Illa cuestiona ahora que haya sido positiva la gratuidad de los peajes de la AP-7: "Quizá nos equivocamos"

A las puertas de lograr la aprobación de sus primeros presupuestos, el president de la Generalitat, Salvador Illa, se ha mostrado especialmente molesto durante la sesión de control en el Parlament por la denuncia que han hecho los Comuns sobre la siniestralidad y las retenciones en la AP-7. Hasta tal punto que ha invitado a todos los partidos a "reflexionar" sobre las consecuencias que ha tenido que se implementara la gratuidad de los peajes hace ya cinco años. "Quizá nos equivocamos", ha sentenciado.

La presidenta del grupo de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha planteado dos medidas para tratar de paliar la situación: que se obligue a los vehículos pesados a circular por el carril derecho y que se prohíban los adelantamientos entre camiones para reducir los accidentes y las largas colas de tráfico que se genera en las horas punta y los fines de semana. El partido, incluso ha puesto en marcha a renglón seguido una campaña en redes para recoger firmas de apoyo a su reclamación.

Petición de "reflexión"

No obstante, la primera respuesta del president ha sido brusca y cargada de ironía: "Pensaba que me iba a pedir que construyéramos toda la B-40". Ha asegurado que tomaba nota y que estudiará las medidas planteadas, pero ha pedido "realismo a los Comuns" teniendo en cuenta que se trata de una vía que no pertenece a la Generalitat y que el posicionamiento del grupo pasa, generalmente, por oponerse a la construcción de nuevas carreteras. "Todos tenemos que estar a la altura y reflexionar sobre de qué dijimos alegremente y ver qué está pasando ahora", ha asegurado sobre la decisión de levantar los peajes.

Justo este miércoles, el espacio político de Albiach celebra también unas jornadas en Bruselas contra la ampliación del aeropuerto de El Prat, uno de los proyectos estrella del Govern a los que se oponen los Comuns. No obstante, esa discrepancia irreconciliable no es por ahora un impedimento para que ambas partes hayan acordado los presupuestos con el argumento de que las cuentas no incorporan ninguna partida para esta infraestructura.

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