"Operación PSOE": los objetivos y medios de la "organización criminal" de Leire Díez según la Fiscalía Anticorrupción

En el verano de 2025 un juez de instrucción ordinaria de Madrid comenzó a investigar las denuncias presentadas por dos fiscales que habían sido contactados por una supuesta periodista que en realidad resultó ser la hoy exmilitante socialista Leire Díez. Ella decía acudir en nombre del PSOE para recoger información sobre jueces, fiscales y miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Aseguraba que venían actuando de forma irregular en causas judiciales, muchas de ellas abiertas contra el gobierno de Sánchez o su entorno familiar.

Un año después, este asunto ha derivado en una causa de gran complejidad que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y que salpica a altos cargos socialistas.

Además de los miembros del grupo supuestamente dedicado a boicotear causas judiciales bajo mando del que fuera número 3 del PSOE, Santos Cerdán, ha sido imputada la gerente del PSOE, Ana Fuentes, la directora de la Guardia Civil, Mercedes González y el director adjunto operativo (DAO) de este cuerpo policial, el teniente general Manuel Llamas.

Se indaga además sobre la incursión de la "fontanera" en la Fiscalía General, y la causa tiene una derivada de supuesto tráfico de influencias que se dirige contra la actual presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, e implica a otros 24 cargos públicos y empresarios.

Un comienzo y un objetivo: "Operación PSOE"

Quizá por esta complejidad las fiscales Anticorrupción Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen apuntan contundentemente la existencia de una organización criminal en torno a las actividades de Leire Díez.

Para las fiscales, hay un momento fundacional. Lo sitúan en 2021-2022, en las actuaciones promovidas de forma aislada entre Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, "atendiendo a intereses particulares" de este, con varias causas abiertas en la Audiencia Nacional.

La supuesta fontanera lo llamó "Operación PSOE", y así lo apunta en su agenda, intervenida por la Guardia Civil: "Operación PSOE, Javier lo entrega en la A.N. [Audiencia Nacional] en marzo de 2022".

En todo caso, la trama comenzó a contar con el "respaldo y el impulso" de Cerdán, "así como con financiación con cargo a fondos del PSOE", según las fiscales, tras la imputación en abril de 2024 de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, "y la posterior remisión por este de la conocida como 'carta a la ciudadanía'".

Para las fiscales el objetivo no es otro que el de "atacar la probidad de la actuación de la UCO y la necesaria tranquilidad de sus efectivos para poder mantener el curso de sus investigaciones".

Y ven un método: las actividades se habrían desarrollado "de forma coordinada y estructurada" y además "buscando la implicación de organismos públicos --la Fiscalía General la Dirección General de la Guardia Civil, la Subdirección de Nacionalidades del Ministerio de Justicia...-- para "establecer una estructura paralela de protección frente a la actuación de investigaciones judiciales”.

Pagos a través de abogados y Crónica Libre

Siguiendo con el relato de Anticorrupción, que el juez Pedraz hizo suyo cuando ordenó a la UCO recoger documentación en la sede del PSOE el 27 de mayo, se investigan supuestos pagos a la trama que podrían haber sido validados por la actual gerente del partido, Ana Fuentes, también imputada.

Por el momento, Anticorrupción considera acreditado que en junio de 2024 Díez comenzó a percibir fondos provenientes de una empresa del histórico dirigente del PSOE andaluz Gaspar Zarrías, la firma Zaño Sociedad Consultora, "llegando a percibir cuatro pagos de 4.000 euros". Se usó la excusa de una presunta investigación como periodista sobre la implicación del excomisario José Manuel Villarejo en la trama de los ERE.

Tras estos abonos se articuló un segundo procedimiento utilizando la intermediación de dos sociedades del abogado Ismael Oliver, primer letrado de Koldo García, para que desde el PSOE se abonaran 27.225 euros. El despacho de Oliver transfirió la misma cantidad "a Leire Díez, pero en este caso desde una segunda sociedad, Oliver Gruppe SL".

Para otro de los abogados de la trama, Jacobo Teijelo, se han acreditado pagos de hasta 125.000 euros.

