Cambios en el grupo
El profesor Josep Maria Reniu será el nuevo senador de ERC
Sustituirá a la senadora Laura Castel en un relevo pactado tiempo atrás y que se concretará este mes
Estos son los ocho senadores autonómicos que tendrá Catalunya
El método para la designación de los senadores abre una nueva disputa en el Parlament: así quedaría el reparto
El Parlament decidirá el martes si sanciona a Garriga, Calvet y Orriols por discursos de odio

Josep Maria Reniu (ERC) en su primer etapa como senador. / ERC

Cambio de caras en el grupo de ERC en el Senado. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, la senadora republicana Laura Castel será relevada en los próximos días por el profesor de la Universitat de Barcelona (UB) Josep Maria Reniu. Es una plaza de senador por designación autonómica, es decir, de los que se eligen a través del Parlament y no en las elecciones generales de forma directa. A principios de la legislatura, ERC ya informó que Castel y Reniu se partirían el mandato. Transcurridos dos años, esta semana se activará el relevo.
El primer paso para certificar el cambio será el martes en la Comisión del Estatuto de los Diputados de la Cámara catalana. Allí se pondrá en marcha el procedimiento, que deberá ser ratificado en el pleno del Parlament que empieza el 21 de julio. La votación es un mero trámite. ERC puede dar por descontados los votos del PSC y los Comuns y, además, en este tipo de votaciones la mayoría de partidos suelen facilitar la designación. La Cámara catalana solo ha tumbado una propuesta al Senado: fue en 2019, cuando vetó que Miquel Iceta (PSC) fuera designado senador para luego postularse para presidir la Cámara Alta.
Josep Maria Reniu (Vic, 1969) ya fue senador entre 2021 y 2024. No pudo repetir en el cargo porque, tras los malos resultados de ERC en las elecciones catalanas de 2024, los republicanos perdieron dos de los tres senadores que podían elegir a través del Parlament. En la Cámara Alta llegó a ser portavoz adjunto del grupo. Reniu es profesor de Ciencia Política en la Universitat de Barcelona (UB) y está especializado en los gobiernos de coalición, el voto electrónico y el análisis electoral.
Aunque no es militante de ERC, lleva tiempo vinculado al partido. Entre 2016 y 2017 ya dirigió la Oficina per a la Millora de les Institucions de l'Autogovern, que dependía del Departament de Vicepresidència que entonces lideraba Oriol Junqueras. Perdió su puesto cuando el Gobierno de Mariano Rajoy intervino la Generalitat con la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Un 155 que se aprobó, precisamente, en el Senado. Antes de dirigir esta oficina, fue miembro del Consell Assessor per a la Transició Nacional, el órgano consultivo de expertos que creó el Govern de Artur Mas para estudiar cómo alcanzar la independencia.

La senadora de ERC Laura Castel en la sesión constitutiva del Senado en 2019. / Jesús Hellín / Europa Press
La llegada de Reniu a la Cámara Alta pondrá fin a la etapa de senadora de Laura Castel (Lleida, 1970). Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología (UNED) y máster en Estudios Internacionales (UB), es miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, desde donde ha contribuido a informes que denunciaron la judicialización del 'procés' o el uso del programa espía Pegasus por parte del Estado. Actualmente, forma parte de la dirección del partido.
Una comisión de alto voltaje
La Comisión del Estatuto de los Diputados del Parlament, donde se activará el relevo del senador, tendrá otro punto en el orden del día mucho más controvertido. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, abordará los cuatro expedientes abiertos por presuntas vulneraciones del código de conducta a raíz de expresiones pronunciadas en sede parlamentaria por Joan Garriga (Vox), Júlia Calvet (Vox) y Sílvia Orriols (Aliança Catalana).
En la sesión de este martes se presentarán los dictámenes sobre estos casos, que deberán ser avalados por el quórum de la comisión, formada por un diputado de cada grupo parlamentario. Estos dictámenes recogen un relato de los hechos y una propuesta de sanción o de archivo que, en última instancia, deberá avalar la Mesa. Las sanciones pueden ir desde una amonestación pública hasta una multa de 12.000 euros y, en los casos considerados muy graves, se puede proponer al pleno la suspensión temporal de la condición de diputado.
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