¿Qué quiere hacer el PP con la ley electoral?

Antes del 'procés' independentista, en Catalunya había un debate político que aparecía y desaparecía como el Guadiana y rodaba como un hámster encadenando un fracaso tras otro: la reforma de la ley electoral. Mejor dicho, en el caso catalán sería la aprobación de una ley electoral propia, porque es la única comunidad autónoma que aún se rige por la normativa estatal ante la incapacidad de los partidos para ponerse de acuerdo. Hay que reconocer que ese pacto no es sencillo porque el Estatut obliga a buscar una mayoría reforzada de dos tercios del Parlament (90 diputados de 135). En época del bipartidismo, eso suponía una alianza entre CiU y PSC, pero al primero ya le iba bien el sistema electoral actual y el segundo buscaba un modelo a su medida. Cuando el hemiciclo se fragmentó, ya ni se volvió a intentar, quizá porque al independentismo le favorecía un sistema que le dio durante años la mayoría en escaños sin tenerla en votos.

Un pacto entre los dos primeros partidos para reformar la ley electoral, pero a nivel nacional, es lo que ha planteado esta semana el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en el Afterwork de EL PERIÓDICO. Y no es la primera sugerencia que un dirigente del PP hace en las últimas semanas acerca del régimen electoral. El propio líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, agita esa coctelera a un año para las elecciones generales. La última propuesta consiste en lo que los populares llaman un "plus de diputados", que consistiría en bonificar a la fuerza más votada con unos cuantos escaños más para facilitarle la investidura y la gobernabilidad al reducir su dependencia de otros partidos.

El argumento del PP es que, así, se reforzaría la estabilidad del Gobierno al no tener que buscar tantos apoyos para sacar adelante sus iniciativas. Es cierto que países como Italia o Grecia disponen de esta prima, pero ello no les evitado un largo historial de crisis políticas que han hecho caer gobiernos y encadenar elecciones cada poco tiempo. La propuesta tiene un obstáculo jurídico y otro político. El escollo jurídico lo encontramos en el artículo 68 de la Constitución, que obliga a la ley electoral a fijar criterios de proporcionalidad en la elección del Congreso para garantizar una correcta representación de los territorios menos poblados. Para algunos expertos, esto hace inviable el planteamiento del PP porque ese plus de escaños convertiría las mayorías relativas en mayorías absolutas, lo que, en la práctica, supondría convertir un sistema proporcional en uno mayoritario.

Otros juristas, en cambio, sostienen que el mandato constitucional es muy genérico y dejaría margen, por ejemplo, para introducir una prima de gobernabilidad moderada en la ley electoral sin diluir la proporcionalidad. En Grecia, la bonificación es de 50 escaños para el ganador de las elecciones. De aplicarse en España, Feijóo habría logrado en 2023 una mayoría absoluta superior a la de Mariano Rajoy en 2011 pese a haber obtenido casi 12 puntos menos en votos. Y ahí es donde estriba el gran punto débil de la propuesta: el oportunismo electoralista. El PP quiere reformar la misma ley electoral que otras veces le ha beneficiado justo cuando ha tenido el efecto contrario y le ha impedido gobernar pese a vencer en las urnas. El mismo súbito interés que le entró al PSC de Pasqual Maragall cuando ganó en votos, pero no en escaños, a Jordi Pujol en 1999.

Las reglas de juego son las mismas desde hace cuatro décadas, es el tablero el que ha cambiado por completo. El descontento con el PP y el PSOE alumbró alternativas a derecha e izquierda que fulminaron el bipartidismo y encarecen el precio de la gobernabilidad porque, en realidad, pugnan por el mismo caladero de votos. Pero el anzuelo de Feijóo y Azcón con la ley electoral encierra el objetivo a largo plazo de retratar a los socialistas. Si las encuestas mantienen la tendencia y aciertan, PP y Vox tendrán una clara mayoría absoluta en las próximas elecciones. En ese escenario, lo más probable es que los populares busquen al PSOE para que demuestre que quiere frenar a la ultraderecha y le facilite la investidura y la gobernabilidad. Si la respuesta en un portazo, Feijóo y Vox tendrán vía libre para gobernar y reformar la ley electoral a su antojo.

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