Otra vía de financiación se descubrió a raíz de la aportación por una testigo, fundadora del digital Crónica Libre, en el que tenía participaciones Leire Diez, de un documento que prueba la facturación a la empresa Iki Group Comunications de la inserción en este medio de publicidad de una campaña del PSOE para las Europeas de 2024 por 18.125 euros.

Incursión en Fiscalía General

El juez y Anticorrupción indagan también en las dos reuniones que mantuvieron en su día Leire Díez y el abogado Teijelo con quien era la mano derecha de Álvaro García Ortiz en la Fiscalía General del Estado. De esta comparecencia puede depender una futura citación --como testigo en principio-- del propio exfiscal general. Los citados el próximo 14 de julio son Diego Villafañe y una miembro de su equipo, Beatriz López Pesquera, que se reunieron con el abogado Teijelo y la "fontanera".

En la primera reunión, el 6 de marzo de 2025, el abogado y Leire informaron, según contó el Ministerio Público al juez del caso, sin dar más detalles, de la existencia de una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal. Unos días después Villafañe se volvió a reunir con Teijelo y el abogado "informó de su voluntad de interponer varias denuncias en Fiscalía relacionadas con aquellos hechos".

Desde el Ministerio Público se ha reconocido que García Ortiz fue informado de los encuentros, pero que no se hizo nada.

Tensión y presión en la Guardia Civil

Después, el 16 de julio está llamada a declarar como investigada la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Asumiendo el relato de la Fiscalía, Pedraz quiere saber si la trama de Leire Díez consiguió una ósmosis tóxica en el instituto armado a través de la directora y del DAO Manuel Llamas, que también ha sido imputado.

Tres reuniones y tres "IR" centran esta parte del caso. Las primeras son los encuentros presenciales que, según la UCO, mantuvo la directora González con su compañera de partido Leire Díez. Las segundas son las Informaciones Reservadas, averiguaciones internas previas al expediente disciplinario, a las que fueron sometidos mandos de la UCO.

La directora González ha variado su versión sobre los encuentros, desde negarlos hasta sostener que fueron solo para "tomar café". A pesar de esto, el ministro Marlaska ha reiterado su apoyo a González incluso tras la imputación, y cuando todas las asociaciones de la Guardia Civil piden la dimisión de la directora y el cese del DAO.

Las reuniones tuvieron continuidad en conversaciones de whatsapp que fueron borradas del teléfono de González. De las tres, la tercera es clave: en ella le pidió Leire que se repusiera en su puesto al comandante Rubén Villalba, procesado por su implicación en el caso Hidrocarburos y supuesto colaborador de Díez. Villalba sigue suspendido.

Rubén Villalba ha delarado que Leire "tenía muy buena relación personal con la directora general de la Guardia Civil". La directora ha declarado en el Senado que ninguna de esas citas supuso una participación suya en ninguna trama para dañar la investigación de la UCO.

Mientras González y Leire se veían, a mandos de la UCO se les abrieron tres IR entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025, supuestamente para averiguar filtraciones a ciertos medios de comunicación. Anticorrupción cree que en la reiteración de esas investigaciones internas está "la utilización sistemática y continuada del aparato disciplinario como mecanismo de hostigamiento dirigido específicamente contra quienes desarrollan investigaciones especialmente sensibles". O sea, que la UCO pudo ser objeto de presiones.

La implicación en la SEPI

Las posibles irregularidades de Santos Cerdán y Leire Díez en relación con la Sepi constituyen una pieza separada del resto, pero contribuyen al todo que instruye el juez Pedraz contra el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Ha sido imputada presidenta de esta sociedad, Belén Gualda, y a otros 24 cargos públicos y empresarios como presuntos autores de delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación administrativa relacionados con la actuación de 'Hirurok' (nosotros 3 en euskera).

Este chat intervenido en los dispositivos de la fontanera da nombre a un grupo de WhatsApp en el que participaba Díez, el expresidente de esta sociedad pública Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, socio del 'exnúmero 3' del Partido Socialista Santos Cerdán. Se imputan irregularidades en relación con actuaciones relacionadas con la empresa pública Mercasa; la compañía pública Enusa; el rescate financiero concedido por la SEPI a Tubos Reunidos; una adjudicación vinculada a la sociedad pública Parque Empresarial Principado de Asturias, participada por Sepides y diversas operaciones relacionadas con el Grupo Forestalia.

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