Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Catalangate

Amnistía Internacional acusa a la Fiscalía de "obstaculizar" las investigaciones sobre el espionaje con Pegasus

La organización por los derechos humanos exige un papel "proactivo" de los fiscales para llegar al fondo del asunto

Una investigación identifica a tres responsables del espionaje con Pegasus y los lleva ante la justicia

Un informe preliminar del Parlamento Europeo apunta que el Gobierno fue el primer cliente de Pegasus en la UE

Denuncian el "bloqueo sistemático" de la justicia a investigar a fondo el espionaje con Pegasus

Ilustración del software espía Pegasus.

Ilustración del software espía Pegasus. / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Quim Bertomeu

Quim Bertomeu

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Entre 2017 y 2022, al menos 65 políticos, abogados, periodistas y otras personas relacionadas con el independentismo catalán fueron espiadas con Pegasus, un poderoso programa informático desarrollado en Israel por la empresa NSO Group. Todo este tiempo después, no hay una sola condena por lo ocurrido. Ni siquiera un procedimiento judicial mínimamente avanzado que permita pensar que algún día se arrojará algo de luz sobre esta cuestión. Este miércoles Amnistía Internacional ha presentado un informe que señala a uno de los responsables de esta parálisis judicial: la Fiscalía General del Estado.

Amnistía Internacional ha analizado 10 causas abiertas en Catalunya sobre este espionaje, todas ellas diseminadas en varios juzgados de instrucción. Su conclusión es que en todos los procedimientos el papel del fiscal, lejos de querer llegar al fondo del asunto, se ha caracterizado por la "inacción, la obstrucción y la revictimización" de los afectados. "Ha tenido un papel triste. Las víctimas siguen esperando saber quién y para qué se espió toda su intimidad", ha denunciado la responsable de la investigación, Virginia Álvarez.

Roda de premsa d'Amnistia Internacional a la seu del Col·legi de Periodistes

Rueda de prensa de Amnistía Internacional sobre el caso Pegasus. / Bernat Vilaró / ACN

El informe se ha presentado en el Col·legi de Periodistes de Catalunya, en Barcelona. La abogada Blanca Domínguez ha listado más de una decena de actuaciones que, a su juicio, ponen en entredicho el papel que han jugado hasta ahora los fiscales. Por ejemplo, ha asegurado que en la mayoría de casos han puesto obstáculos a que se admitieran a trámite las querellas de los afectados, pese a que existían "indicios sólidos". Ha denunciado que, en ocasiones, incluso se ha puesto en duda que los juzgados españoles sean competentes para abordar las causas. También ha criticado que, en su día, se pusieran objeciones a que la Generalitat de Catalunya, el Parlament y el Ayuntamiento de Barcelona se personaran en las causas.

Hay una cosa que ha molestado especialmente a Amnistía Internacional, y es que la Fiscalía más de una vez se haya opuesto a la acumulación de todos los procedimientos en un solo. La mayoría de las víctimas de espionaje en Catalunya quieren que haya una sola causa para que se puedan concentrar esfuerzos y que haya más garantías de éxito. El fiscal se opone. Domínguez también ha lamentado que, cuando en los procedimientos se menciona a NSO Group o al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el fiscal acaba asumiendo un "rol de defensor".

Se trata del mayor escándalo de espionaje a nivel internacional

Txell Bonet

— Periodista espiada

Una de las víctimas de este espionaje es la periodista Txell Bonet. También su pareja, el expresidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart. Ella ha explicado la indefensión que sienten todas las víctimas porque, tanto tiempo después, no haya habido avances en la justicia. "Pedimos datos y transparencia, y el Estado español pone oscuridad y secretos oficiales. Se trata del mayor escándalo de espionaje a nivel internacional. Igual en Bielorrusia ha habido más [casos de espionaje], pero no se ha podido acreditar como aquí", ha concluido.

Peticiones a la Fiscalía

Amnistía Internacional ha lanzado varias peticiones a la Fiscalía para que cambie su conducta. La primera, que admita que los episodios de espionaje no son "casos aislados", sino que forman parte de una "operación de espionaje masivo" que debe ser abordada como tal. Por lo tanto, le exige que promueva una investigación que "averigüe el concreto funcionamiento de Pegasus y las vulneraciones de derechos humanos" que puede llegar a cometer.

La periodista Txell Bonet, durant la roda de premsa d'Amnistia Internacional

La periodista Txell Bonet en la presentación del informe de Amnistía Internacional. / Bernat Vilaró / ACN

Además, le exige un papel "proactivo" en todas las diligencias, sobre todo en las que tengan que ver con el CNI y la empresa NSO Group. También que colabore con las víctimas, que "tienen que ser liberadas de la carga de la prueba". Amnistía también ha puesto deberes a otras autoridades, como por ejemplo al Congreso, al que ha exigido una reforma de la Ley de Secretos Oficiales para que sea más fácil acceder a "información reservada" que pueda ser clave para arrojar luz sobre este asunto.

Otras quejas: los juzgados

El caso de espionaje que afecta al independentismo catalán, conocido como Catalangate y destapado en 2022 por la revista 'The New Yorker', ha sido acreditado por varias fuentes. La primera fue Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, y después fue avalado por el Parlamento Europeo. La exdirectora del CNI Paz Esteban admitió en su día que los servicios de inteligencia estuvieron detrás de los pinchazos a 18 espiados. De hecho, el caso va más allá del independentismo catalán. También fueron espiados el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, varios ministros y exdirigentes de Podemos. Ningún procedimiento judicial ha llegado por ahora a ninguna parte.

Amnistía no ha sido la única organización que ha denunciado que la justicia no está actuando como debería. En marzo pasado, el centro para la defensa de los derechos humanos Irídia denunció que la mayoría de las investigaciones judiciales que se abrieron en su día están paralizadas en los tribunales. El problema, aseguraron, es que la justicia en España no está tramitando como debería las órdenes europeas de investigación, conocidas como euroórdenes. En ese caso, puso en el foco el papel de los juzgados.

Suscríbete para seguir leyendo