Bolaños saca pecho a los 6 meses de su reforma porque hay un 7,3% más de juicios pero el CGPJ le afea que no pague los refuerzos

Desde el pasado 2 de enero España cuenta con una nueva organización judicial que ha hecho desaparecer los juzgados tal y como los conocíamos -- órganos con un juez, su letrado y un grupo de funcionarios a su servicio-- y dio lugar a la agrupación de varios magistrados que comparten unos servicios comunes. Se trata de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que según el ministro del ramo, Félix Bolaños, registra un impacto positivo cuando se cumplen tan solo seis meses de su implantación.

Bolaños ha presumido de los resultados obtenidos en una comparecencia celebrada este miércoles ante los medios de comunicación en la que ha destacado, entre otros datos, que con el nuevo modelo ya totalmente implantado -la fase que comenzó en enero era la tercera fase, que implicó a la gran mayoría de órganos en toda España-- se han logrado señalar un 7,3% más de juicios y se han celebrado un 5,4% más de vistas.

Además, el ministro se vanagloria de que la entrada de nuevos litigios ha caído un 10% en términos generales. Frente a ello, desde el Consejo General del Poder Judicial le afean que deniegue el dinero necesario para pagar el refuerzo en 62 órganos judiciales que lo necesitan. Advierten de que, de no hacerlo, se producirán suspensiones.

En el caso de la jurisdicción civil, esta caída es del 21 por ciento gracias a la obligatoriedad de recurrir a medios adecuados de solución de controversias (MASC) antes de acudir a los tribunales. Los datos, en todo caso, proceden del territorio gestionado directamente por su Ministerio, es decir de las comunidades que no tienen la competencia de Justicia transferida: Castilla y León; Castilla-La Mancha; Extremadura; Murcia; Baleares; Ceuta y Melilla, Asturias y La Rioja.

Primer descenso en 10 años

Para el ministro, estos datos han permitido que, por primera vez en los últimos 10 años (excepto durante la pandemia), los asuntos pendientes en civil empiecen a "bajar tímidamente" en lugar de subir.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial, la pendencia y la litigiosidad crecían de forma continuada en los últimos años: los asuntos pendientes subieron un 13,7% en 2024 y un 3,4 en 2025 y el ingreso de nuevos asuntos también creció en 2023 (+4,8%) y 2024 (+11,4%). Solo empezó a descender en 2025 coincidiendo con la obligatoriedad de los MASC. También cabe destacar que los últimos datos del CGPJ, referidos al primer trimestre de 2026, coinciden con los del ministerio y confirman una clara caída de la litigiosidad del 35,8% en el orden jurisdiccional civil y una leve reducción de la pendencia interanual del 0,7%.

Reclamación del Consejo

Frente a estos datos, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, reunida este miércoles con carácter extraordinario, ha acordado por unanimidad solicitar al ministro que reconsidere su decisión de denegar la autorización económica previa de medidas de refuerzo para 62 judiciales de toda España.

"Esta circunstancia ha impedido al Consejo General del Poder Judicial proponer la reconsideración de estas medidas o alternativas, dentro del margen de sus competencias, a fin de tratar de paliar los perjuicios que provocará esta decisión, que obligará a paralizar y suspender actuaciones jurisdiccionales que se consideran necesarias e imprescindibles para garantizar los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas de ciudadanos y consumidores”, advierte el órgano de Gobierno de los jueces.

La postura del Ministerio también ha merecido la reacción de la asociación mayoritaria de jueces (Asociación Profesional de la Magistratura) que ha emitido un comunicado junto a la Francisco de Vitoria y el Foro Judicial independiente lamentando que la decisión de no sufragar los refuerzos se haya adoptado "sin aviso previo, después de que en muchos partidos esas comisiones se hubiesen renovado periódicamente durante años, y precisamente en un momento en que ese tipo de órganos sufren un nivel de pendencia sencillamente insoportable, de los más altos desde que se implantó la especialización"

A juicio de las asociaciones de jueces --todas menos la progresista Juezas y Jueces para la Democracia-- "es evidente que en la actualidad se mantienen las condiciones que en su momento justificaron la adopción de las medidas de especialización y refuerzo. Ninguna razón puede haber hoy para la supresión de estas medidas que las puramente económicas, afirman, para añadir que la decisión del Ministerio "da lugar a la imagen contrapuesta a la visión idealizada que desde el Gobierno se ha querido dar de la implantación de los tribunales de instancia".

Por su parte, el Ministerio ha contestado a todas estas quejas asegurando que tiene suscrito un convenio con el Consejo del Poder Judicial que regula la autorización de refuerzos de órganos judiciales. El importe del convenio es de casi 7,2 millones de euros, si bien desde marzo pasado está pendiente la firma por parte del Consejo de un nuevo convenio por valor de 8 millones. El volumen de denegación actual se debe a que el CGPJ ha excedido sobradamente el límite presupuestario del convenio en sus solicitudes.

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