El Gobierno da oxígeno a Sumar con un 'hat-trick' legislativo en plena crisis por la corrupción: alquiler, ley de nacionalidad saharaui y dependencia

El curso político vuelve a hacerse largo para el Gobierno. La avalancha de causas judiciales, como ocurrió el año pasado con el informe de Santos Cerdán, obliga al Ejecutivo a tratar de cambiar de rasante y llevar el debate político a otros derroteros. Y con este objetivo se vale ahora de algunas de las medidas con sello de Sumar, que el socio minoritario de la coalición empujó en solitario y que se someterán a votación este mes de julio en el Congreso, antes de acabar un verano. Un balón de oxígeno como broche a un año difícil para el socio minoritario de Gobierno, que se ha visto fuertemente desdibujado, que mantiene el respaldo al PSOE frente a los escándalos de corrupción y que afronta grandes dificultades para marcar perfil propio ante la falta de un líder claro.

La prórroga de los precios del alquiler anunciada este lunes en Consejo de Ministros, la ley de nacionalidad saharaui o la ley de dependencia son normas que Sumar ha defendido buena parte de la legislatura, y que ahora aspira a sacar adelante con el respaldo del ala mayoritaria del Gobierno, y después de las resistencias iniciales que mostró el PSOE en mayor o menor medida.

En Sumar llevan semanas urgiendo al PSOE a legislar desde el Consejo de Ministros para sacar leyes que justifiquen sin ambages la continuidad del Gobierno y que en este caso, de aprobarse, supondrán un espaldarazo para el socio minoritario de la coalición.

Tres medidas con sello Sumar

El decreto anunciado por la portavoz del Gobierno incluirá la prórroga de precios de alquileres, el mismo decreto que los ministros de Sumar aprobaron en solitario en el mes de marzo, tras un pulso sin precedentes en el Consejo de Ministros. Por entonces, el ala socialista se puso de perfil en la negociación del texto.

Junts, junto a PP y Vox, terminó tumbando el decreto. En esta ocasión, el PSOE asume como propia la medida y prevé implicarse en las negociaciones, algo que podría empujar el acuerdo con los posconvergentes, que reclamaban incluir medidas fiscales como desgravaciones de hipotecas o alquiler en el IRPF.

El segundo elemento "irrenunciable" para Sumar, según fuentes de la coalición, es que incluyera la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones. Esta regulación fue una de las primeras normas que Sumar defendió al Congreso, que finalmente la tumbó en septiembre de 2024, también por el rechazo de Junts. A falta de acercar posiciones con el resto de partidos, el texto está aún en fase inicial, y PSOE y Sumar han empezado a negociar un primer texto base, sobre el que tendrán que cerrar un texto definitivo. El planteamiento es aprobar el paquete de medidas en la segunda quincena del mes de julio, para que pueda convalidarse en el Congreso en septiembre.

No será la única norma con sello de Sumar que vea al luz este mes de julio. Este mismo martes por la tarde, el Congreso dio luz verde al último trámite de la ley de nacionalidad saharaui y aprobó su tramitación. Esta ley es una de las grandes reivindicaciones de Sumar esta legislatura y ha generado conflictos con el PSOE, por la posición promarroquí de los socialistas. Después de denunciar en distintas ocasiones el "bloqueo" del ala mayoritaria a la norma, finalmente se ha dado luz verde al informe final, que se votará en la Comisión de Justicia previsiblemente a mediados de julio, con la idea de que vaya a votación definitiva en el Congreso en el último Pleno del año, previsto para el 21 de julio.

Aunque el PP dio un volantazo a su posición tradicional sobre este asunto y terminó este martes votando en contra junto a Vox, en Sumar apuntan a que Junts, que se abstuvo este jueves, terminará apoyándolo tanto en comisión como en Pleno. En caso de aprobarse, la norma deberá ir al Senado, donde el PP puede introducir enmiendas que deberán volver después al Congreso.

La tercera pata que Sumar prevé impulsar antes de verano es la reforma de la ley de dependencia y discapacidad; un proyecto legislativo salido del Ministerio de Derechos Sociales y que está en fase final en el Congreso, donde este mismo miércoles está convocada la ponencia para dar luz verde al informe, con el mismo plan de aprobarla en comisión a lo largo de julio y que su aprobación definitiva pueda ser en el último pleno de julio. El plan consiste en llevar a votación tanto la norma como la convalidación del decreto con financiación a la dependencia aprobado por el Gobierno la semana pasada.

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