Estabilidad y el fin de la judicialización: ¿Por qué para el Govern de Illa es clave que se haya avalado la amnistía?

Salvador Illa se convirtió en president el 8 de agosto de 2024 tras prometer al electorado pasar página al 'procés' para que volviera a reinar la "normalización" institucional en Catalunya. El camino de la desjudicialización ha servido para allanarle el camino, pero la mácula de esa estrategia ha sido, hasta ahora, la no aplicación de la amnistía a los líderes del 1-O. El escaño vacío de Carles Puigdemont en el Parlament o el hecho de que Oriol Junqueras no pueda ser candidato continúa siendo un significativo rescoldo que impide hacer tabula rasa con el independentismo. Sin embargo, ese objetivo está ahora más cerca después del aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la amnistía, una decisión clave para el Govern de Illa, que la considera un punto de inflexión para la legislatura española y también clave para la catalana.

Para el Govern de Illa, la aplicación de la amnistía es la piedra angular para que al presidente Pedro Sánchez se le abran vías para continuar la legislatura hasta 2027. Por eso el veredicto de la justicia europea ha sido entendida por los socialistas como un triunfo ante los detractores de la medida, principalmente PP y Vox, y el pulso que mantiene con el Tribunal Supremo. No es casual que el president defendiera en su comparecencia institucional que la sentencia del TJUE es una "buena noticia para la democracia".

Desde el Gobierno han apuntado que algunas de las causas que acechan al PSOE son una reacción al acuerdo de investidura con partidos independentistas y a la aprobación de la amnistía. Consideran que el hecho de que se haga efectiva y facilite el regreso de Puigdemont puede ser una oportunidad para rehacer el vínculo con Junts y aspirar a lograr su 'sí' a carpetas cruciales, como los presupuestos o la nueva financiación. Se trata de asuntos de calado para Illa, cuya estabilidad está estrechamente vinculada a la continuidad de Sánchez en la Moncloa, puesto que los grandes acuerdos con ERC dependen, en buena parte, de que los socialistas no pierdan el Gobierno y cumplan con todo lo acordado con el PSC y los republicanos.

Si hay un episodio de la hemeroteca que persigue a Illa es el del 24 de julio de 2023, cuando al día siguiente de las elecciones generales aseguró que la amnistía "no era factible desde el punto de vista del respeto al Estado de derecho". Este rechazo cambió desde el momento en que Pedro Sánchez señaló que el camino para continuar en la Moncloa era "hacer de la necesidad virtud" y pasaba por lograr el 'sí' de Puigdemont, y que el catalizador de ese apoyo podía ser una ley de amnistía. Desde entonces, como líder del PSC primero y como president después, ha encabezado las reivindicaciones para que esa suerte de perdón se aplique, ha pedido en reiteradas ocasiones al poder judicial dejar de torpedear y hacerlo efectivo e incluso se reunió en septiembre del año pasado con Puigdemont en Bruselas. Este jueves escaló su contundencia y exigió que "ya no hay ningún obstáculo" para que el Supremo la haga efectiva de forma "integral, diligente y sin subterfugios".

Los socialistas han constatado que la estrategia de la desjudicialización, que empezó con los indultos y con la supresión del delito de sedición, les ha dado rédito porque el independentismo ha dejado de ser mayoritario en Catalunya e Illa es president. Para el PSC no fue fácil, en un principio, asumir la amnistía, pero los socialistas catalanes reconocen que lo que era un gesto "arriesgado" ha acabado siendo determinante para superar el debate sobre la independencia y el clima de crispación, centrarse en carpetas como la financiación y hacer posible la alianza con ERC y Comuns con la que se sostiene el Govern. La aplicación de la amnistía es, para Illa, la última pieza para completar la estrategia desjudicializadora.

Los socialistas catalanes se reivindican como el principal partido de Catalunya. Ganaron las elecciones catalanas de 2021, aunque finalmente fue Pere Aragonès el president con un pacto con Junts y la CUP, y las de 2024, cuando Illa tomó el mando con un gobierno en minoría, pero continúa teniendo pendiente imponerse en unas elecciones en las que ni ERC ni Junts puedan alegar que sus líderes continúan estando incapacitados judicialmente. "Todos deben poder ejercer en plenitud sus derechos políticos", ha defendido Illa, además de alegar motivos de humanidad para defender que Puigdemont pueda volver a su casa. El president quiere que el próximo ciclo electoral se juegue con todos los jugadores en el terreno de juego para dejar claro que su supremacía en Catalunya es incontestable. Se trata de dejar fuera del tablero el argumento de la "represión" al que se acoge el independentismo para explicar la victoria socialista -además de las divisiones internas que han desmovilizado a su electorado- pero también de intentar desactivar a los principales líderes del 1-O.

El president Illa suele interpelar a Junts en el Parlament para que reme a favor de los intereses de Catalunya en asuntos como la financiación, la condonación de la deuda del FLA o el Pacte Nacional per la Llengua, pero la estrategia posconvergente pasa por erigirse en alternativa y no pactar con el Govern. A raíz del último barómetro del CEO, que apunta que Aliança Catalana podría ser tercera fuerza a costa, sobre todo, de restarle voto a Junts, que caería hasta la cuarta posición con la mitad de diputados, el PSC ha pedido a los posconvergentes que "reflexionen" sobre cómo actuar y contrarrestar esa tendencia.

La intención del Govern es continuar transitando la legislatura de la mano de ERC y los Comuns, aunque le interesaría poder jugar con la geometría variable si esa alianza se tuerce teniendo en cuenta que con Junts suma mayoría. El regreso de Puigdemont, aseguran en el Executiu, puede provocar que "pasen cosas", aunque nadie se atreve a pronosticar en qué sentido.

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