El Parlament propone llevar a la Fiscalía de odio los ataques islamófobos de Orriols contra la diputada Driouech

La comisión del estatuto del diputado, encargada de velar por el cumplimiento del código de conducta del Parlament, propone a los grupos parlamentarios remitir a la Fiscalía de delitos de odio los ataques islamófobos de Sílvia Orriols contra la diputada de ERC Najat Driouech, a quien acusó de hacer "ostentación de la misoginia islámica" por llevar velo. También responsabilizó al partido republicano de "blanquear la discriminación y la sumisión de las mujeres", motivo por el que estaba siendo investigada internamente.

La comisión, integrada por un diputado de cada grupo parlamentario, ha acordado este martes que este episodio se considere "falta leve", tras abrir audiencia con las partes afectadas y consensuarlo con los servicios jurídicos, antes de que este dictamen se haya sometido a votación del pleno de la comisión, de forma privada. Será ahora la Mesa la que decida si impone alguna sanción con arreglo al régimen vigente, que no establece una graduación en función de la gravedad de las conductas, pero contempla medidas que van desde la "amonestación pública" hasta multas de 12.000 euros. En este caso, todo apunta a que se optaría por la primera.

Por otro lado, en sus conclusiones se invita a los grupos parlamentarios a elevar este caso a la Fiscalía, al considerar que hay un "señalamiento sistemático" contra la diputada republicana. "Bajo el paraguas del supuesto delito de odio se está intentando coartar la libertad de expresión", ha declarado Orriols, una vez finalizada la comisión, si bien quien ha acudido a la reunión ha sido la otra diputada de Aliança Catalana, Rosa Maria Soberana.

La comisión también ha debatido otros tres expedientes abiertos contra diputados de Vox: dos contra Joan Garriga y uno contra Júlia Calvet. Los dos contra Garriga -por llamar "asesino" a Lluís Companys y acusar a los socialistas de gastarse el dinero "en drogas y putas"- se han tipificado como "leves" y en el de Calvet se ha descartado poner sanción al considerar que sus declaraciones, en las que responsabilizó directamente a la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, de la "corrupción" en la DGAIA, entran dentro de la libertad de expresión. Vox ya ha anunciado este martes en rueda de prensa que recurrirá cualquier multa que se le remita.

La reforma del reglamento

En paralelo, la mayoría de los grupos -todos salvo PP, Vox y Aliança Catalana- ha reclamado en las conclusiones de la comisión una reforma del reglamento del Parlament que permita sancionar estas conductas con mayores garantía y tipificar mejor las sanciones. La actual arquitectura jurídica no blinda suficientemente las sanciones, ya que el régimen sancionador no tiene rango de ley. PSC, Junts y ERC trabajan desde hace tiempo en una reforma del reglamento, que necesitaría mayoría absoluta para salir adelante, un umbral que los tres grupos ya alcanzan. Como ha explicado EL PERIÓDICO, los partidos tienen prácticamente ultimada la propuesta y ya la han trasladado a los Comuns y la CUP, que también presionan para que se apruebe antes de acabar este periodo de sesiones, es decir, antes del 31 de julio.

"El reglamento no está preparado para responder con contundencia a lo que ocurre dentro del hemiciclo: xenofobia, machismo y amenazas. Pedimos una reforma para combatir esta deshumanización de una parte de la población", había advertido antes de que concluyera la reunión el diputado de la CUP Daniel Cornellà. También el portavoz de los Comuns, David Cid, se ha manifestado en la misma dirección: "No estamos en tiempo de advertir, sino de decir basta. Eso implica llamadas al orden y, si no se cumplen, expulsiones. No puede ser que haya discursos de odio y no pase nada".

Nuevos casos

La comisión ha acordado abrir cuatro nuevas investigaciones internas a cuatro diputados de Vox. La primera contra Alberto Tarradas por insinuar que iba a deportar a Driouech. El parlamentario se disculpó posteriormente, pero la Mesa decidió, de forma inédita, remitir el caso de oficio a la comisión del estatuto del diputado, que este martes ha confirmado que investigará los hechos. Paralelamente, la Mesa solicitó un informe al letrado mayor de la Cámara catalana para determinar si las declaraciones podían trasladarse a los tribunales. Su conclusión, sin embargo, fue que existía "poco margen" de actuación debido a la amplia libertad de expresión de la que gozan los cargos electos, si bien dejó claro que le podría haber expulsado del hemiciclo en el momento de pronunciar las palabras.

El órgano también indagará en otros tres casos, según lo acordado en esta sesión. El segundo expediente busca determinar si Calvet incumplió el código de conducta del Parlament al negar, durante una comisión parlamentaria de políticas de juventud, que en Catalunya o en España se muera por racismo. La diputada presentó el racismo como "la reacción lógica de un pueblo" que ve cómo se degradan sus barrios y se siente "extranjero en su propia casa". El PSC elevó el caso al considerar que estas declaraciones son "extraordinariamente graves" e incluso "susceptibles de constituir un delito de odio", porque configuran un "discurso de exclusión identitaria".

Los otros dos son contra Rafael Villafranca, que hace unos meses llamó "delincuentes" a los diputados de la CUP, y contra Maria García Fuster, por llamar "vulgar asesino" a Lluís Companys en la comisión parlamentaria de la Corporació Catalana de Mitjans Audiosivuals de Catalunya. Este último caso es prácticamente idéntico al de Garriga, concluido este martes como "falta leve".

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