Sánchez anuncia una Agencia Estatal de Movilidad Humana para la contratación de inmigrantes en origen

El mismo día que se cierra el plazo para el proceso extraordinario de regularización de migrantes, Pedro Sánchez presentó el Plan de Integración y Ciudadanía del Gobierno que estará dotado con 505 millones de euros solo durante el primer año para financiar desde una visión integral la política migratoria del Ejecutivo. Desde el acceso a los servicios públicos para garantizar la igualdad de oportunidades, la formación profesional o el aprendizaje de lenguas cooficiales hasta la movilidad laboral con vías "legales y seguras". Para esto último, el jefe del Ejecutivo anunció la creación de una Agencia Estatal de Movilidad Humana con el objetivo de "simplificar y coordinar la gestión migratoria".

Se trata de fomentar los "flujos ordenados" con contrataciones en origen y "vías legales". La futura agencia reunirá funciones y recursos para "ofrecer una gestión más sencilla, coordinada y eficaz", según resumió el jefe del Ejecutivo, en el marco de la Estrategia de Movilidad Laboral. Este nuevo ente integrará asilo, acogida y residencia y para ello asumirá los recursos y funciones actualmente dispersos entre la Dirección General de Atención Humanitaria y Protección Internacional, la Oficina de Asilo y Refugio y las Oficinas de Extranjería, sin incluir las competencias securitarias en control de fronteras. A diferencia de la mayoría de medidas del plan, de carácter ejecutivo, la creación de esta agencia deberá desarrollarse a través de un proyecto legislativo y, por tanto, tener el visto bueno del Congreso. Según fuentes del Ejecutivo se está trabajando ya en el texto para que vea la luz lo antes posible.

“La mejor integración empieza antes de cruzar la frontera: con un contrato, una situación regular y un proyecto de vida”, defendió en este sentido. El objetivo de esta estructura busca "promover una mejor adaptación entre la fuerza laboral que llega a España y las necesidades reales del mercado de trabajo y de la sociedad, y fortalecer la cooperación con los países de origen y tránsito", reforzando la coordinación entre administraciones públicas y entre el Estado y terceros países.

Dentro del plan se destinarán 185 millones a programas para facilitar el acceso al empleo en sectores con alta demanda y la promoción del emprendimiento y una oferta extraordinaria de más de 100.000 plazas de Formación Profesional adaptada al mercado laboral. Asimismo, se reforzará la Inspección de Trabajo.

"Desde 2018, la política migratoria del Gobierno se ha apoyado en más vías legales de entrada, refuerzo del arraigo, migración circular y cooperación con países de origen y tránsito", sostuvo el jefe del Ejecutivo para situar este Plan de Integración y Ciudadanía como "la expresión concreta de esa estrategia en el territorio". Se gestionará a través de una comisión interministerial presidida por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

El objetivo de esta nueva estructura busca "promover una mejor adaptación entre la fuerza laboral que llega a España y las necesidades reales del mercado de trabajo", así como fortalecer la "cooperación con los países de origen y tránsito"

En el eje sobre convivencia, se pretende reforzar "el acceso a derechos, pero también a obligaciones de las personas migrantes" con una dotación de casi 30 millones en programas que "refuercen el aprendizaje de los idiomas cooficiales y el conocimiento de nuestras normas y valores". Además, se implementará un plan para reforzar la prevención de los discursos de odio y un mayor apoyo a las víctimas de discriminación. Para garantizar el acceso a servicios públicos, principalmente sanidad y educación combatiendo la "segregación escolar", se destinarán más de 260 millones.

El presidente del Gobierno hizo énfasis no solo en la visión humanitaria del plan, sino también en los beneficios económicos de la inmigración. "En un escenario de migración nula, la población caería hasta unos 47,9 millones en 2050 y 41,8 millones en 2070, con pérdidas de PIB del 19% y del 32% respectivamente frente al escenario base, muy por encima del impacto de la crisis financiera de 2008", ha asegurado.

Impacto económico

Apoyándose en datos de FUNCAS, Sánchez explicó que la inmigración está detrás del "47% del avance acumulado del PIB entre 2022 y 2025". En términos per cápita, ha añadido según informes del Banco de España, "la población extranjera aportó entre el 14% y el 24% del crecimiento del PIB per cápita entre 2022 y 2024". "Su papel es decisivo en la financiación del Estado del bienestar", ha añadido para concluir que “sin inmigración, España perdería el 19% del PIB en 25 años”.

Frente a las críticas de la oposición a la regularización de migrantes, que ha superado el millón de solicitudes, Sánchez ha defendido este proceso como "un éxito de gestión". "Un paso clave para sacar de la invisibilidad a cientos de miles de personas que conviven con nosotros", apuntó. Con el siguiente paso del plan de integración, se busca convertir este proceso "en un proyecto de vida: con empleo, educación, derechos, deberes y reglas de convivencia compartidas".

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