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), por lo que la votación final no podrá celebrarse en el pleno del Parlament de la próxima semana, tal y como estaba previsto. Se trata de una iniciativa impulsada por el PSC, Junts, ERC y el PPC, que cuenta con los votos necesarios para salir adelante.

Ambos grupos cuestionan que las empresas que realizan las mayores aportaciones económicas "tengan vocalías reservadas e influencia en los órganos de gobierno de las cámaras de comercio". La ley no podrá aprobarse en el último pleno antes de las vacaciones de verano, ya que será necesario esperar al dictamen, no vinculante, del CGE.

Los Comuns y la CUP consideran que la ley "cuestiona las bases del diálogo social" y lo "desequilibra" a favor de la parte empresarial. Asimismo, señalan que no incorpora las principales recomendaciones del Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña (CTESC) para "proteger" el papel de los sindicatos y las organizaciones empresariales.

En concreto, quieren que el CGE determine la constitucionalidad de las conocidas como "sillas de plata". Es decir, que una parte de los miembros de los plenos de las cámaras pueda obtener una vocalía no a través del voto del tejido empresarial, sino "en función de las aportaciones económicas voluntarias que realice a la institución".

La petición también cuestiona que la ley "deje en manos de los reglamentos internos" de cada cámara elementos esenciales del sistema, como los requisitos, las cuantías y el procedimiento para determinar qué empresas tienen la condición de mayores aportantes. Ambos grupos consideran que esta "indefinición" puede generar diferencias entre territorios, favorecer la concentración de vocalías en grandes empresas y "perjudicar" la representación de las pequeñas y medianas empresas.

La ley superó el debate de totalidad en el pleno del Parlament el 5 de noviembre sin enmiendas a la totalidad. El texto regula el Consell General de les Càmeres, pretende reforzar sus funciones y establece un sistema dual de financiación tanto para las cámaras como para el propio Consell: financiación pública, consignada de forma expresa en los presupuestos de la Generalitat, y financiación privada. La ley, consensuada por las trece cámaras de comercio de Catalunya, adapta la normativa catalana a la ley básica estatal de cámaras de comercio de 2014 y actualiza la ley catalana de 2002.

Según los grupos impulsores, la ley reconoce a las cámaras como órganos consultivos, de representación y de colaboración con las administraciones, que representan, promueven y defienden los intereses generales del comercio, la industria, la navegación y los servicios.