La experta en urbanismo Fuensanta Alcalá liderará la dirección general de vivienda del Govern

El Govern ha situado a la jurista y experta en urbanismo Fuensanta Alcalá al frente de la dirección general de Vivienda acordada con los Comuns en el marco de los presupuestos de 2026. Su nombramiento se hará efectivo el próximo 28 de julio, según ha confirmado el Executiu. Alcalá fue directora de disciplina de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona desde su creación, en 2015, durante la alcaldía de Ada Colau.

"Toda su trayectoria la avala. Es un perfil técnico y una experta en el funcionamiento de la legislación en materia de vivienda", ha afirmado el portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, en una rueda de prensa en el Parlament. También la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha defendido que Alcalá es una persona "de consenso" y "no impuesta" que cuenta con una larga trayectoria en el Parlament. "Ha sido fácil la elección", ha asegurado.

Un "punto de inflexión"

Cid ha considerado el nombramiento un "punto de inflexión" para dejar claro que el incumplimiento de las leyes de vivienda tiene consecuencias. "Catalunya dispone ahora de un instrumento y de un cuerpo de inspectores a pleno rendimiento, con la voluntad de demostrar que tiene capacidad para hacer cumplir las leyes", ha añadido, sobre la puesta en marcha de esta dirección a finales de julio. Y es que la misión de esta nueva dirección debe ser velar porque el cuerpo de inspectores que ha puesto en marcha este año la Generalitat impongan sanciones por el incumplimiento de los topes de los alquileres y las limitaciones impuestas por ley.

Alcalá, que es abogada, fue una de las expertas que remitió al Govern un informe en el que se avalaba la posibilidad de limitar la compra especulativa de vivienda como una medida "jurídicamente viable" y "coherente con el ordenamiento vigente". No obstante, reclamó un desarrollo normativo más concreto que definiera con claridad las infracciones y las sanciones, los criterios de responsabilidad, las medidas accesorias de restauración y el régimen de excepciones.

La compra especulativa se alarga

Esta es, precisamente, la norma que se está tramitando en el Parlament. La iniciativa superó la semana pasada su primer debate y se acordó tramitarla por la vía de urgencia. La ley, impulsada por los Comuns y pactada con el PSC, además de negociada con ERC y la CUP, podría aprobarse antes del verano según los calendarios establecidos. Sin embargo, Junts y el PP ya han anunciado que solicitarán un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries, lo que podría retrasar su aprobación. En este sentido, Cid ha vuelto a pedir a ambas formaciones que no pongan "palos en las ruedas" y que contribuyan a hacer de la vivienda "un derecho" y no "un activo financiero".

Pero en el Govern ya dan por hecho que la aprobación de esa ley no se producirá antes del 31 de julio, como acordaron con los Comuns a cambio del 'sí' a los presupuestos. "Si la llevan al Consell de Garanties Estatutàries, es poco probable que se apruebe antes de las vacaciones, como habíamos previsto", ha asegurado la consellera Paneque.

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