El PP modula las críticas a la 'Ley de nietos': "Esto no va de votos, sino de garantizar servicios públicos de calidad"

"Opacidad absoluta". Son las dos palabras que han escogido en el Partido Popular para describir el proceso de nacionalización que se puso en marcha en 2022, con la Ley de Memoria Democrática, y que acumula ahora 2,5 millones de solicitudes. Después de que Alberto Núñez Feijóo acusara al Gobierno de cometer "ingeniería electoral" al conceder el derecho a voto a tal cantidad de personas, los populares quieren fiscalizar todo el procedimiento que se está realizando, pero tratan de desmarcarse de las acusaciones de "pucherazo" de Vox, modulando su discurso y vinculando las críticas a la necesidad de ofrecer "servicios públicos de calidad" a los todos los nuevos ciudadanos españoles.

El pasado lunes fue el propio Feijóo quien abrió la polémica con su denuncia de "ingeniería electoral" al asegurar que 2,5 millones de personas podrían a pasar a engrosar el censo electoral de españoles en el extranjero, el conocido como voto CERA. Desde entonces, los populares se han esforzado por explicar que están a favor de conceder la nacionalidad a todos los nietos de migrantes españoles, pero no como lo está haciendo el Gobierno, denunciando prisas, externalizaciones y una instrucción posterior que, dicen, choca con la ley aprobada en el Congreso.

Desde Génova insistían a EL PERIÓDICO que el PP no está cuestionando el sistema y que Feijóo fue claro en las respuestas que dio lunes y martes, y aseguran que el presidente del partido trataba de "explicar lo que se está haciendo de forma unilateral con 2,5 millones de personas. Es hablar del impacto en el censo", remarcaban. Sin embargo, ahora es distinto.

"Esto no va de votos, sino de garantizar el cumplimiento de la ley y de ofrecer a todos los ciudadanos unos servicios públicos de calidad", aseguran este miércoles fuentes de la dirección nacional del PP en un día en el que la portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, también negó que las críticas al proceso de nacionalización supongan hablar de "fraude" electoral. La dirigente del PP incidió en que solo se preguntan ciertas cosas sobre las que tienen dudas. "¿Cómo no vamos a sospechar de un Gobierno que ha llevado la corrupción sistémica al Gobierno?", se cuestionó.

Información y contratos

Las mismas fuentes populares tildan este del "mayor proceso de nacionalización de la historia" y por ello han puesto en marcha una serie de mecanismos parlamentarios para asegurar la "transparencia y todo tipo de garantías jurídicas y políticas". Según una respuesta parlamentaria del Gobierno a una pregunta del PP, se han presentado 2.622.450 solicitudes y, a comienzos de junio, ya se habían aprobado 557.509.

La primera de las iniciativas que han presentado ha sido solicitar la comparecencia urgente del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en el Congreso, aunque dado que la Cámara Baja se encuentra inhábil esto no ocurrirá, como mínimo, hasta finales de agosto. Los populares quieren que explique cómo está funcionando el proceso, el estado de los registros civiles consulares, los plazos de resolución... Además, han pedido conocer qué consulados son los más afectados, con qué medios cuentan para hacer frente a tal alto número de solicitudes.

Uno de los aspectos en los que más inciden, y sobre el que varios dirigentes del PP han sembrado dudas, es en la externalización de parte del proceso. En concreto, reclaman los expedientes de tres contratos firmados con una empresa dependiente del Gobierno cubano para contratación de personal al servicio del Consulado de España en La Habana para reforzar la tramitación de las solicitudes recibidas. Por otro lado, otro expediente sobre la contratación de la empresa pública INECO para apoyar en este proceso. También quieren recabar un informe de la Abogacía General del Estado sobre estas externalizaciones.

Los argumentos

Muñoz fue quien denunció este jueves la "opacidad absoluta" con la que se está realizando este procedimiento y negó que estas críticas supongan hablar de "fraude" electoral. No obstante, aseguró que hay "cargos del PSOE en países extranjeros organizando actos" para reivindicar qué ha sido el Gobierno de Sánchez quien ha permitido la nacionalización de los hijos o nietos de españoles que se exiliaron durante la Guerra Civil y la dictadura y ganar votantes.

"¿Por qué tanta rapidez? [...] ¿Por qué les ha molestado tanto que preguntemos? ¿Por qué no les gusta que debatamos? ¿Por qué necesitan mentir para justificar lo que han hecho?", cuestionó Muñoz durante un desayuno informativo. Además, fue ella también quien defendió que el PP siempre ha apostado porque "aquellas personas que tuvieran que exiliarse, sus descendientes puedan recuperar la nacionalidad española". En la práctica, esta propuesta es lo que se vehiculó a través de la Ley de Memoria Democrática y hubiera conllevado los mismos incrementos en el censo electoral.

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