Gobierno y Supremo agudizan sus tensiones por la regularización de migrantes tras chocar por la amnistía y la condena al fiscal general

En el Gobierno miden sus reacciones, tanto en público como en privado, ante la posibilidad de que el Tribunal Supremo decida frenar el proceso de regularización de migrantes elevando una consulta al Tribunal Superior de Justicia de Unión Europea (TJUE). Se evita visibilizar un nuevo choque con el Alto Tribunal, pero se desliza cierto resentimiento por una judicialización su política migratoria que, resaltan, no es nueva. Fuentes del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recuerdan el caso de los menores migrantes solicitantes de asilo en Madrid tras un recurso del Ejecutivo regional. Ahora son los recursos de Aragón y Comunitat Valenciana, dos comunidades también gobernadas por el PP, los que han llevado al Supremo a proponer que se consulte al TJUE la regularización por posible “colisión” con la normativa europea. Este mismo mércoles, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, descartaba que se decretasen medidas cautelares al haber sido ya antes rechazadas en otros recursos.

No se quieren adelantar pantallas en el Ejecutivo, pero tampoco descartar ningún escenario. Pese al mensaje de tranquilidad que se trasmite, la intención es acelerar el proceso para resolver las solicitudes cuando antes. Al cierre del plazo para realizarlas, eran ya medio millón los permisos provisionales concedidos. Fuentes del Gobierno explican que de paralizarse el proceso, una buena parte estarían resueltas definitivamente y, por tanto, no serían reversibles.

Para el Ejecutivo la regularización de migrantes es una de sus medidas estrella y marca de identidad de su política migratoria, con un doble componente tanto humanitario como económico. Un freno a instancias del Supremo o que se ponga en duda su encaje legal, como ahora, supondría un varapalo. Tanto político como jurídico, al haber sido cuestionado este procedimiento por otros socios europeos. Para evitarlo se está trabajando en las alegaciones mano a mano con la Abogacía del Estado, desde la defensa en que la regularización es para trabajar en España, dirigida a personas que ya estaban residiendo y que el permiso no permite desplazarse a ningún otro país de la UE.

Las diputas entre el poder ejecutivo y el legislativo no son nuevas y se remontan a la concesión de los indultos a los líderes del 'procés'. Con la ley de amnistía se agudizaron las tensiones y con la condena al ex fiscal general, Álvaro García se agrandó el choque institucional.

Las diputas entre el poder ejecutivo y el legislativo no son nuevas y se remontan a la concesión de los indultos a los líderes del 'procés'

El primer episodio de fricción se produjo con el demoledor informe del Supremo contra los indultos a los condenados del ‘procés’. El Gobierno lo ignoró y aprobó la medida de gracia en el Consejo de Ministros, generando malestar entre parte de la judicatura por el desprecio al criterio del Supremo y a la separación de poderes. El conflicto de legitimidades se repitió con la reforma del Código Penal de 2022 para suprimir el delito de sedición y rebajar el de la malversación.

“Absoluta tranquilidad”

Tras la aprobación de la ley de amnistía, y a la espera del TJUE, el Supremo no la aplicó en su totalidad al mantener penas de inhabilitación por malversación para los líderes independentistas, entre ellos Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Al igual que cuando se derogó el delito de sedición.

A estas colisiones se suman otras más simbólicas, con una serie de nombramientos del Gobierno tumbados por el Supremo. Se trata de los de Magdalena Valerio, como presidenta del Consejo de Estado, así como dos nombramientos clave de la exministra de Justicia y exfiscal general Dolores Delgado. Primero como fiscal togada del Supremo y posteriormente como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

El titular de Justicia expresaba este miércoles su “total respeto” a la decisión que pueda tomar el Supremo sobre el proceso de regularización, aun haciendo hincapié en que no chocaría con ninguna norma europea. “Tenemos la absoluta tranquilidad de que es un real decreto muy sólido con los informes preceptivos favorables”, concluía para acabar poniendo en valor su “éxito” tanto “desde el punto de vista de los derechos como económico”.

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