El Parlament da luz verde al centro que velará por los derechos humanos en las empresas

El Centre Català d’Empresa i Drets Humans será finalmente una realidad. Tras dos intentos fallidos en las dos legislaturas anteriores y un retraso sobrevenido en esta, el Parlament ha aprobado seis años después la ley para crear este organismo, que tiene como objetivo velar por que las empresas con sede en Catalunya respeten los derechos humanos en todos los países en los que operan. La norma se ha aprobado con los votos del PSC, ERC, Comuns y la CUP, mientras que PP, Vox y Aliança Catalana han votado en contra y Junts se ha abstenido.

Se trata de un proyecto impulsado por Lafede y la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia que lleva más de una década gestándose. De hecho, se llevó al Parlament por primera vez el 1 de julio de 2020, justo hace seis años, pero la propuesta cayó en saco roto dos veces por haber finalizado la legislatura antes de tiempo. En esta legislatura se volvió a reactivar su tramitación, pero, cuando todo estaba a punto para su aprobación el pasado mes de marzo, Junts y PP impugnaron la iniciativa en el Consell de Garanties Estatutàries (CGE), lo que retrasó de nuevo el proceso. El dictamen de este organismo concluyó que la norma contraviene el marco constitucional y estatutario, pero no es vinculante.

Al inicio de la presente legislatura, los posconvergentes se sumaron al impulso de esta ley, junto con los cuatro partidos de izquierdas, pero hace unos meses decidieron romper con el consenso e impugnar el dictamen, con el argumento de que no se habían aceptado sus enmiendas y de que el organismo podía generar inseguridad jurídica para las compañías. Finalmente, los 35 diputados de Junts han optado por abstenerse, al haber conseguido una entente en algunas enmiendas. "Lo podríamos haber hecho mejor, pero al final lo hemos hecho a la 'tripartita manera'", ha denunciado el diputado Francesc de Dalmases.

Desde la tribuna de invitados han seguido el debate representantes de las dos entidades promotoras y familiares de Tono Albareda, uno de los principales artífices de la ley, que falleció la semana pasada. Justamente, PSC, ERC y los Comuns han aprovechado para recordarlo y para lamentar que la aprobación definitiva de la norma llegue "tarde" para que él pueda verlo. También han propuesto que, en su honor, el nuevo centro lleve su nombre.

Por su parte, desde Lafede han celebrado la aprobación del texto legislativo calificando el día de "histórico": "Catalunya es pionera en la defensa de los derechos humanos". En una rueda de prensa celebrada poco después de la votación, representantes de esta organización también han respondido a las críticas hechas por PP, Vox y Aliança Catalana, que han asegurado que la Cámara catalana "ha declarado la guerra a las empresas". "Queremos dejar claro que ninguna empresa debe tener miedo si hace las cosas bien", han rematado.

Las funciones del nuevo centro

El nuevo centro tendrá competencias para investigar las quejas presentadas por personas físicas o jurídicas sobre posibles vulneraciones de los derechos humanos y medioambientales por parte de una empresa. Además, podrá sancionar con multas de hasta 50.000 euros a las empresas que no respondan a los requerimientos formulados por el centro, o que lo hagan de forma insuficiente. Se trata de dos competencias que el CGE ve de dudosa legalidad. En cambio, no puso objeción a que asuma funciones de carácter promocional, de estudio, análisis, divulgación y sensibilización. El centro contará con una junta de gobierno formada por nueve miembros, una dirección y un consejo asesor integrado por diecisiete vocales.

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