Vergés niega que ordenara paralizar la vacunación a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil

La exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha negado este viernes haber dado la orden de paralizar la vacunación de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil durante la campaña contra el covid del primer trimestre de 2021. Así lo ha afirmado durante su declaración como acusada en el juicio en el que la Fiscalía sostiene que existió una presunta discriminación hacia los miembros de ambos cuerpos destinados en Catalunya.

Vergés, que ha respondido a todas las partes excepto a la acusación ejercida por sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil -Jucil y Jupol-, que también se han personado en la causa como acusación popular, ha asegurado que "nunca" ordenó detener su inmunización. "Nuestra intención era vacunarlos a todos. A ellos y a todos los colectivos esenciales. Se quiso vacunar a todo el mundo lo más rápido posible", ha declarado.

En el juicio, que se celebra en la Audiencia de Barcelona contra la cúpula de Salut durante la pandemia, el Ministerio Público solicita 12 años de inhabilitación para Vergés; el entonces secretario de Salut Pública, Josep Maria Argimon; el exsecretario general del Departament, Marc Ramentol, y el exdirector del Servei Català de la Salut, Adrià Comella.

La exconsellera ha defendido que el Govern siguió en todo momento la estrategia acordada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En un primer momento, la campaña se centró en las personas de mayor edad, por ser las más vulnerables, y a partir del 8 de febrero de 2021 se incorporaron los colectivos esenciales, entre ellos las fuerzas y cuerpos de seguridad, coincidiendo con la llegada de la vacuna de AstraZeneca.

Diferencia de censos

Según Vergés, la vacunación avanzó inicialmente con mayor rapidez entre los Mossos d'Esquadra, las policías locales y los Bomberos porque estos cuerpos entregaron antes sus censos. La Policía Nacional y la Guardia Civil solicitaron el 4 de marzo que las dosis se administraran en sus propias dependencias, una petición que, según ha afirmado, la Generalitat atendió "con la máxima celeridad".

El proceso quedó interrumpido el 15 de marzo, cuando el Ministerio de Sanidad suspendió temporalmente el uso de AstraZeneca por la aparición de posibles efectos adversos. La vacunación se retomó el 24 de marzo, después de que el Consejo Interterritorial acordara priorizar a la población de entre 55 y 65 años, al considerar la edad un factor determinante en las hospitalizaciones, los ingresos en las UCI y la mortalidad.

Vergés ha explicado que en aquel momento Catalunya disponía de unas 100.000 dosis de AstraZeneca para cerca de medio millón de personas de entre 60 y 65 años. Ante la escasez, se optó por aplicar el criterio de edad, tratando de compatibilizarlo con la continuación de la vacunación de los colectivos esenciales.

Las citas de los profesionales menores de 60 años -entre ellos policías, bomberos, docentes y mossos- quedaron suspendidas. La situación se -prolongó después de que, el 7 de abril, se restringiera el uso de AstraZeneca entre las personas de menos de esa edad. Vergés ha sostenido que algunos agentes no pudieron ser inmunizados hasta junio o julio por la falta de dosis y los cambios en los criterios sanitarios, y no por una decisión de excluirlos, algo que los dos mandos que coordinaron la vacunación de policías nacionales y guardias civiles destinados en Catalunya también sostuvieron en sus declaraciones de la semana pasada al negar que Salut hubiera puesto trabas al proceso.

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