Los Comuns piden a Sánchez que no use los Presupuestos como "cortina de humo"

Los Comuns han avisado este lunes al PSOE de que el debate presupuestario no puede implicar una renuncia a avanzar en medidas urgentes en el ámbito social, con el acento puesto en la vivienda, que consideran que debe ser prioritaria en este momento. Una de ellas, ha explicado el diputado en el Congreso Gerardo Pisarello, es que el Consejo de Ministros vuelva a aprobar un decreto de vivienda para prorrogar los alquileres. "Que el PSOE no maree con los Presupuestos cuando hay cosas concretas que se pueden hacer ya; la prioridad aquí y ahora es prorrogar los alquileres para que las familias se puedan quedar", ha declarado en una rueda de prensa en la sede de la formación.

Pisarello ha pedido a su socio del Ejecutivo que no convierta la vivienda en una "estrategia publicitaria para sobrevivir" en la negociación de las cuentas del Estado que Pedro Sánchez se ha propuesto presentar para el último año de legislatura, en un contexto que el diputado de los Comuns ha definido como "crítico", porque está "expuesto a una pérdida de reputación" a cuenta de los casos de corrupción que han surgido en su entorno. En este contexto, PSOE y Sumar ya están negociando un nuevo decreto con medidas urgentes en vivienda que prevé recoger la prórroga que piden los socios de coalición, pero también contrapartidas para Junts, que fue quien, junto a PP y Vox, tumbó el primer decreto en ese sentido el pasado 28 de abril. "El debate presupuestario no puede ser una cortina de humo para no adoptar medidas concretas y urgentes", ha apuntado.

La idea es que el decreto de vivienda, que se trabaja con todos los socios, pueda aprobarse antes de verano, pero todavía no hay concreciones ni acuerdo. Por eso, Pisarello se ha dirigido tanto a Sánchez como a sus socios parlamentarios para pedirles una "reflexión" que permita avanzar en medidas sociales como vía para frenar a la coalición de PP y Vox, un día después de que Juanma Moreno (PP) haya sido reelegido presidente de la Junta de Andalucía con un pacto con los de Santiago Abascal. "Las fuerzas democráticas que dimos apoyo a la investidura de Sánchez debemos blindar un proyecto plurinacional, con medidas sociales, que quizás después sean derogadas por un gobierno de PP y Vox, pero nuestra obligación es ponérselo difícil", ha argumentado Pisarello.

La ley de la compra especulativa

En Catalunya, los Comuns también mantienen la crisis habitacional como una de sus prioridades políticas. Por este motivo, han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de que la ley para limitar la compra especulativa de vivienda, que fue el eje del acuerdo presupuestario entre el Govern y los Comuns, se apruebe en el Parlament antes del 31 de julio. Este miércoles, la Cámara catalana aprobará, con los votos de PSC, ERC y Comuns -y previsiblemente también de la CUP-, que esta norma se tramite por la vía rápida, lo que abre la posibilidad de que se apruebe antes de verano si las partes encuentran una fórmula que satisfaga a todos.

"Nuestra prioridad es que sea eficaz y que la gente note que no se desvirtúa cuando se apruebe, pero también que sea sólida desde un punto de vista jurídico", ha dicho en ese sentido Pisarello, consciente de que hay un segundo factor que puede frenar su aprobación antes de verano y que es ajeno al Govern y a ERC: una posible impugnación ante el Consell de Garanties Estatutàries (CGE). Además de socialistas y republicanos, solo Junts y PP pueden recurrir al organismo, y ambos tienen dudas sobre la seguridad jurídica de la norma, si bien no han avanzado sus intenciones y, en cualquier caso, un posible dictamen no sería vinculante.

El debate de los peajes

También en clave catalana, el diputado de los Comuns ha asegurado que no comparte el modelo de pago de peajes que "hay sobre la mesa" y que cree que "llena los bolsillos de las empresas que históricamente se han beneficiado de ello", pero ha defendido un sistema parecido al que explicó la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una entrevista a EL PERIÓDICO, vinculado al pago por "el uso, las emisiones o el tonelaje". "Queremos una propuesta que dependa de los usos, del tiempo durante el que se haga uso del transporte y que esté basada en un modelo justo y sostenible", ha replicado Pisarello.

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