Policía Nacional y Guardia Civil niegan que Salut pusiera trabas a la vacunación de agentes por el covid

Dos de los mandos que coordinaron la vacunación contra el covid de policías nacionales y guardias civiles destinados en Catalunya han negado este miércoles que el Departament de Salut pusiera trabas al proceso. En su declaración como testigos ante la Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona, el teniente coronel de la Guardia Civil Esteban Gómez y el inspector jefe de la Policía Nacional Daniel Rapado han descrito una relación "fluida" con la conselleria y han atribuido los principales parones a la suspensión temporal de Astrazeneca acordada por el Ministerio de Sanidad y, después, a la falta de dosis disponibles de Moderna.

Sus testimonios han abierto la ronda de testificales en el juicio contra la excúpula de Salut por el retraso en la vacunación de los agentes estatales durante la pandemia. En el banquillo se sientan la exconsellera de Salut, Alba Vergés; su sucesor en el cargo y entonces secretario de Salut Pública, Josep Maria Argimon; el exsecretario general del departamento, Marc Ramentol; el exdirector del CatSalut, Adrià Comella, y el exdirector de Servicios, Francesc Xavier Rodríguez.

Prevaricación administrativa

La Fiscalía pide 12 años de inhabilitación para Vergés, Argimon, Ramentol y Comella, al considerar que actuaron de forma arbitraria en la campaña de vacunación, pero solicita la absolución de Rodríguez incurriendo a un deltio de prevaricación administrativa. Las acusaciones ejercidas por sindicatos y asociaciones policiales -Jucil y Jupol- mantienen la tesis de que los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil fueron discriminados respecto a otros colectivos esenciales. Las acusaciones populares también les imputaban un delito contra los derechos de los trabajadores, que podía comportar penas de cárcel, pero el tribunal lo excluyó este martes y dejó fuera cualquier condena de prisión.

La declaración de los dos mandos, sin embargo, ha situado el foco en las dificultades organizativas y en los cambios de criterio sanitario que marcaron aquellas semanas. Gómez y Rapado han explicado que, al inicio del proceso, ambos cuerpos propusieron que sus agentes fueran vacunados en comisarías y comandancias, y no en los circuitos ordinarios previstos por Salut. Esa petición, han reconocido, "rompió el esquema" y obligó a "plantear bien el plan", porque introducía una fórmula distinta a la que se estaba utilizando con otros colectivos.

Según los testigos, la Generalitat no rechazó esa propuesta. Al contrario, han afirmado que el entonces director de Servicios de Salut, Rodríguez, aceptó estudiar el planteamiento y acabó autorizando que la vacunación se organizara en dependencias policiales. El objetivo, han explicado, era facilitar la operatividad de los cuerpos y controlar mejor qué agentes recibían la dosis.

El papel de Rodríguez

Los dos mandos han destacado especialmente el papel de Rodríguez, con quien mantuvieron un contacto casi diario durante aquellas semanas. Rapado ha asegurado que el responsable de Salut estuvo disponible en todo momento para intentar resolver las incidencias que iban apareciendo, por lo que la relación fue "buena" y "fluida". Esa colaboración, han añadido, fue reconocida incluso por la Policía Nacional, que entregó a Rodríguez una placa conmemorativa por su trabajo durante la campaña de vacunación.

"Hubo una época en que Xavier Rodríguez, Esteban Gómez y yo hablábamos 24 horas al día. Estaba disponible y predispuesto. Estuvimos muchos días hablando, algunos hasta las dos de la mañana, los tres intentando organizarlo todo", ha destacado Rapado.

La cronología relatada en la sala arranca en los primeros días de marzo de 2021. El 4 de marzo se celebró una reunión para abordar cómo se organizaría la vacunación de los agentes estatales en Catalunya. Días después, el 10 de marzo, Salut comunicó que aceptaba el plan propuesto por Policía Nacional y Guardia Civil, y la administración de dosis empezó entre el 12 y el 15 de marzo para los efectivos de hasta 56 años.

El proceso quedó alterado el 15 de marzo, cuando el Ministerio de Sanidad paralizó temporalmente el uso de Astrazeneca por motivos médicos, tras los avisos sobre posibles efectos adversos. Esa decisión afectó de lleno a la planificación, porque era la vacuna prevista para buena parte de los colectivos esenciales. A partir de ese momento, la vacunación de los agentes quedó limitada a los grupos de edad para los que sí estaba autorizado el uso de esa vacuna.

Falta de dosis de Moderna

Los mandos han explicado que el 23 de marzo Salut les comunicó que la campaña podía retomarse para el resto de efectivos. La vacunación se reanudó al día siguiente por la mañana, pero volvió a suspenderse por la tarde. Según su declaración, Rodríguez les trasladó entonces que no había dosis suficientes porque no había llegado un lote de viales de Moderna.

Pese a ese nuevo parón, Gómez y Rapado han sostenido que el contacto con la conselleria continuó y que ambas partes siguieron trabajando para encontrar una salida. También han admitido que hubo dificultades internas en la elaboración de los censos, porque algunos agentes que inicialmente se habían apuntado para recibir la vacuna acabaron expresando dudas y pidieron no ser vacunados.

Las diferencias porcentuales

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ya intervino en abril de 2021 y dio un ultimátum a la Generalitat para equiparar el porcentaje de vacunación de los agentes estatales al de los Mossos d’Esquadra. En ese momento, solo el 3,6% de los efectivos de la Policía Nacional desplegados en Catalunya y el 2,8% de los guardias civiles habían sido vacunados, frente al 77% de los Mossos y el 68,9% de Bombers.

El juicio deberá determinar ahora si esos retrasos respondieron a criterios sanitarios y organizativos, como sostienen las defensas, o si hubo una decisión deliberada de frenar la vacunación de policías nacionales y guardias civiles respecto a otros cuerpos, como mantienen la Fiscalía y las acusaciones. La vista continuará en los próximos días con más declaraciones testificales. Las declaraciones de los acusados, las conclusiones y los informes finales están previstas para las últimas sesiones del juicio, señalado hasta el 15 de julio.

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