El Parlament pide explicaciones al Gobierno por el contrato con Palantir y limitar el uso policial de la inteligencia artificial en Catalunya

El Parlament pide al Govern que limite y supervise el uso público de la inteligencia artificial en Catalunya para evitar que el despliegue de esta tecnología pueda erosionar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La Cámara catalana ha aprobado este jueves una moción presentada por los Comuns que, como adelantó EL PERIÓDICO, incluye la "supervisión democrática" y la "revisión independiente" de los sistemas algorítmicos de rastreo, vigilancia predictiva, biometría o análisis masivo de datos y comportamientos utilizados por los Mossos d'Esquadra.

La moción, respaldada con los votos favorables del PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP y con apoyo limitado del PP, propone una batería de medidas que buscan reforzar la soberanía digital de Catalunya y la transparencia sobre los algoritmos a los que recurre la administración pública para "defender que la innovación tecnológica esté al servicio de la democracia, de los derechos humanos, de la igualdad, de la paz y del bien común".

Entre las iniciativas propuestas por el grupo parlamentario de En Comú Podem destacan la elaboración de un inventario que registre todos los contratos públicos con empresas de IA, la realización de una auditoría que detalle los usos que la administración ha hecho de esta y otras tecnologías, así como la publicación de un informe que identifique "las principales dependencias estratégicas, los riesgos para la soberanía tecnológica, las vulnerabilidades detectadas y las medidas necesarias para reforzar las capacidades públicas, la soberanía de los datos y la resiliencia tecnológica de las instituciones catalanes", reza el texto revisado por este diario.

Rechazo a Palantir

Con un apoyo transversal, el Parlament también insta al Gobierno de España a "avanzar en la transparencia y la rendición de cuentas" de los contratos con Palantir. Más concretamente, del acuerdo de 16,5 millones de euros que la polémica compañía estadounidense obtuvo en 2023 para licenciar su plataforma de análisis de datos al Ministerio de Defensa. Su titular, Margarita Robles, se ha negado a dar detalles sobre ese contrato con la empresa, implicada en la guerra de Israel en Gaza y en las redadas antiinmigración de Donald Trump en Estados Unidos.

PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP también han dado el visto bueno a otro punto de la moción que hace una posible alusión velada a Israel. Y es que establece la exclusión y la prohibición de adjudicar contratos públicos a empresas sancionadas y condenadas por "vulneraciones graves de los derechos humanos, participación en crímenes de guerra, apoyo a sistemas de vigilancia masiva ilegítima, represión de la población civil, control migratorio contrario a los derechos fundamentales, tecnologías vinculadas a crímenes de guerra, apartheid, ocupación ilegal o genocidio, o desarrollo de armas autónomas letales sin control humano significativo".

Más soberanía tecnológica

Otros puntos notables de la moción piden al Govern priorizar el desarrollo de tecnologías propias, impulsar el software libre, garantizar la disponibilidad del catalán como lengua de interacción en las aplicaciones de IA generativa, impulsar programas de alfabetización digital crítica en las escuelas públicas catalanas o reforzar la cooperación con otros países de la Unión Europea en materia de soberanía.

Muchas de las medidas anunciadas por el diputado Andrés Garcia Berrio tienen como misión contribuir a reducir la dependencia tecnológica que Catalunya, como gran parte de los 27, tienen principalmente de grandes compañías de EEUU, pero también de China. Cada vez más países europeos apuestan por minimizar o cortar sus lazos con proveedores de servicios de ofimática, IA o computación en la nube del otro lado del Atlántico, una tendencia que responde principalmente a la preocupación de que Trump pueda instrumentalizar esa relación comercial como herramienta de poder con la que imponer sus intereses.

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