Vox llevará a los tribunales las ZBE de siete municipios del área de Barcelona

Vox mantiene su ofensiva contra las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), una de sus principales batallas en el área metropolitana, y ha anunciado que interpondrá recursos contencioso-administrativos en Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Manresa, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, Mataró y Sant Cugat contra esta medida, después de que las alegaciones que formuló para frenarlas hayan decaído.

La formación de extrema derecha ha decidido dar el salto de la vía administrativa a la judicial tras ver rechazadas sus enmiendas en estos siete ayuntamientos de la provincia de Barcelona. En una comparecencia liderada por el presidente provincial del partido y portavoz en el Parlament, Joan Garriga, y el líder municipal en el Ayuntamiento de Barcelona, Gonzalo de Oro-Pulido, Vox ha tachado de "limitaciones sectarias" el despliegue de las restricciones de tráfico, argumentando que vulneran frontalmente la "libertad de movimiento" de la ciudadanía.

"Un peaje clasista"

El núcleo de la impugnación jurídica de Vox se sitúa en el impacto económico sobre las rentas más bajas. Garriga ha reiterado que las ZBE funcionan en la práctica como un "peaje clasista" que "discrimina a los currantes" que no disponen de recursos para renovar su coche, moto o furgoneta en el actual contexto de crisis. "La contaminación que queremos combatir no se hace penalizando a quien no se puede cambiar el vehículo", ha sentenciado el portavoz en el Parlament, quien ha subrayado que "cada vez hay más catalanes que no llegan a fin de mes".

El partido denuncia formalmente la falta de "justificación técnica y socioeconómica" en el redactado de las ordenanzas locales que vertebran la medida. Según su argumentario, los vetos circulatorios no solo aíslan a los conductores con menos recursos, sino que provocan un grave perjuicio al comercio local y de proximidad de las ciudades afectadas. Asimismo, sostienen que los textos municipales incurren en un defecto de forma al vulnerar el principio de autonomía local y fundamentarse en "previsiones de infraestructuras futuras que no tienen la financiación garantizada".

Enmienda al AMB y "ecologismo de salón"

La estrategia de Vox busca paralizar el marco regulatorio a todos los niveles y apunta directamente al Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Tras votar en contra en el pleno del ente supramunicipal, el partido ha formalizado sus alegaciones contra el Plan Metropolitano de Movilidad Urbana 2025-2030 (PMMU). De Oro-Pulido ha calificado el proyecto metropolitano de "carta en blanco" y de ejercer un "ecologismo de salón" que "lamina" las competencias propias de las ciudades catalanas. Dentro de esta ofensiva institucional, la formación también ha registrado una queja por el hecho de que toda la documentación del PMMU se haya tramitado únicamente en catalán, por lo que ha exigido su disponibilidad bilingüe en castellano.

La batalla judicial de las ZBE

Este movimiento de Vox reactiva un frente judicial que los ayuntamientos catalanes conocen bien. Como ha explicado EL PERIÓDICO en los últimos años, la implantación de las restricciones de tráfico en Catalunya se ha convertido en un auténtico laberinto judicial crónico. El gran fantasma que recorre la corona metropolitana es el histórico varapalo del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que en 2022 ya tumbó la primera gran ordenanza de Barcelona tras estimar los recursos de múltiples plataformas civiles y empresariales. Lo mismo ocurrió con otros municipios, lo que obligó a los consistorios a rehacer sus textos a contrarreloj y con pies de plomo para blindarlos ante los tribunales.

No obstante, el TSJC dictó en enero de este año dos sentencias pioneras que avalan y blindan la nueva ordenanza de Barcelona de 2023. Al estar los ayuntamientos explícitamente obligados ahora por la Ley estatal de Cambio Climático y al haber aportado una batería de informes que corrigen los defectos del pasado, el alto tribunal catalán cerró filas con las tesis municipales. Un nuevo precedente favorable que no solo dio oxígeno al Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), sino que sirve de escudo legal a los municipios de la corona metropolitana -como L'Hospitalet o Cornellà- frente a la nueva ofensiva judicial de Vox.

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