El Govern duplicó en 2025 las sanciones a comercios por incumplir la normativa lingüística del catalán

La Generalitat duplicó el año pasado las sanciones a comercios por incumplir la normativa lingüística sobre el catalán. En 2025, la Agència Catalana del Consum impuso 486 sanciones, frente a las 261 de 2023 y las 206 de 2024. La cifra supone más del doble que el año anterior y queda muy por encima de los registros de la última década, cuando, entre 2013 y 2023, las multas rondaban el medio centenar anual. Las 486 sanciones del año pasado supusieron 715.284 euros de recaudación.

Los datos los ha hecho públicos este miércoles el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, durante su comparecencia en el Parlament para hacer balance del primer año del Pacte Nacional per la Llengua. "Hemos alcanzado el máximo histórico de actuaciones de los últimos años; muchas no acaban en sanción porque no es una política recaudatoria. Queremos que se cumpla que el catalán debe estar presente en los comercios, acompañado o no por otra lengua", ha defendido el conseller.

El código de consumo en Catalunya prevé sanciones, entre otros supuestos, cuando los establecimientos no disponen en catalán de determinada información dirigida al consumidor, como la rotulación fija, las ofertas, las listas de precios, los contratos, los presupuestos, las facturas o las instrucciones necesarias para utilizar correctamente un producto o servicio.

"Los datos demuestran que a más imposición lingüística, menos uso", ha criticado el diputado de Vox, Manuel Jesús Acosta. En una línea similar se ha expresado Hugo Manchón, del PP, quien ha acusado al Govern de querer "imponer un rumbo político" con el catalán como "herramienta de control social". "Este pacto nace de un pecado original, que es la falta de pluralidad", ha añadido el popular.

Ni el PP ni Vox forman parte del Pacte Nacional per la Llengua, pero no son los únicos partidos. Junts y la CUP se desmarcaron desde el inicio por varios motivos, entre ellos, que en su hoja de ruta no se recogía una línea de actuación clara frente a la sentencia, que todavía se espera, sobre la imposición del 25% de castellano en las aulas catalanas, pendiente en el Tribunal Constitucional.

La sentencia del Supremo

Por eso, ambos partidos han pedido a Vila más contundencia y han afeado que al conseller que no se haya posicionado sobre la reciente sentencia del Tribunal Supremo que exige no excluir el castellano de los rótulos de las escuelas catalanas. "¿No merece ninguna palabra una sentencia que excluye el catalán?", ha lanzado la posconvergente Carme Renedo. Vila ha suscrito las palabras de la consellera de Eduació, Esther Niubó, quien aseguró que no tendría un "impacto inmediato" y ha confirmado que en su Departament "están trabajando para ver de qué forma" dan respuesta.

"En los procedimientos jurídicos y en las ofensivas a las que usted se refiere, es importante saber utilizar las herramientas legales de las que dispone cada parte en el momento adecuado. Cada actuación tiene su momento, y nosotros la llevamos a cabo en los lugares y por los medios oportunos", ha respondido con contundencia, tras asegurar, también por declaraciones de PP y Vox, que la sentencia no obliga a rotular en castellano, sino que dice que no se puede prohibir hacerlo en este idioma.

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