España se juega perder 1.100 millones de fondos europeos este verano si no cumple las exigencias de la UE

Desde hace justo un año, la Comisión Europea mantiene suspendido el desembolso a España de 1.100 millones de euros de los fondos Next Generation al considerar que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno incumplía tres reformas que el propio Ejecutivo había pactado con Bruselas: la subida de impuestos al diésel, la reducción de la temporalidad en el sector público y la digitalización de entidades regionales y locales. Un año después, de estas tres condiciones, la UE solo da por satisfecha la última y recuerda que el plazo para cumplir las otras dos termina el 31 de agosto, lo que significa que a España le quedan dos meses para convencer a la Comisión o perderá definitivamente esos 1.100 millones. Es por ello que el Gobierno acelera los contactos con Bruselas para tratar de salvar el montante.

El Gobierno espera recibir este mes el sexto pago de fondos europeos de recuperación, que superará los 7.000 millones de euros. Y antes de que acabe el año, Bruselas debería abonar un último pago de alrededor de 23.000 millones. Hasta ahora, España ha percibido cinco desembolsos por un total de 71.000 millones de euros (55.000 millones en transferencias y 16.300 millones en préstamos), a excepción de los 1.100 millones congelados a la espera de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez cumpla las citadas condiciones pendientes. Fuentes comunitarias sostienen que esa fecha límite del 31 de agosto es improrrogable porque es el plazo fijado a todos los estados miembros, no solo a España, para ejecutar esos fondos.

El problema de los interinos

El Consejo de la UE solo autorizó a la Comisión a captar el dinero en los mercados hasta 2026, por lo que haría falta la unanimidad de los Veintisiete para prorrogar ese plazo. Sin embargo, el Ejecutivo ha hecho un nuevo intento este mismo miércoles y ha solicitado a Bruselas que le dé más tiempo, hasta marzo de 2027, para reformar la normativa relativa a interinos y cumplir las exigencias no solo de la Comisión, sino también del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que, que, a raíz de denuncias de trabajadores españoles, ha considerado insuficientes las tres vías de compensación para los interinos que establecía la ley de 2021: las indemnizaciones al final del contrato, los procesos de estabilización por oposición y la figura del indefinido no fijo.

De esa reforma depende la mayor cuantía de los fondos europeas que están en peligro. La UE suspendió el pago de 626,6 millones de euros a España por no hacer lo suficiente para proteger a los trabajadores de la Administración que encadenan contratos temporales durante décadas. Un problema crónico que afecta a entre 500.000 y 800.000 personas, entre funcionarios interinos y empleados temporales. Uno de cada tres trabajadores públicos del país. La ley de 2021 convirtió en fijos a medio millón de empleados públicos, lo que llevó a la Comisión Europea a avalar el desembolso de los fondos, pero dio marcha atrás a raíz de las resoluciones del TJUE.

El imposible impuesto al diésel

La otra gran asignatura pendiente que deja en el aire más de 475 millones es el impuesto al diésel. En este caso es la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo la que hace prácticamente inviable sacar adelante (y menos en pleno verano) una medida de la que discrepan los socios de izquierdas. El plan de recuperación europeo establecía la obligación de reformar el sistema tributario para impulsar la fiscalidad verde a fin de aumentar la recaudación en al menos un 0,3% del PIB y acabar con "el trato fiscal favorable que recibe el diésel frente a la gasolina". España llegó a estimar unas previsiones de ingresos por ese gravamen aun sin haber entrado en vigor, pero Podemos y otros socios rechazan de plano la medida.

Dentro de la reforma fiscal comprometida con Europa para lograr el quinto desembolso de los Next Generation, el Gobierno se propuso elevar 9,37 céntimos el precio del litro del diésel, hasta los 0,40 euros, la misma cuantía con la que se grava el impuesto de hidrocarburos en la gasolina. Pero Podemos tumbó la enmienda del PSOE, y Bruselas, al ver que no se aplicaba el impuesto, congeló el pago de una parte de las ayudas, 475,3 millones de euros, alegando que la reforma incumplía los compromisos en materia de fiscalidad medioambiental. Desde entonces, los precios del diésel han subido en torno a un 8% pese a las bonificaciones fiscales que ha ido prorrogando el Gobierno, como la rebaja del IVA.

Precisamente, falta por ver cómo impactará en la percepción del Ejecutivo comunitario la última de esas prórrogas, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado lunes, que sustituye la reducción del IVA a los combustibles por un descuento gradual lineal del impuesto a la energía que será de 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, afirmó que España exprimirá "hasta el último momento" las negociaciones con Bruselas. El objetivo de esos contactos es convencer a la Comisión de que los avances de la recaudación en los últimos años han sido suficientes para dar la reforma por cumplida sin necesidad de recurrir al tributo al diésel.

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