El Gobierno espera una “positiva” sentencia de la amnistía para cumplir sus compromisos con Junts y apuntalar la “normalización”

Los acuerdos de Bruselas entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez se sellaron en noviembre de 2023 y medio año después el Congreso aprobó la ley de amnistía. Sin embargo, los tribunales han ido frenando su total aplicación en casos como los de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Previsiblemente, hasta hoy. Cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunciará sobre su encaje en el ordenamiento europeo después de que el Abogado General ya avanzase que no vulnera el derecho comunitario ni se considera una "autoamnistía". Con estos antecedentes, en el Ejecutivo solo contemplan una resolución “positiva” que les permitiría avanzar en un doble objetivo: cumplir con Junts y apuntar la normalización institucional tras el ‘procés’.

“Seguir dando pasos que ayudan a cumplir con nuestros compromisos”, apuntan fuentes de Moncloa en referencia al pacto de investidura con los de Carles Puigdemont para enmarcarlo en una estrategia de “normalización y convivencia”. “Necesitamos que se acaben de dar todos los pasos y se eliminen los bloqueos”, aseguran las mismas fuentes. Sin entrar al choque con el Supremo, pero defendiendo que la medida de gracia “es legal, legítima y emanada del Parlamento”.

La confianza en un nuevo acercamiento con Junts ante la expectativa del regreso a Catalunya del expresident, con todo, se ha ido diluyendo. Los socialistas aseguran que seguirán trabajando para sacar adelante compromisos pendientes, pero no se esperan más gestos antes del parón estival. En lo que respecta a la delegación de competencias en inmigración a Catalunya, dejan el balón en el tejado de Podemos, pues los votos de los morados ya impidieron la la tramitación de este proyecto de ley en el Congreso.

Sobre la oficialidad del catalán, euskera y gallego en la UE, tampoco se han producido avances. A este respecto se señalan las gestiones del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, dentro de la familia europea del PP para impedir el consenso necesario de los Veintisiete.

Los socialistas lamentan así los vetos cruzados y que no todo está en su mano. Por ello, indican que las dificultades parlamentarias afectan al PSOE pero también al resto de grupos. Las dificultades de interlocutar entre los socios, principalmente entre quienes compiten electoralmente en sus territorios, como Junts y ERC en Catalunya o PNV y EH Bildu en Euskadi, tiene bloqueadas reformas como la de seguridad ciudadana -la denominada ‘ley mordaza’- o la de secretos oficiales.

Moncloa confía en que la sentencia sea “clara y contundente” para que los tribunales españoles la apliquen lo antes posible

El rechazo del Congreso con los votos de PP, Vox y Junts a los objetivos de estabilidad, los pilares sobre los que erigir la arquitectura de los Presupuestos, limitan al máximo la posibilidad de sacar adelante las cuentas públicas. El Gobierno volverá a intentarlo en una segunda votación el próximo 23 de julio, como obliga la ley, pero el resultado se prevé similar. Pese a ello, en Moncloa avanzan que no tirarán la toalla y que darán el siguiente y último paso de presentar los Presupuestos a partir de septiembre.

Última oportunidad para los Presupuestos

“Seguiremos trabajando para sacar adelante los acuerdos que teníamos con Junts y buscaremos un acuerdo para los Presupuestos”, aseguran en Moncloa con vistas ya al próximo mes de septiembre. Además de Junts, el resto de socios de investidura coinciden en afear al Ejecutivo que su intención de presentar las cuentas públicas tiene un cariz electoralista. Para exhibir su programa y buscar la excusa con la que convocar elecciones, haciendo recaer la responsabilidad del adelanto a las formaciones que tumben el proyecto de Presupuestos. Según el calendario trazado, la votación de totalidad de las cuentas públicas se solaparía en el tiempo con la decisión del Tribunal Constitucional sobre la amnistía a Puigdemont.

Si bien en Junts aseguran que el regreso de Puigdemont a Catalunya no hará cambiar en nada su relación con el Gobierno, en el Ejecutivo se agarran a este escenario como una posible ventana de oportunidad. El president de la Generalitat, Salvador Illa, mostraba sus prisas al reclamar el pasado lunes durante un desayuno informativo en Madrid que la amnistía “se aplique con diligencia y sin dilación” a los líderes del ‘procés’ una vez se pronuncie este jueves el TJUE.

Unas palabras que al día siguiente hacía suyas la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, confiando en que la sentencia sea “clara y contundente” para que los tribunales españoles la apliquen lo antes posible. Además de Puigdemont, la decisión afectará a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, en la misma situación que el expresident y pendientes de su vuelta a España, y también repercutirá en el futuro político del líder de ERC, Oriol Junqueras, al secretario general de Junts, Jordi Turull, y a los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa, que sí fueron condenados y a quienes el Supremo aplicó parcialmente la amnistía, manteniendo la pena de inhabilitación vinculada al delito de malversación.

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