El Parlament decidirá el martes si sanciona a Garriga, Calvet y Orriols por discursos de odio

El Parlament mueve ficha para resolver, tras nueve meses en el tintero, los cuatro expedientes abiertos por presuntas vulneraciones del código de conducta a raíz de expresiones pronunciadas en sede parlamentaria por Joan Garriga (Vox), Júlia Calvet (Vox) y Sílvia Orriols (Aliança Catalana). Según ha podido saber EL PERIÓDICO, el presidente de la comisión del estatuto del diputado, Antoni Castellà (Junts), ha convocado para el próximo martes una sesión en la que se presentarán los dictámenes de estos casos, que deberán ser avalados por el quórum de la comisión, formada por un diputado de cada grupo parlamentario.

Los dictámenes, elaborados a partir de las audiencias con los afectados de cada episodio y trabajados con Castellà; el portavoz adjunto de ERC, Jordi Albert, como secretario de la comisión; y los servicios jurídicos de la Cámara catalana, recogen un relato de los hechos y una propuesta de sanción -o de archivo- que, en última instancia, deberá avalar la Mesa. Las sanciones pueden ir desde una amonestación pública hasta una multa de 12.000 euros y, en los casos considerados muy graves, se puede proponer al pleno la suspensión temporal de la condición de diputado.

En paralelo, PSC, Junts y ERC trabajan en una reforma del reglamento del Parlament para incorporar el código de conducta que prevé estas sanciones y dotarlo de plena seguridad jurídica, además de actualizarlo. Fuentes de los partidos que pilotan las negociaciones explican a EL PERIÓDICO que la intención es registrar la propuesta antes del 31 de julio.

Los cuatro episodios

En cualquier caso, esta reforma no afectaría a la resolución de los casos que hay encima de la mesa. El primer expediente lo impulsó ERC en abril de 2025 contra Sílvia Orriols por el uso, según los republicanos, de expresiones "reiteradas" y "vejatorias" contra la diputada Najat Driouech. En el escrito remitido a la Mesa, Esquerra recogía varias intervenciones en las que la líder de Aliança Catalana acusó a Driouech de hacer "ostentación de la misoginia islámica" por llevar velo y al partido republicano de "blanquear la discriminación y la sumisión de las mujeres". La comisión deberá determinar si esas afirmaciones se enmarcan en la libertad de expresión parlamentaria o si vulneran los límites fijados por el código de conducta.

Un mes después, en mayo de 2025, el PSC pidió investigar al portavoz de Vox, Joan Garriga, después de que afirmara en un pleno que los socialistas gastaban dinero en "drogas y putas". La frase se produjo durante el debate de una moción de Vox sobre los empadronamientos en varios ayuntamientos catalanes, después de que la diputada socialista Elena Díaz reprochara al partido de extrema derecha que presentara iniciativas que fomentaban "la intolerancia, la xenofobia y el odio". Garriga respondió con una intervención en la que aludió de forma velada al caso Koldo, lo que llevó al presidente del Parlament, Josep Rull, a llamarle la atención y advertirle de que aquella "no era la manera" de expresarse en la Cámara.

El tercer expediente afecta a la diputada de Vox Júlia Calvet, también a instancias del PSC, por responsabilizar directamente a la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, de la "corrupción" en la DGAIA. La intervención se produjo en julio de 2025, durante una comisión parlamentaria, cuando Calvet acusó a la consellera de "liderar uno de los casos de corrupción más grandes de la historia de este Parlament". En este caso, el dictamen deberá valorar si las palabras de la diputada quedan amparadas por la crítica política o si traspasan los límites del código de conducta.

El cuarto expediente se abrió contra Garriga por sus ataques al expresident Lluís Companys. ERC, Comuns y CUP promovieron la investigación después de que Vox colgara carteles con la frase "Companys assassí" durante la ofrenda floral organizada por el Parlament al president fusilado por el franquismo el pasado octubre. Posteriormente, en la junta de portavoces, Garriga reiteró sus acusaciones contra Companys y volvió a llamarlo "asesino", una expresión que ha repetido en varias ocasiones desde entonces. Este fue el caso que motivó que la comisión se reuniera y acordara empezar a investigar el conjunto de expedientes pendientes.

Un proceso dilatado

Aunque los dictámenes de estos casos están terminados desde hace meses, según ha podido saber EL PERIÓDICO, la tramitación final se ha ido alargando. La intención inicial era resolverlos en mayo, pero una ausencia temporal de Castellà por motivos médicos retrasó la convocatoria de la comisión, que solo puede activar él -o, en su defecto, el presidente del Parlament, que no lo hizo-. En todo caso, este órgano, encargado de velar por el cumplimiento del código de conducta, arrastra desde hace tiempo dificultades para reunirse con regularidad. El primer episodio se remonta a abril de 2025, pero la investigación no se abrió hasta octubre de ese año, cuando ya había cuatro casos acumulados.

En aquel momento, la comisión se convocó por la presión de varios grupos, principalmente PSC, ERC, Comuns y CUP, que atribuyeron a Junts una voluntad de dilatar el proceso por discrepancias sobre cómo debía abordarse el discurso de odio en el Parlament. En un primer momento, la presidenta de la comisión era Judith Toronjo, pero posteriormente fue sustituida por Castellà, un relevo que Junts utilizó para justificar parte del retraso. En estos últimos meses, el proceso se ha ido paralizando al tiempo que PSC, Junts y ERC ultimaban una reforma del reglamento.

Nuevos casos pendientes

Más allá de los cuatro expedientes, la comisión tiene en cola otros dos casos sobre los que debe decidir si abre investigación. Uno es el reciente episodio protagonizado por Alberto Tarradas (Vox), que insinuó la posibilidad de deportar a Driouech y posteriormente se disculpó. Pese a ello, la Mesa decidió, de forma inédita -lo suelen pedir los grupos parlamentarios-, elevar el asunto a la comisión.

El otro caso afecta al también diputado de Vox Rafael Villafranca, que hace unos meses llamó "delincuentes" a los diputados de la CUP. Los anticapitalistas, además, registraron una petición por comentarios machistas de diputados del PP y Vox contra Laure Vega, aunque esta iniciativa todavía no ha sido derivada formalmente al órgano.

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