Junts y PP retrasan la aprobación de la ley contra la compra especulativa de vivienda con un recurso ante el Consell de Garanties Estatutàries

La ley contra la compra especulativa de vivienda no podrá recibir la luz verde antes de las vacaciones de verano, ya que Junts y el PP -por separado- han anunciado ya que solicitarán un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries sobre esta norma impulsada por los Comuns. El pleno del Parlament votará igualmente esta semana su tramitación por la vía de urgencia, pero el texto legislativo no podrá aprobarse de forma definitiva en el último pleno del periodo de sesiones, que se celebrará la semana del 22 de julio, porque la decisión de los posconvergentes y los populares obliga a alterar el calendario previsto.

Los dictámenes de este órgano estatutario no son vinculantes, pero, una vez un grupo lo ha solicitado, no se puede aprobar la norma hasta que se haya emitido la resolución. Fuentes parlamentarias calculan que el Consell no resolverá hasta principios de septiembre, por lo que la norma no llegaría al hemiciclo hasta el primer pleno ordinario de otoño, programado para la primera semana de octubre.

La propuesta de los Comuns -la CUP ha presentado otro texto similar que aún no se votará- consiste en cambiar la Ley de Urbanismo para dar a los ayuntamientos de los municipios declarados zonas de mercado residencial tensionado la capacidad de restringir quién puede comprar vivienda y con qué finalidad. Una medida que, según el portavoz de Junts, Salvador Vergés, "afecta a un derecho fundamental, como el de la propiedad" y también a las competencias de los ayuntamientos. "Se traslada la responsabilidad a los ayuntamientos, podemos encontrarnos con que lugares como Barcelona prohíben la compra de vivienda, mientras que Badalona, no", ha alertado Vergés.

Además, el parlamentario ha afeado al Govern y a sus socios las formas: "El tripartito ha querido tramitarlo en lectura única, y con ello, quiere descartar cualquier tipo de debate, sin que comparezcan ni tan siquiera los colegios profesionales. Lo hace con 'agosticidad' para que los catalanes, cuando vuelvan de vacaciones, se encuentren con la ley hecha". En la misma rueda de prensa, Vergés también ha dado por hecho que la ley impulsada por los Comuns no cumple con "la normativa europea de libertad de empresa" y ha acusado al Govern de generar "inseguridad jurídica, el intervencionismo y las restricciones": "Siguen improvisando con la vivienda, encadenando decretos, reformas y parches".

La respuesta del Govern y los Comuns

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha mostrado su máximo "respeto" por la decisión de recurrir la norma ante este órgano, pero ha lamentado que tanto Junts como el PP no sitúen la vivienda como una "prioridad absoluta" de su acción y de sus políticas. "Sería bueno que centraran sus esfuerzos en convertir esto [la vivienda] en una misión de país y no en poner palos en las ruedas; nos gustaría que, por ejemplo, nos hicieran llegar propuestas", ha declarado en una rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu. Informa Gisela Boada.

Menos diplomática ha sido la portavoz del grupo parlamentario del PSC, Elena Díaz, que ha acusado a los posconvergentes y a los populares de poner "palos en las ruedas", y especialmente duro ha sido David Cid, de los Comuns, que ha acusado a Junts de ser "el partido de la patronal inmobiliaria". "A Junts no le preocupa si la gente quiere o no pagar el alquiler, o si se puede comprar o no un piso. A Junts le preocupa que la gente pueda seguir acumulando más pisos para hacer negocio", ha rematado.

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