Catalunya constata que la ultraderecha violenta es una "amenaza" contra la seguridad pública y la convivencia

La mayoría del Parlament ha rechazado que se vincule a las personas migrantes con la delincuencia y ha condenado las "estrategias políticas que instrumentalizan hechos delictivos atribuidos a personas concretas migrantes y/o racializadas para criminalizar al conjunto de estos colectivos y fomentar el odio". El pronunciamiento forma parte de una moción de los Comuns, debatida este jueves en la Cámara catalana, que ha salido adelante con el apoyo de PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP. PP, Vox y Aliança Catalana han votado en contra.

El texto aprobado considera, además, que la ultraderecha violenta constituye una "amenaza" para la seguridad pública y la convivencia en Europa y en Catalunya, una parte de la moción en la que, sin embargo, Aliança Catalana se ha abstenido, mientras PP y Vox han mantenido su rechazo. La moción condena los ataques racistas ocurridos en Belfast durante el mes de junio y alerta de una estrategia basada en fomentar el odio "de forma sistemática", así como en incitar, justificar o ejercer violencia contra personas migrantes, musulmanas, racializadas o LGTBIQ+.

Durante el debate, el diputado de los Comuns, Andrés García, ha defendido la necesidad de una respuesta política "más contundente" ante lo que ha descrito como un fenómeno global de extrema derecha que actúa con "creciente impunidad". García ha reclamado un rechazo "claro y firme" del uso de la violencia por parte de estos grupos y ha pedido al Parlament que deje de contribuir a la deshumanización de las personas migrantes. En una línea similar, el socialista Christian Soriano ha advertido de que los discursos de Vox y Aliança Catalana alimentan un clima de enfado y rabia que puede acabar teniendo traducción en la calle. "Las democracias no caen de golpe", ha señalado, sino que se deterioran a través de "pequeñas acciones".

Junts carga contra PP y PSOE

Desde Junts, Francesc Dalmases ha pedido al resto de grupos una reflexión y ha defendido que, a juicio de su formación, no hay que poner el foco únicamente en la extrema derecha, sino también en el "unionismo y españolismo" que, "venga de donde venga", considera una amenaza para Catalunya y sus instituciones. "No salgamos de los principios democráticos esenciales. Los malos oficiales, como Trump, Putin o Netanyahu, no han cerrado ningún parlamento; aquí lo hicieron PP y PSC sin despeinarse. Antes que ellos lo cerró Franco", ha espetado Dalmases, en referencia a la aplicación del artículo 155. El diputado de Junts también ha aprovechado su intervención para denunciar que, a consecuencia de eso, en la Cámara catalana "todavía hay dos heridas que sangran", en alusión a los escaños vacíos de Carles Puigdemont y Lluís Puig, pendientes de la aplicación de la amnistía.

Por parte de ERC, Ana Balsera ha sostenido que el principal problema de seguridad en Catalunya no son los robos, sino el auge de grupos nazis que, a su juicio, actúan cada vez con más libertad. La diputada republicana ha acusado a Vox y Aliança Catalana de propagar discursos de odio que terminan impactando en la sociedad. También el diputado de la CUP, Xavier Pellicer, ha situado a la extrema derecha como el principal riesgo actual y ha reclamado al Govern que utilice las herramientas de que dispone para hacerle frente.

Según la resolución, estas prácticas de criminalización colectiva son contrarias a los derechos fundamentales propios de una democracia y tienen efectos directos sobre la cohesión social y la convivencia. La moción cita como ejemplos recientes las situaciones vividas en Torre Pacheco y Belfast, donde organizaciones de ultraderecha violenta habrían alentado pogromos o ataques racistas concretos.

En el lado contrario, el PPC ha rechazado el planteamiento de la moción. Cristian Escribano ha asegurado que en Catalunya el único extremismo violento procede, a su juicio, de la "extrema izquierda" y de su entorno, y ha acusado a los partidos que apoyan la iniciativa de amparar dentro de las instituciones a quienes delinquen. Desde Vox, Sergio Macián ha defendido que la respuesta a la inseguridad pasa por cerrar fronteras y expulsar a las personas extranjeras que hayan venido a delinquir, al tiempo que ha señalado a la izquierda como el verdadero peligro violento para la democracia. También Sílvia Orriols, de Aliança Catalana, ha rechazado que la amenaza proceda de una ultraderecha violenta que ha calificado de "amigo imaginario" y ha situado el foco en lo que ha denominado "islamoizquierdismo", si bien su formación se ha abstenido en la condena de los ataques.

Reforzar la respuesta institucional

Además, el Parlament insta al Govern a actualizar la estrategia de los Mossos d'Esquadra, y en concreto de la comisaría general de información, para mejorar la "prevención, detección y desarticulación" de estructuras de ultraderecha violenta y de sus acciones. La moción también pide reforzar la estrategia de la Oficina d'Igualtat de Tracte y No Discriminació para hacerla más efectiva ante estas dinámicas. Por último, el texto reclama que, en un plazo de seis meses y de forma coordinada entre los departamentos afectados, el Govern apruebe una estrategia para garantizar el cumplimiento del régimen sancionador previsto en la normativa vigente en materia de memoria democrática.

La votación se ha producido pocas horas después de hacerse pública la encuesta del Centre d’Estudis d'Opinió (CEO), que apunta a un fuerte crecimiento de las dos formaciones de extrema derecha con representación en el Parlament. Vox y Aliança Catalana, que actualmente suman 13 escaños -11 de Vox y 2 de Aliança-, podrían superar conjuntamente los 35 diputados en unas próximas elecciones catalanas. Según lo que dibuja el sondeo, la formación de Ignacio Garriga obtendría entre 12 y 13 escaños, mientras que la de Sílvia Orriols se situaría entre 23 y 25. El PP, que también ha votado en contra de la moción, lograría un resultado similar al de Vox.

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