Las asignaturas pendientes que pondrán a prueba la alianza del Govern con sus socios tras los presupuestos

Con los presupuestos ya aprobados, el president Salvador Illa se dispone a afrontar una segunda parte de la legislatura en la que los proyectos con sello propio cobren protagonismo tras dos años con ERC y los Comuns marcándole la pauta. Los socios, sin embargo, ya le han advertido de que no eche las campanas al vuelo ni dé por sentado que llegará a 2028 sin sobresaltos, porque el Govern puede tener cuerda, pero sigue en minoría.

La relación a tres se pondrá a prueba a partir de septiembre en función del ritmo de cumplimiento de los compromisos pactados, como la nueva financiación, las inversiones en infraestructuras y las medidas sobre vivienda, pero también porque se avecina un nuevo ciclo electoral. Tanto las elecciones municipales como unas generales condicionadas por las causas judiciales que acechan al Gobierno de Pedro Sánchez serán una prueba de estrés para la suma con la que, hasta ahora, el PSC ha logrado gobernar la Generalitat.

La nueva financiación autonómica se decide en el Congreso, pero impactará en la gobernabilidad de Catalunya en función de su desenlace. Si la nueva ley llega a buen puerto y acaba aprobándose, las relaciones entre Illa y ERC saldrán fortalecidas, mientras que, si la operación fracasa, se resentirán. El gran problema que tienen socialistas y republicanos es que necesitan el voto de Junts en la Cámara Baja, y ahora mismo está lejos de estar garantizado.

La financiación tiene una derivada importante en clave catalana. Si se acaba materializando, la Generalitat dispondrá de 4.700 millones extraordinarios, lo que se convertirá en un aliciente para que el Govern encuentre socios para los próximos presupuestos catalanes, ya que habrá más dinero para invertir y más inversiones que reivindicar. Si no se consigue, con toda probabilidad, las cuentas que el jueves aprobó el Parlament serán las primeras y las últimas de la legislatura.

La presidenta del grupo de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, fue clara cuando, justo antes de pulsar el botón del 'sí' a los presupuestos, verbalizó que su gran prioridad es "marcar la agenda" del Govern en materia de vivienda. No se trata, han advertido, solo de construir más, sino también de intervenir el mercado y, muy especialmente, de sancionar a quienes incumplan la ley para saltarse los topes de precios. Los Comuns han recordado que antes del 31 de julio debería estar aprobada la norma para limitar la compra especulativa, aunque aún no está cerrada la fórmula para hacerlo, y han acusado a la Generalitat de ser benévola con los infractores porque las multas "ejemplares" están tardando en llegar. Habrá que ver si la dirección general de disciplina de vivienda que está pendiente de crearse pondrá remedio a este desencuentro.

Otra de las carpetas candentes de la segunda parte del mandato será Rodalies. Los problemas recurrentes en la red ferroviaria siempre tensan las relaciones entre el Govern y sus socios. ERC y los Comuns exigen mejores resultados al ejecutivo catalán a la hora de evitar nuevos episodios de caos y presionarán a Illa para que siga avanzando en el traspaso integral de la competencia a la Generalitat. Ya se ha creado la empresa mixta que se encargará del servicio, Rodalies de Catalunya, pero sigue pendiente el grueso del traspaso: los trenes y las líneas.

Además, ERC y los Comuns reclamarán al Govern que dé los primeros pasos para la construcción de la línea orbital de tren, uno de los compromisos que Illa asumió a cambio de los presupuestos de este año. Es un proyecto a largo plazo -su culminación está proyectada para 2040-, pero los socios exigirán que concrete los primeros compromisos. Finalmente, los republicanos también exigirán que se constituya la sociedad mercantil que tiene que velar por que se cumplan las inversiones del Estado en Catalunya. Es otro acuerdo firmado por Illa y ERC cuyo cumplimiento depende del Gobierno de Pedro Sánchez.

La ampliación del Aeropuerto de Barcelona ha sido un motivo recurrente de fricción entre el Govern y sus socios, que se sitúan en posiciones opuestas. El president Illa siempre ha sido partidario del proyecto de ampliación, que presentó en sociedad en junio de 2025, mientras que ERC y los Comuns se oponen por motivos ambientales. En los próximos meses, este tema volverá a coger fuerza. Por un lado, Aena está a punto de adjudicar la redacción del plan que debe ordenar y definir técnicamente la ampliación. Por otro, los socios ya calientan motores para presentar batalla. La semana pasada los Comuns convocaron en Bruselas dos jornadas de debate centradas en denunciar las "graves afectaciones ambientales, territoriales y climáticas" de esta iniciativa. La gran esperanza de los opositores a la ampliación es que la Unión Europea frene el proyecto por motivos ambientales. El desenlace es incierto, pero nadie duda de que el tema volverá a generar ruido.

La gran incógnita del mes de septiembre es si el curso escolar arrancará con normalidad después de las 25 jornadas de huelga de los maestros en el último año. Se trata de un conflicto irresuelto que ha quedado aparcado con el final de las clases en junio, pero que amenaza con estallar de nuevo porque los sindicatos educativos mayoritarios mantienen las espadas en alto. Consideran insuficientes -y tumbaron en una consulta- las mejoras salariales y los recursos adicionales comprometidos por el Govern para mejorar la gestión en las aulas y reclaman ir más allá de los 2.700 millones prometidos para los próximos años. ERC y los Comuns han emplazado al Govern a no dar por cerrada la negociación, aunque no han presentado enmiendas a los presupuestos que recojan las demandas de los docentes. Si los maestros vuelven a la calle, se reabrirá el debate sobre cómo resolver el pulso.

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