Pilar Cancela, secretaria de Estado de Migraciones: "Que sea una regularización extraordinaria no implica que se hayan relajado los requisitos"

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela (Stuttgart, 1967), atiende a EL PERIÓDICO un día después de haberse cerrado el plazo de la regularización extraordinaria de migrantes, un proceso que el Gobierno puso en marcha por la vía del real decreto después de que la Iniciativa Legislativa Popular que llegó al Congreso gracias a 700.000 firmas encallara en las negociaciones.

La regularización ha marcado cifras récord, con más de un millón de solicitudes presentadas, según admitió el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y con más de medio millón de permisos provisionales concedidos. Un volumen que ha duplicado las previsiones iniciales del Gobierno y que responde, según Cancela, al objetivo de recoger el espíritu de las organizaciones sociales, con una vocación amplia para dar cabida a las personas en exclusión.

Esto supone toda una novedad respecto a todas las regularizaciones llevadas a cabo en democracia, donde siempre se vinculaba la concesión de permisos a la vinculación laboral. La cuestión está ahora en manos de la justicia, después de que el Tribunal Supremo elevara una cuestión prejudicial al Tribunal Europeo, tal como se dio a conocer el lunes. "Ni siquiera parte de las comunidades autónomas, sino de los magistrados del Supremo", advierte Cancela, que confirma que el Gobierno ya ha presentado sus alegaciones.

Pregunta: Esta regularización ha superado ampliamente las previsiones del Gobierno de medio millón de migrantes. ¿A qué se debe este volumen?

Respuesta: Desde el primer momento barajamos varios escenarios. Se partió del medio millón porque era el número que fijaba la iniciativa legislativa popular presentada en el Congreso y fue la matriz que derivó en que el Gobierno asumiera ese mandato de la soberanía popular, con más de 700.000 firmas, que el presidente de Gobierno decidió asumir al no alcanzarse un acuerdo parlamentario. Contemplamos tres escenarios: 500.000, 750.000 e incluso un millón de personas, porque cuando se habla de personas en situación irregular los datos concretos no se obtienen con veracidad. Nadie tenía un conocimiento global. Al final se ha dado el escenario de máximos.

P: Cuando se planteó la ILP, el PSOE sostenía que Europa estaba en contra de una regularización. ¿Cómo se produjo ese cambio?

R: No es exactamente un cambio. Europa siempre planteó que las regularizaciones debían ser individualizadas y que los procesos masivos no eran el camino. Hubo un análisis jurídico y, aprovechando una figura específica que no tiene ningún otro país, el arraigo, modificamos el reglamento de extranjería para normalizar personas durante un tiempo determinado, de forma excepcional y extraordinaria. Es un proceso individual garantizado, que es lo que nos pedía la Unión Europea.

P: Hubo polémica porque la verificación la asumiera íntegramente el Ministerio y no la Policía Nacional. ¿Qué garantías ofrece el Gobierno?

R: Era muy importante que la tramitación se hiciera a través de una única unidad para agilizar un procedimiento que debía ser muy rápido. Necesitábamos emitir instrucciones desde la Secretaría de Estado y centralizar el procedimiento en un órgano que dependía directamente de nosotros. Además, las oficinas de extranjería tenían muchos expedientes de arraigo pendientes y no queríamos crear cuellos de botella. Fue una decisión de operatividad. Pero el hecho de que sea una regularización extraordinaria no significa que se hayan relajado los requisitos, sino que la mirada es amplia para que haya más personas beneficiarias. Si no cumples los requisitos, no puedes acceder.

P: La ILP se aprobó con un gran consenso, pero finalmente no hubo acuerdo. ¿Le hubiera gustado alcanzarlo con el PP?

R: El consenso siempre es bueno, especialmente en una cuestión como esta, cuando se habla de políticas de estado... ojalá la política migratoria lo fuera. Hubo un trabajo muy intenso con los grupos parlamentarios. Con Vox fue imposible hablar y con el PP tampoco fue posible sentarnos a negociar; solo querían hacerlo en la comisión del Congreso.

A diferencia de las regularizaciones anteriores, vinculadas a un compromiso laboral, en esta el espíritu era incorporar a las personas más vulnerables

Sus planteamientos eran como los PNV, que vinculaban la regularización a un contrato de trabajo. Nosotros manteníamos ambas visiones, pero lo importante era evitar los vetos cruzados entre distintas visiones. A diferencia de las regularizaciones anteriores, vinculadas a un compromiso laboral, esta nace de una iniciativa legislativa popular y el espíritu era incorporar a las personas más vulnerables. Cuando vimos que el proceso se retrasaba y que había una fuerte presión de organizaciones sociales, la Conferencia Episcopal, el tercer sector o los empresarios, el Gobierno decidió asumir la regularización.

P: ¿Ha habido interlocución con la Iglesia?

R: Sí. Hemos mantenido reuniones con la Conferencia Episcopal y con Cáritas. Siempre fueron proclives a la regularización, estuvieron muy implicados. Y además haciendo mucho hincapié en esos perfiles precisamente más vulnerables porque porque de eso se trataba también la mirada más amplia.

