El Gobierno ve un patrón judicial en su contra y asume ya una dura condena a Begoña Gómez tras la sentencia contra David Sánchez

“En democracia no se condena a inocentes”. Moncloa ha vuelto a echar mano del ‘lawfare’ o guerra sucia judicial para contraatacar tras la condena a David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo, con nueve años de inhabilitación. Sin matices y con una reacción que no se dejó esperar, tanto desde el Gobierno como desde la cúpula del PSOE criticaron con dureza la sentencia para enmarcarla en una estrategia de acoso y derribo. Esto es, para intentar “dañar” al presidente del Gobierno “a través de su entorno familiar", según aseguró la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, desde la sala de prensa de Moncloa tras el Consejo de Ministros. La sentencia se hizo pública unos minutos antes de la hora prevista para su comparecencia.

Fuentes de Moncloa hablan de patrón y por ello vaticinan ya una dura condena contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Sobre este extremo, las mismas fuentes respondían que “pesimismo es poco” respecto al futuro judicial de Gómez. Para ello apuntan al “precedente” del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, comparando que en ambos casos se habría condenado sin pruebas. "Si condenan por nada, tenemos un problema", reflexionan.

Distintas fuentes avanzan que se recurrirá la sentencia. Este mismo martes, Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, habló con el presidente del Gobierno, así como con otros miembros de La Moncloa. La sentencia generó un fuerte malestar el Gobierno, comenzando por el propio Sánchez.

Con una estrategia a la ofensiva, en el Gobierno repiten el mensaje de que “ni nos desestabilizarán, ni nos derribarán”. El único colchón que se utiliza en este choque entre poderes es que dicen confiar en los tribunales superiores, de segunda instancia, para que revoquen esta sentencia y las que, entienden, estarían por venir como sería el caso de la de Begoña Gómez. La Audiencia Provincial de Badajoz, sin embargo, también ha condenado al exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, como autor de dos delitos de prevaricación administrativa a sendas penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve años por el caso de enchufismo.

En el Ejecutivo reconocen que el control de los tiempos y de la agenda por parte de los tribunales les bloquea la iniciativa y les impide visibilizar sus medidas

El cierre de filas ha sido total entre todos los ministros socialistas, dirigentes federales del PSOE y del grupo parlamentario, agitando la bandera de la persecución judicial. Una “barbaridad” acababan concluyendo varios de ellos. Al aterrizar en la letra pequeña de la sentencia, a la que se reaccionó prácticamente en base a titulares, se pone el foco en que “no da por probado que se ejerciera ninguna presión o influencia”.

Los socialistas hablan abiertamente así de “causa política” y elevan el tono para añadir que “en democracia no deberíamos acostumbrarnos a que se condene a inocentes solo para provocar titulares”. “Era imposible condenar por lo que se pedía y al final hay una condena injusta, sin pruebas”, arremeten fuentes del Ejecutivo.

Sánchez guarda silencio

“No tienen pruebas de los delitos de los que se le condena, no se sostiene”, argumentaban otras fuentes en línea con el que está siendo uno de los ataques más directos de poder ejecutivo contra el judicial. Pedro Sánchez, quien se enteró de la noticia cuando asistía en París al desfile militar con motivo de la Fiesta Nacional de Francia, no ha valorado públicamente la sentencia. Este miércoles tendrá un acto en la Línea de la Concepción tras la demolición de la Verja, aunque no tiene previsto abordar este asunto según avanzan desde su equipo. Queda así por determinar si hará suyos los mensajes de choque que están utilizando varios de sus ministros o de la cúpula de Ferraz.

El más directo en público ha sido el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien llegó a contestar a Alberto Núñez Feijóo a través de las redes sociales que es “un cobarde y un incapaz”. “Lo que estás haciendo lo pagarás caro en las urnas. No pienses que te va a salir gratis. Ni a ti, ni a los que, a pesar de tus evidentes carencias, quieren llevarte a la Moncloa a toda costa”, escribió después de que este celebrase “que nadie esté por encima de la ley, sea familia de quien sea”. “Habla bien de nuestro Estado de Derecho y debería reconfortar a todos los españoles”, había completado el líder de la oposición.

Sin iniciativa política

El recurso al ‘lawfare’ es una de las pocas armas que tienen los socialistas para frenar la desmovilización de su electorado ante los casos judiciales que los cercan. En el propio Ejecutivo reconocen que el control de los tiempos y la agenda por parte de los tribunales bloquea sus iniciativas y les impide visibilizar sus medidas. Este mismo martes, por ejemplo, quedó en un segundo plano la aprobación de la ley de violencia vicaria o de una transferencia récord de más de 900 millones a las comunidades autónomas para mejorar la financiación de la dependencia.

“Dar pábulo a denuncias falsas, de organizaciones ultraderechistas, es la única oposición que saben hacer. De lo contrario, se vería nuestra gestión y nuestros logros. Lo que hace este Gobierno, en lugar de estar hablando de denuncias falsas”, lamentan estas fuentes del Gobierno.

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