La hacienda catalana llegará a los 1.000 trabajadores con Illa, pero necesita el doble para gestionar el IRPF

La Agència Tributària de Catalunya (ATC) llegará a los 1.000 trabajadores en los próximos meses. Es la cifra más alta desde que empezó a funcionar en 2008, cuando fue creada por el nuevo Estatut. Este crecimiento responde al pacto de investidura que firmaron el PSC y ERC, por el que acordaron que sea la Generalitat quien en el futuro "gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Catalunya". Sin embargo, el camino hacia la "plena soberanía fiscal" sigue siendo largo. El primer objetivo que se ha fijado la Generalitat es asumir la gestión del IRPF antes de 2030 y, para ello, hay estimaciones que consideran que la hacienda catalana tendría que, como mínimo, duplicar su plantilla.

A través de una petición de transparencia a la Generalitat, EL PERIÓDICO ha tenido acceso a la evolución de las cifras de personal de la ATC en los últimos dos años. Cuando el president Salvador Illa accedió a la presidencia, en agosto de 2024, la agencia tenía 852 trabajadores. A 30 de marzo de este año, ya disponía de 873 empleados y ahora mismo, según datos del Govern, ha alcanzado una plantilla de 903.

En los próximos meses llegará a los 1.000 a través de varios procesos de selección que se han abierto para sumar nuevo personal. Ya se han cerrado dos procesos para incorporar a 20 personas al cuerpo superior de técnicos tributarios y a otras 20 al cuerpo técnico de gestores tributarios. También se incorporarán 25 personas al cuerpo superior de inspectores tributarios encargados de la lucha contra el fraude fiscal.

Finalmente, la Generalitat prevé abrir tres nuevos procesos para incorporar a más técnicos (10); nuevos gestores (40) e informáticos tributarios (12). La previsión es llegar a una dotación de 1.103 plazas. Y todo ello sin contar con que la ATC contrata temporalmente personal para la campaña de la renta. En la última -la de este ejercicio, que se cerró el 30 de junio- fueron 132 contrataciones entre gestores (13) y administrativos (119).

Formalmente, en los recién aprobados presupuestos de la Generalitat hay reservados recursos para estas 1.103 plazas dependientes de la Agència Tributària de Catalunya, más de la mitad, concretamente unas 655, en las oficinas centrales de Barcelona, y una partida presupuestaria de 121,8 millones de euros, según el proyecto de cuentas.

Fuentes del Govern consultadas por EL PERIÓDICO defienden que es una cifra que "se ajusta a las competencias y a las funciones actuales de la ATC y que proporciona una base sólida para seguir creciendo". También desde ERC hacen una valoración positiva. "Se está trabajando bien y con los ritmos que tocan", sostienen fuentes republicanas. Las dos partes recuerdan que en mayo se presentó la hoja de ruta de la hacienda catalana para los próximos tres años, un contrato programa que garantiza una inversión de 527 millones entre este año y 2029.

Este dinero también tiene que servir para disponer de nuevos espacios. Según los datos de transparencia, la hacienda catalana dispone actualmente de 40 oficinas: 22 en la provincia de Barcelona -13 propias y 9 temporales-; 6 en Girona -5 propias y 1 temporal-; 6 en Lleida -5 y 1- y 6 en Tarragona -5 y 1-. La consellera de Economia i Finances, Alícia Romero, recuerda a menudo el salto que supone gestionar un "impuesto masivo" como el IRPF, ya que supondrá que la ATC pase de gestionar 5.000 a 30.000 millones de euros.

Expectativas de crecimiento

La pregunta es si esta plantilla y esta estructura son suficientes para dar el salto hacia nuevos impuestos como el IRPF. La Generalitat no ofrece datos alegando que, para dar una respuesta, primero se tienen que aprobar "los cambios legislativos necesarios" para que Catalunya asuma las competencias en este impuesto. Son unos cambios que tienen que pasar por el Congreso y que están pendientes. Cuando se produzcan -si es que llegan a hacerlo, porque no está claro-, en el contrato programa "se concretará el incremento de la plantilla necesaria".

Sin embargo, hay estimaciones que apuntan que, para dar un salto de calidad en la gestión de impuestos -del IRPF y del resto-, la ATC aún debe crecer mucho más. En julio del año pasado, la Generalitat encargó un informe a la empresa Minsait -filial tecnológica de Indra- para diseñar un 'Plan de implantación del IRPF'. Ese documento, un trabajo minucioso de 59 páginas consultado por EL PERIÓDICO, consideró entonces que, para asumir el IRPF, la ATC necesitaría incorporar de forma gradual -se fijaba un plazo de tres años- 874 nuevos trabajadores "estructurales", además de otros 1.058 para trabajar específicamente durante la campaña de la renta. En definitiva, más del doble de los que tiene actualmente. También se recogía la necesidad de reforzar la campaña de la renta con 82 nuevas oficinas temporales.

Captar a funcionarios del Estado

La misión no será fácil. "Catalunya sufre desde hace años una falta de cobertura de las plazas de los cuerpos tributarios", reconocía la propia Conselleria de Economia en las bases del programa de becas que sacó el año pasado para incentivar la formación e iniciación de jóvenes para el cuerpo. Formar nuevos técnicos es una vía para reforzar la plantilla de la ATC; otra alternativa de futuro es captar una parte de los funcionarios del Estado que ahora trabajan en las dependencias de Agencia Tributaria estatal (AEAT) en Catalunya -se estima que son unos 3.800-. Este órgano es el que actualmente gestiona el IRPF y el resto de tributos no cedidos.

Es una opción que planteó ERC en la negociación de la investidura y que pasaría por replicar lo que ya se hizo, por ejemplo, con el despliegue de los Mossos d'Esquadra, cuando se incorporaron a la policía catalana agentes de otros cuerpos. La transfusión de personal no siempre es fácil y no siempre se salda favorablemente para la Generalitat. En el caso de la Inspección de Trabajo, que en Catalunya la gestiona en parte la Generalitat y en parte el Ministerio de Trabajo, es habitual que agentes se postulen a las plazas 'catalanas' únicamente como puente transitorio para otra plaza de carácter estatal, con el problema de cobertura de plazas que ello conlleva.

La posibilidad de captar funcionarios estatales también está contemplada en el informe que el Govern solicitó a Minsait. Esta empresa aseguró que era un escenario posible, aunque advirtió de que es un "proceso complejo" que podría tardar "entre seis meses y dos años hasta su integración definitiva en la plantilla". Sin embargo, la Generalitat no ha dado por ahora ningún paso en esta dirección. Esta es siempre una cuestión que tensiona las relaciones entre administraciones y también con los sindicatos. El Govern alega que ahora mismo está "centrado" en sus propios procesos selectivos.

Suscríbete para seguir leyendo