La vía para que Catalunya recaude el IRPF: tres leyes en el Congreso, dos en el Parlament y un convenio con Hacienda

El 30 de julio se cumplirá el segundo aniversario del pacto que firmaron el PSC y ERC para investir a Salvador Illa como president. Uno de los grandes ejes de aquel acuerdo fue que Catalunya daría un salto de calidad en la gestión de sus impuestos, empezando por el IRPF, el principal tributo que se paga en la comunidad. Dos años después, la hacienda catalana ya se ha empezado a dimensionar para cumplir con lo pactado, pero siguen pendientes todas las reformas legales que hay que aprobar en el Congreso para hacer realidad la cesión de este tributo. No se ha concretado ninguna.

Para que Catalunya pueda recaudar el IRPF hay que cambiar tres leyes en la Cámara Baja: la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA); la ley que regula la financiación de las comunidades de régimen común y, finalmente, la ley que contempla la cesión de tributos a Catalunya. Aunque pueda parecer una operación compleja, ERC presentó la reforma completa en septiembre de 2025, unos cambios que consensuó con el Govern de Salvador Illa. Sin embargo, esta nunca se ha llegado a tramitar.

La cuestión clave aquí es que hasta ahora el Gobierno de Pedro Sánchez no ha visto con buenos ojos la cesión del IRPF. Y como los votos del PSOE son imprescindibles para aprobar los cambios legales -también lo son los de otros partidos como Junts-, ERC ha preferido no 'quemar' la iniciativa y la ha frenado más de una vez esperando a que haya el clima propicio en el Congreso para que salga adelante. La propuesta de reforma de Esquerra incluye un detalle pensado para que tenga mayor aceptación en el conjunto del Estado y menor vulnerabilidad jurídica: abre la puerta a que todas las autonomías que lo deseen puedan recaudar este tributo, y no solo Catalunya.

Fuentes de ERC consultadas por EL PERIÓDICO admiten que esta iniciativa "está donde estaba", es decir, pendiente, pero aseguran que sigue existiendo "el compromiso político" de los socialistas para sacarla adelante. En este sentido, el partido de Oriol Junqueras confía en que habrá una nueva "oportunidad" tras el verano. Se espera que en otoño el Gobierno de Sánchez lleve la nueva financiación autonómica al Congreso y los republicanos quieren introducir enmiendas para concretar así la reforma de estas tres leyes clave que hagan posible la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat. Fuentes del Govern apuntan también que esta podría ser la vía que desencalle el asunto.

Riesgos y oportunidades

Estos cambios legales son importantes porque, sin ellos, habrá un momento en el que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) -la Hacienda catalana- no podrá seguir creciendo en personal porque, si la Generalitat no tiene cedido el IRPF, será imposible justificar su crecimiento. La ATC superará los 1.000 trabajadores en los próximos meses, su número más alto desde que empezó a trabajar en 2008, pero difícilmente podrá dar otro salto de calidad en plantilla, inmuebles y recursos materiales si no puede argumentar un incremento de sus atribuciones.

Para concretar los cambios legales, ahora mismo hay en el horizonte tanto riesgos como oportunidades. El principal riesgo es el calendario. La legislatura termina dentro de un año y, además, la amenaza de unas elecciones anticipadas es permanente por los casos de presunta corrupción que acechan al PSOE. Si se llama a las urnas antes de tiempo, la reforma tributaria fracasará y quedará a expensas de que en la siguiente legislatura no lleguen a la Moncloa el PP y Vox. La principal oportunidad es el cambio de liderazgo en el Ministerio de Hacienda. La anterior ministra, María Jesús Montero, se opuso con rotundidad a la cesión del tributo, pero el nuevo responsable, Arcadi España, ha dado muestras de tener una posición más favorable.

El Parlament y Hacienda

Los cambios legales en el Congreso no son los únicos necesarios para concretar la cesión del IRPF a la Generalitat. Un informe sobre el asunto encargado en verano de 2025 a la empresa Minsait -filial tecnológica de Indra-, advertía de que serían necesarias dos modificaciones legales más, en este caso en el Parlament. La primera, un cambio en la ley del Codi Tributari de Catalunya para "recoger las funciones específicas" que tendrá la ATC. La segunda, un decreto legislativo para modificar el apartado de este código que regula las especificidades del IRPF.

Estas normas no deberían tener dificultades para prosperar con la mayoría que forman actualmente el PSC, los Comuns y ERC e incluso podrían aspirar a tener el apoyo de Junts y la CUP. El problema, de nuevo, sería el calendario. La legislatura catalana ya ha llegado a su ecuador y cambios legales de este tipo podrían llevar un año. Además, no tendría sentido empezar los cambios en el Parlament sin tener cerrados antes los del Congreso.

Ese mismo informe de Minsait recogía un último escalón para culminar todo el proceso: la necesidad de impulsar un convenio de colaboración entre la hacienda catalana y la estatal donde queden reflejadas las "responsabilidades" que tendrá "cada unas de las administraciones" cuando se concrete la cesión del impuesto. Un protocolo, en definitiva, sobre cómo cambiarían los roles de cada una y hasta qué punto y de qué manera deberían seguir colaborando.

Con todos estos elementos encima de la mesa, la principal conclusión es que la vía legal para que Catalunya recaude el IRPF está trazada con detalle. Lo que falta es una mayoría política en el Congreso que la sustente y una legislatura en el Congreso que no acabe de forma abrupta.

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