Feijóo avisa sobre los "7 u 8 millones" de personas más en España entre nacionalizados y regularizados: "No hay país que los resista"

Alberto Núñez Feijóo ha avisado este jueves sobre el posible impacto que tendrán los "siete u ocho" millones de personas que viven o podrían vivir en España, entre migrantes regularizados y nacionalizados. Tras alertar a comienzos de semana sobre la "ingeniería electoral" y la modificación del censo electoral, el presidente del Partido Popular ha hecho extensibles las consecuencias a otros ámbitos. "Siete u ocho millones de ciudadanos no hay país que lo resista desde el punto de vista social, desde el punto de vista del bienestar y desde el punto de vista cultural", ha sentenciado.

En un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Feijóo ha juntado varios datos para alcanzar esta cifra de entre siete y ocho millones: "Si sumamos el número de inmigrantes que han entrado en España desde el año 2019 al año 2025 son cuatro millones. Si sumamos 1,3 millones que estamos regularizando ya nos vamos a los 5,3 millones. Y si sumamos 2,5 millones de lo que el Gobierno llama nietos, que no son nietos solo, estamos ya en 7 u 8 millones de ciudadanos".

Después de que el PP modulara este miércoles su discurso en torno a la 'ley de nietos', desvinculándola del proceso electoral para relacionarla con la saturación que pueden sufrir los servicios públicos, Feijóo ha incidido en que "España no está preparada para atender a 50 millones de personas" y que los servicios públicos "no tienen la dimensión para atender a un incremento de población" de esta magnitud. En concreto, ha señalado la sanidad, la educación o las infraestructuras de transporte.

No obstante, la premisa lanzada por el presidente del PP no tiene en cuenta que los millones de migrantes que están en España ya hacen uso de esos servicios públicos y que los 2,5 millones de solicitudes de nacionalización son de personas que viven en terceros países y que, por tanto, no residen en España ni hacen uso de su estado de bienestar.

El procedimiento y sus sombras

Como ha hecho a lo largo de la semana, Feijóo ha puesto el acento en la 'ley de nietos', una disposición de la Ley de Memoria Democrática de 2022 que concede la nacionalidad a los hijos o nietos de exiliados durante la Guerra Civil y el franquismo. Según ha criticado, la instrucción elaborada por el Ministerio de Justicia que desarrolla este proceso "no se hace de acuerdo con la ley, de forma transparente y limpia y no se hace con una memoria económica". Así, ha llamado a "parar" el procedimiento para "ver el impacto económico que supone" dar la nacionalidad a los 2,5 millones de solicitantes.

No obstante, el texto fue aprobado por el Congreso de los Diputados y aunque ahora el PP se oponga, lo cierto es que presentó una enmienda que mantenía la misma redacción que la actual con una diferencia, dejaba fuera a los exiliados por razones de "orientación e identidad sexual". Aun así, Feijóo ha dicho que un país "no puede incrementar su censo electoral en 2,5 millones" en un año y medio, ya que esto supone conceder a estas personas una tarjeta sanitaria, un cheque educativo o una pensión no contributiva en el futuro. "No estamos en contra de que un nieto que acredite el parentesco pueda tener la nacionalidad", ha recalcado, pero sí en contra de que "sea un trágala, con nocturnidad y alevosía".

Luego, aunque en el PP insisten en que estas críticas nada tienen que ver con lanzar sombras sobre un posible pucherazo en las futuras elecciones, el presidente popular ha vuelto a incidir en que estos 2,5 millones de nacionalizados se adscriben a la circunscripción que desean, dando a entender que es el Gobierno quien les indica para alterar el voto en algunos territorios. "Está habiendo mucha arbitrariedad", ha recalcado.

El modelo popular

El presidente del PP ha aprovechado también para volver a explicar cuál es la política migratoria de su partido: que lleguen a España "con un contrato de trabajo", que cumplan "las leyes españolas" a riesgo de ser expulsados y que se "inserten dentro de la sociedad que les acoge". "Inmigración regulada, ordenada, en la que se viene a aportar y no a vivir de los que aportan y trabajan y una inmigración en la que se tiene que entrar de forma legas es una inmigración que España necesita", ha sentenciado.

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