Catalunya avanza en la limitación de la compra especulativa de vivienda

El Parlament ha aprobado este miércoles la tramitación por la vía rápida de la ley contra la compra especulativa de vivienda impulsada por los Comuns. Se trata del primer paso necesario para la futura aprobación de una norma que pretende acotar la adquisición de vivienda al uso de esa propiedad para destinarla a residencia habitual -propia o de un familiar de primer o segundo grado- o para alquilarla según los límites de precio establecidos.

De todas formas, la ley no podrá entrar en vigor antes de las vacaciones de verano, como estaba previsto, porque Junts y el PP -por separado- solicitarán un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries, una decisión que obliga a alterar el calendario de su aprobación a la espera de que el órgano dictamine sobre su constitucionalidad. "El lobby rentista, el que representa Sánchez Llibre, puede intentar retrasarlo, pero será una realidad más pronto que tarde", ha advertido la diputada de los Comuns, Susana Segovia.

El PSC también ha dado por hecho que la norma saldrá adelante y ha asegurado, en boca de la socialista Eva Candela, que una legislación así "no puede esperar" porque "la dimensión del problema necesita una solución inmediata", pese a que Junts y el PP quieran dilatar su aprobación. "La inacción de los gobiernos tiene consecuencias", ha dicho, a modo de autocrítica, Candela. Con la tramitación por lectura única, se ha acordado que el 20 de julio termine el plazo para presentar enmiendas y que el día 22 de este mes sea la fecha límite para impugnarla ante el Consell de Garanties Estatutàries.

Sobre la mesa no hay solo un problema de calendario, sino también de fondo, como ya explicó EL PERIÓDICO, por lo que se espera que haya varias enmiendas que gestionar. En el debate parlamentario, ERC ha evidenciado que todavía no existe consenso sobre la fórmula para regular esta especulación y ha pedido a los Comuns "responsabilidad" para asumir "las dudas jurídicas" que existen actualmente y que deberán resolver conjuntamente. "Queremos aprobarla con responsabilidad, exigencia jurídica y garantías de que será efectiva, aplicable y sólida", ha advertido la diputada de ERC Mar Besses.

Queremos aprobarla con responsabilidad, exigencia jurídica y garantías de que será efectiva, aplicable y sólida

Mar Besses

— Diputada de ERC

Los republicanos insisten en blindar el método mediante reformas en el Código Civil, ya que dudan de que el "vehículo más robusto" para hacerlo sea la legislación urbanística, como plantea el texto actual. También han pedido a socialistas y Comuns que muevan ficha en Madrid para lograr modificaciones fiscales que acoten la posibilidad de especular. "Pedimos coherencia: hacen muchos anuncios, pero no impulsan las reformas fiscales para desincentivar la compra especulativa, que es donde están las herramientas más eficaces", ha espetado Besses.

Por su parte, la CUP ha apoyado la tramitación de la ley, pero ha avisado a los Comuns de que su redacción aún no es "suficiente". Los anticapitalistas presentaron su propia norma, pero su texto todavía no tiene fecha para ser debatido en el pleno. No obstante, a pesar de la discrepancia, la diputada Laure Vega ha usado su turno de intervención para cargar duramente contra la bancada derecha del hemiciclo: "Quien vulnera la propiedad son vuestros amiguitos. Parece que les haya votado Idealista", les ha ensartado.

La propiedad y el "comunismo"

Junts ha justificado su impugnación ante el Consell de Garanties Estatutàries porque considera que "vulnera el derecho a la propiedad" y que "traslada una responsabilidad a los ayuntamientos" que puede acabar generando un "agravio territorial". "Podría aplicarse en Barcelona, y no en Badalona o en Sant Cugat", ha alertado la diputada Judith Toronjo durante el debate. La posconvergente también ha acusado al Govern de comprar las "recetas de los Comuns que llevan a un fracaso sin paliativos" y ha propuesto aumentar la "oferta" como solución a la crisis de la vivienda. "Faltan grúas y planificación", ha zanjado.

Un argumento prácticamente idéntico al que ha sostenido el PP en su intervención. La diputada Ángels Esteller también ha expresado su desacuerdo con "alterar elementos sustanciales" de los contratos a través de un plan urbanístico y ha advertido de que, más allá de vulnerar el derecho a la propiedad privada, también "va contra la libertad de empresa". Así, ha tildado, al igual que la diputada de Vox, Mónica Lora, y la de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, que esta norma es fruto del "comunismo". "Quieren colar el comunismo por la puerta de atrás", ha deslizado Esteller. Lora, en la misma línea, ha apuntado: "Dejen las políticas intervencionistas y dejen de fabricar escasez". Y Orriols ha rematado: "Vulneran la propiedad privada. El comunismo hace pedazos todo lo que toca".

Pero, más allá del fondo, posconvergentes, populares, Vox y Aliança Catalana se han quejado también de las formas, al haberse acordado la tramitación de la ley por lectura única. Se trata de un procedimiento que acorta los plazos para presentar enmiendas y que no permite a los grupos proponer comparecencias en comisión. "Se quiere aprobar por lectura única sin escuchar al mundo local, a los expertos, ni al propio Parlament", ha advertido Toronjo.

Se quiere aprobar por lectura única sin escuchar mundo local, a los expertos, ni a este propio Parlament

Judith Toronjo

— Diputada de Junts

Los dictámenes del Consell de Garanties Estatutàries no son vinculantes, pero, una vez un grupo lo ha solicitado, no se puede aprobar la norma hasta que se haya emitido la resolución. Fuentes parlamentarias calculan que este órgano estatutario no resolverá hasta principios de septiembre, por lo que la norma no llegaría al hemiciclo hasta el primer pleno ordinario de otoño, programado para la primera semana de octubre.

La letra pequeña

En cualquier caso, el texto legislativo modifica la Ley de Urbanismo con una filosofía: que solo se pueda comprar un inmueble si es para destinarlo a residencia habitual -propia o de un familiar de primer o segundo grado- o para alquilarlo bajo los límites de precio establecidos. Una vez se apruebe la norma, serán los ayuntamientos de las zonas tensionadas, actualmente 271 municipios que concentran el 90% de la población catalana, los encargados de decidir quién puede comprar vivienda y con qué finalidad a través de sus planes urbanísticos.

La ley contempla una excepción para las segundas residencias al permitir que las personas físicas -sean grandes o pequeños tenedores- puedan hacerse con una vivienda en un municipio distinto del de su residencia habitual, la que consta en el padrón. En estos casos, se computará como una "extensión" de la primera vivienda y no podrá destinarse a uso turístico ni de temporada. También se amplía el régimen sancionador de la ley para que se consideren infracciones muy graves el incumplimiento de las limitaciones y los negocios jurídicos simulados para esquivarlas. Los incumplimientos pueden llegar a suponer multas severas de hasta 1,5 millones de euros.

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