El juez imputa a la directora de la Guardia Civil y la cita el 16 de julio por su implicación en la trama Leire

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, a petición de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones populares, bajo la dirección letrada del PP, ha imputado a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y también al director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas, en el denominado caso Leire Díez, que indaga en la presunta trama que habría recibido pagos del PSOE para boicotear causas judiciales que afectan al Gobierno. Ha citado a ambos en calidad de investigados el próximo 16 de julio.

En su resolución, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el titular del juzgado número 5 del Tribunal Central de Instancia señala que existen en la causa "indicios de responsabilidad" de ambos en hechos que, 'prima facie', y "sin perjuicio de lo que resulte de la posterior instrucción de la causa", podrían presentar los caracteres de un delito continuado de prevaricación administrativa en relación con otro delito contra la administración de justicia (obstrucción) en relación con las presuntas maniobras investigadas.

Tras conocerse la imputación de la directora de la Guardia Civil y del director adjunto operativo, Interior ha emitido un breve comunicado en el que el ministro Fernando Grande-Marlaska afirma que mantiene su confianza en Mercedes González y en el teniente general Manuel Llamas. En el mismo comunicado, el ministerio anuncia que la jefa política y el jefe operativo del Instituto Armado "seguirán ejerciendo sus funciones como hasta ahora y mostrando la máxima colaboración con la justicia en todo lo que se les requiera".

Pese a que sí lo pidieron las asociaciones populares, ni Anticorrupción ni el juez ven posible responsabilidad por el momento en la actuación del anterior director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos. El juez dice al respecto que "la conducta descrita respecto de él, 'per se', no integra ningún tipo penal", según dice la misma resolución.

En el escrito en el que instaba a estas imputaciones, el PP señalaba que considera "acreditado", a partir de las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que entre González y Leire Díez "existió una relación personal y reiterada, previa al nombramiento de la primera, que continuó tras su toma de posesión como directora general el 17 de septiembre de 2024, materializándose en, al menos, tres reuniones presenciales y múltiples contactos por mensajería instantánea".

Otras decisiones del caso

En la misma resolución, el juez acuerda nuevas diligencias en torno a este caso. Así, y respecto del abogado Jacobo Teijelo -- que defiende al exnúmero 3 del PSOE Santos Cerdán y se reunió con el número 2 de la Fiscalía bajo el mando de Álvaro García Ortiz-- el juez recuerda que después de que en su declaración manifestara que era asesor jurídico del partido político PSOE desde octubre de 2024 a junio de 2025, "procede requerir a dicho partido para que identifique la persona que suscribió el contrato de asesoramiento jurídico" en dichas fechas.

Igualmente, pide al partido que indique "el cargo que ostentaba y el título habilitante o acuerdo en cuya virtud actuó". Esta diligencia, añade el juez, "deberá cumplimentarse a través de persona designada con poder de representación del citado partido político informado del derecho que le asiste a no facilitar ninguna información o documentación que pueda ser incriminatoria para dicha persona jurídica", es decir, que pueda perjudicar al propio PSOE.

Además, el juez une a la causa la documentación remitida por el Ministerio de Justicia en relación con el exviceministro de Energía en el Gobierno de Hugo Chávez, a quien la Fiscalía Anticorrupción también vincula con la trama dirigida a boicotear a fiscales, jueces y guardias civiles.

Según esta información, y tras dos intentos fallidos de concesión de la nacionalidad por la vía ordinaria, Villalobos la obtuvo en octubre de 2025 a través de la denominada 'Ley de Nietos' (acogiéndose a la Ley de Memoria Democrática), una información que el juez traslada ahora a la UCO.

Finalmente, el juez pide pruebas sobre las contrataciones de la mujer que tuvo un conflicto jurídico con el fiscal Anticorrupción José Grinda, contra quien también actuó la trama Leire, y la de su pareja; y también recaba las manifestaciones realizadas en varios juzgados, entre ellos el Tribunal Supremo, por parte de Carmen Pano, la empresaria que afirma que entregó 90.000 euros en metálico en la sede del PSOE en Ferraz y que la abogada del asesor ministerial Koldo García intentó sobornarla para perjudicar al comisionista Víctor de Aldama.

Suscríbete para seguir leyendo