El Gobierno celebra el aval europeo a la amnistía para pasar página del 'procés': "Ha merecido la pena"

El Gobierno confiaba una sentencia "positiva" del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la amnistía y ha visto cumplidas todas sus expectativas con lo que considera una resolución "muy clara". El fallo dictamina que la ley de amnistía es una norma compatible con el derecho comunitario, en línea con las tesis defendidas hace un año por el abogado general de la UE. Ahora, el Tribunal Constitucional deberá resolver los recursos de amparo, con un dictamen previsiblemente favorable, y será el Tribunal Supremo el que deba acatar la norma en un nuevo fallo.

“La ley es plenamente compatible con el derecho europeo y los valores de la Unión”, ha celebrado el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, durante una declaración institucional desde La Moncloa. Desde una valoración más política, el titular de Justicia ha defendido el "éxito rotundo en términos de convivencia" de la medida de gracia y la "normalidad institucional plena" entre el Gobierno central y la Generalitat de Catalunya para concluir que "ha merecido la pena".

El Gobierno urge igualmente a aplicar "lo antes posible" la amnistía a los líderes que impulsaron el 'procés' al entender que la sentencia del TJUE despeja este camino. "Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes, cuando se aplique a los líderes que impulsaron el 'procés'. Esta será la última etapa del proceso de normalización", vaticinó Bolaños. Un mensaje indirecto para el Tribunal Supremo, que el ministro de Transportes, Óscar Puente, no ha escondido al referirse a "ridículo europeo" y afirmar a través de sus redes sociales que "no estaría de más que la democracia; que ya cruzó los Pirineos hace mucho tiempo, alcanzara todas las instituciones del Estado".

"Tengo la convicción de que, una vez vistos sus efectos, hoy nadie, ni sus críticos más acérrimos, podría renunciar a sus frutos"

Félix Bolaños

— Ministro de Presidencia y Justicia

Pese a la oposición frontal de la norma por parte de PP y Vox, así como de una parte de la judicatura, el ministro de Presidencia y Justicia ha querido hablar de "logro colectivo". "Tengo la convicción de que, una vez vistos sus efectos, hoy nadie, ni sus críticos más acérrimos, podría renunciar a sus frutos", argumentó. Tras ello, hizo un alegato frente a las resistencias que generó la norma para defender "todos los españoles se han beneficiado de la ley de amnistía y la normalidad, convivencia y estabilidad que ha garantizado".

El principal artífice jurídico de la polémica norma, se ha plegado a la sentencia en su totalidad para argumentar que acredita "lo que decía el Gobierno". Esto es, que "entró impecable en el Congreso y salió impecable". No hay duda, añadió, de que "es constitucional y conforme al derecho europeo". Asimismo, Bolaños hizo hincapié en el aval a la medida de gracia como "un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social", así como para "facilitar un escenario de reconciliación".

Frente al "debate visceral" que generó el pacto con Junts y la posterior aprobación de una ley de amnistía, en el Ejecutivo reivindican que arriesgaron para voltear la situación una década después del 'procés'. "Es evidente que la situación hoy no puede ser más distinta. Hay acuerdos entre diferentes, hay normalidad institucional plena. Un Gobierno de Catalunya apoyado por partidos que piensan diferente sobre el futuro de Catalunya pero que son capaces de alcanzar acuerdos para beneficiar a toda la ciudadanía", relató Bolaños. A ello añadió desde la perspectiva económica que "las empresas están regresando y están llegando inversiones históricas". Prosperidad, estabilidad y acuerdos, resumió, "entre otras cosas gracias a la ley de amnistía que ha validado el TJUE".

Aplicación "sin dilación"

Desde el Ejecutivo esperaban este aval para poder cumplir sus compromisos de investidura con los independentistas y apuntalar la "convivencia y normalización" para pasar página del 'procés'. La aplicación total de la amnistía, cuando lo dictaminen ahora los tribunales españoles, supondrá el levantamiento de las órdenes de detención para Carles Puigdemont y sus exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, además de eliminar las penas de inhabilitación al líder de ERC, Oriol Junqueras, el secretario general de Junts, Jordi Turull, y los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa, que fueron condenados por malversación, un delito que el Supremo rechazó amnistiar.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, trasmitía este martes su confianza en que la sentencia fuese “clara y contundente” en línea con una norma que en el Ejecutivo calificaban como "legal, legítima y emanada del Parlamento”. Tras ello, y como han demandado ahora desde las formaciones independentistas, abogaba por aplicar la medida de gracia "con diligencia y sin dilación”. Pese a lo esperada que era la decisión del TJUE sobre la norma sobre la que ha pivotado la legislatura, el presidente del Gobierno no ha hecho comentario alguno de la decisión final.

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