La ‘prioridad nacional’ de PP y Vox en las CCAA amenaza la recepción de fondos como los 500 millones del plan de integración

PP y Vox han replicado en Andalucía la “prioridad nacional” pactada previamente en los acuerdos de investidura en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Aunque en el Ejecutivo central anticipan que se trata más de un discurso que de una política real al considerarlo “inconstitucional”, su materialización podría amenazar fondos finalistas como los 500 millones anunciados esta semana para desplegar este mismo 2026 en el marco del Plan de Integración y Ciudadanía.

Una parte considerable de estos recursos son para políticas de competencia autonómica y deberán distribuirse y establecer los criterios correspondientes en una conferencia sectorial, previsiblemente antes de verano, según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La conferencia sectorial de Infancia celebrada este miércoles para discutir sobre reparto de crédito de 35 millones de euros para el sostenimiento de los sistemas de acogida ya fue plantada por los directores generales de Vox en Extremadura, Castilla y León y Aragón.

Los fondos del plan de integración buscan hacer frente a los “desafíos” derivados del proceso de regularización de migrantes. Por ejemplo, se repartirán 200 millones para servicios públicos que garanticen la igualdad de oportunidades, combatiendo la segregación escolar o “actuando contra la discriminación en el acceso a la vivienda y garantizando el acceso efectivo al Sistema Nacional de Salud en todo el territorio”. Para facilitar la incorporación de migrantes a sectores de alta demanda está prevista una inversión de 35 millones de euros. En la línea contraria a los fundamentos que desde la formación de ultraderecha otorgan a la denominada “prioridad nacional”.

Desde el partido de Santiago Abascal fijaron como eje fundamental la incorporación de la prioridad nacional al acuerdo de gobierno con Juanma Montero "a la hora de articular las políticas públicas, el desarrollo de todas las leyes y toda la normativa que tiene que ver con la asistencia social o el acceso a la vivienda pública". En otras comunidades se ha recogido este principio para "el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas”, con el objetivo de que “procure la asignación de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en el territorio".

La intención del Gobierno es crear un organismo específico encargado para la interlocución con las comunidades autónomas y dar seguimiento a este plan. Una comisión interministerial que estará presidida por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, e integrada por los departamentos ministeriales y organismos de la Administración General del Estado.

En el Ejecutivo reivindican la competencia del Estado blindada por la Constitución en materia de acogida y asilo, aun reconociendo la necesidad de coordinarse con las competencias propias autonómicas

Las comunidades cuentan con competencias clave para integración en materia de servicios sociales, sanidad, educación, vivienda, empleo o protección de menores. Con todo, en el Ejecutivo reivindican la competencia del Estado blindada por la Constitución en materia de acogida y asilo, aun reconociendo la necesidad de coordinarse con las competencias propias autonómicas, vaticinan que la “prioridad nacional” sería ruido y artificios.

“Recurrir con toda la fuerza”

Tras sellarse los primeros acuerdos entre PP y Vox con estos criterios para diferenciar el acceso a los servicios públicos en función del arraigo, el Gobierno ya anticipó que daría la batalla legal para revertirlos. “El papel lo aguanta todo, pero les digo, como hemos hecho en otros momentos, que el Gobierno lo va a recurrir con toda la fuerza. Que los españoles tengan la total y absoluta garantía de que el Gobierno preservará sus derechos", aseguró el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto al acuerdo político para la investidura de María Guardiola en Extremadura. En la misma línea, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, avanzó que "el Gobierno va a estar muy vigilante del pacto ultra y llevará al Tribunal Constitucional todo lo que sea discriminatorio o suponga recortes de derechos".

Desde el ministerio de Vivienda que dirige Isabel Rodríguez también se aseguró entonces que el Ejecutivo velaría para que las políticas de vivienda que se desarrollen "respeten la igualdad", el "rigor y la transparencia en los procesos de adjudicación", y que se "blindará la protección de esas viviendas para que nunca se pueda especular con ellas".

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