Defendemos el pacto aprobado bajo Presidencia española, aunque nos hubiera gustado que tuviera una perspectiva más de derechos humanos

P: La regularización culmina con el Pacto Europeo de Migración y Asilo ya en marcha. ¿España va a contracorriente de Europa?

R: El pacto siempre dejó un margen para que cada país adaptara su aplicación a sus circunstancias. No es lo mismo España, con kilómetros de costa y un territorio insular como Canarias, que Alemania. En España tenemos un programa de ayuda humanitaria que ningún otro país tiene y queremos preservarlo.

Defendemos el pacto aprobado bajo Presidencia española, aunque nos hubiera gustado que tuviera una perspectiva más de derechos humanos. Después hubo cambios de gobierno en Europa y un giro hacia posiciones más conservadoras y una visión más securitaria de las fronteras. Quince países pidieron revisar el pacto.

Nosotros adaptaremos la norma y modificaremos algunos artículos de la Ley de Extranjería, pero sin perder nuestra identidad de país de acogida. Seguiremos defendiendo esa perspectiva de dignidad. Nos oponemos a la deportación a terceros países porque genera mucha inseguridad jurídica. Si esa es la perspectiva dominante, sí vamos a contracorriente, pero nosotros no hemos cambiado de posición.

P: Algunas comunidades del PP sostienen que esta regularización vulnera el pacto europeo.

R: El comisario competente dijo al principio del proceso que era una cuestión de competencia de España. Cada país decide cómo ordena su política migratoria. Para evitar cualquier discurso sobre un supuesto efecto llamada establecimos un corte temporal: solo pueden acogerse quienes ya estuvieran en España el 1 de enero de 2026 y acrediten cinco meses de permanencia. No existe efecto llamada porque el procedimiento se dirige a personas que ya conviven entre nosotros.

La cuestión prejudicial ni siquiera parte de las comunidades autónomas recurrentes, sino de los magistrados del Tribunal Supremo

P: El Tribunal Supremo elevó esta semana una cuestión prejudicial a la Justicia europea. ¿Cómo interpreta que haya llegado justo el último día de la regularización?

R: Las casualidades no existen. Llama mucho la atención porque el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado sobre las medidas cautelares que pedían la paralización, aunque aún falta resolver el fondo del recurso. La cuestión prejudicial ni siquiera parte de las comunidades autónomas recurrentes, sino de magistrados del propio Tribunal Supremo, que han decidido preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si existe o no una contravención del derecho europeo antes de resolver el fondo. Esa es la fase en la que estamos.

Las resoluciones judiciales se respetan, con los recursos que te permite también el propio ordenamiento jurídico

Nosotros estamos centrados en que el procedimiento continúe. Las resoluciones judiciales se respetan, utilizando también los recursos que permite el ordenamiento jurídico. Hemos presentado las alegaciones que consideramos oportunas y seguimos haciendo nuestro trabajo.

P: ¿En qué línea irán esas alegaciones del Gobierno?

R: Fundamentalmente, que es una decisión del ámbito competencial de España; que la política migratoria interna la decide España y que esta regularización no tiene impacto en el derecho comunitario ni contraviene ninguna norma europea. Estamos defendiendo el concepto de migración regular, segura y ordenada. Lo que hacemos es normalizar a personas que ya conviven en España desde hace tiempo.

P: Si el Supremo resolviera desfavorablemente, ¿podrían retirarse los permisos concedidos?

R: No me gusta hacer cábalas. Esperemos que eso no ocurra. Las personas que han presentado su documentación conforme a una norma garantista tienen que ver satisfechas sus expectativas, porque hablamos de derechos. Si reúnes los requisitos del procedimiento, parecería tremendamente injusto que no pudiera llegar a su fin.

P: Sobre la polémica de la ley de nietos, después de que el PP haya denunciado "ingeniería electoral", ¿qué impacto electoral pueden tener realmente estas nacionalizaciones?

R: Cuando existía el voto rogado, la participación de los españoles en el exterior cayó hasta situarse en algunos procesos por debajo del 3%. Antes había llegado a rondar el 40%. Tras la supresión del voto rogado se ha recuperado, pero seguimos hablando de porcentajes bajos, alrededor del 10%.

La ley de nietos permite acceder a la nacionalidad, por ejemplo, a los hijos de mujeres españolas que la perdieron al casarse con extranjeros. La nacionalidad implica poder participar en los procesos electorales, pero los niveles de participación son los que he mencionado.

P: ¿A qué atribuye esta polémica?

R: No sé por qué precisamente ahora se empieza a cuestionar el proceso electoral cuando España tiene uno de los sistemas electorales más fiables. Quizá responde a una dinámica global que empieza cuestionando el proceso electoral y después los resultados. Es preparar el terreno para condicionarlo.

Cuando se habla de pucherazo es absolutamente inadmisible. Es un discurso interesado, orientado a dinamitar la confianza en el proceso electoral, y también una manera de poner bajo sospecha el voto de los españoles en el exterior. No se puede cuestionar su voto por el hecho de vivir fuera. Los requisitos y las garantías son conocidos: el proceso se realiza a través de los consulados, la documentación viaja en valija diplomática y no existe ningún elemento que permita hablar de manipulación de votos. Creo que hay que ser un poco más serios.

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