La regularización extraordinaria de migrantes desborda las previsiones del Gobierno con más de un millón de solicitantes

La regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno culmina este martes convertida en la mayor regularización puesta en marcha en España, superando el millón de solicitudes y duplicando las cifras de la última, que era hasta ahora la más amplia, la impulsada por el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2005 que tuvo 692.655 solicitantes. El proceso, que duplica las previsiones inicialmente marcadas por el Ejecutivo, llega contra el signo de los tiempos en la Unión Europea, con la entrada en vigor el pasado 12 de junio del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA), el primer marco legislativo a nivel comunitario que endurece los requisitos de entrada de migrantes a la frontera europea.

La medida impulsada por España llega en un momento de importantes cambios en la política migratoria del país, ya que el nuevo pacto europeo impide, entre otras cosas, emitir permisos de residencia por motivos humanitarios, y obliga a fijar un sistema de 'triaje' por el que no se permite a los migrantes acceder a permisos de entrada hasta que no se evalúe su situación, en un proceso que puede durar un máximo de 12 semanas.

La nueva legislación europea incluye además un polémico Reglamento de Retorno, destinado a agilizar las expulsiones de migrantes de fuera de la UE. Ante las dificultades a la hora de ejecutar estos retornos, la norma contempla la posibilidad de crear centros de internamiento en terceros países fuera de Europa y donde el internamiento puede prolongarse hasta 24 meses. Este último apartado, el más controvertido, ha sido rechazado por España, que ha avanzado que no recurrirá a estos centros en su política migratoria.

Las cifras

La regularización extraordinaria se presenta como la última vía en España antes del cierre de fronteras en la UE que ya ha empezado a hacerse efectivo. La medida, anunciada en enero, ha superado por mucho las expectativas del propio Gobierno, que cifraba en torno al medio millón las solicitudes recibidas en el plazo abierto, entre el 15 de abril al 30 de junio. El Ministerio de Seguridad Social y Migraciones tiene previsto hacer públicos los datos oficiales esta semana, un día después de cerrarse. A mediados de junio el número de solicitantes ya superaba los 900.000 y 360.000 expedientes habían sido admitidos a trámite, lo que suponía la concesión provisional de los permisos de trabajo y residencia. El plazo de resolución de las solicitudes es de tres meses.

Las cifras registradas hasta ahora superan por mucho las seis regularizaciones previas que se han hecho en España. Desde la aprobación de la primera Ley de Extranjería en 1985, España ha llevado a cabo seis procesos extraordinarios de regularización. El primero, en 1986, bajo el Gobierno de Felipe González, recibió 43.815 solicitudes, de las que se concedieron 38.294 permisos (87,4%). Le siguió el proceso de 1991-1992, también con González en la Presidencia, con 142.170 solicitudes y 114.423 concesiones (80,5%), y el de 1996, con 25.128 solicitudes y 21.294 permisos (84,7%).

Durante los gobiernos de José María Aznar se desarrollaron dos más: la de 2000, que registró 272.482 solicitudes y 264.153 concesiones (96,9%), con la tasa de aprobación más elevada de todos los procesos; y la de 2001, con 351.269 solicitudes y 239.174 permisos (68,1%). La última regularización extraordinaria fue impulsada en 2005 por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, y es considerada hasta ahora la mayor, con 691.655 solicitudes y 576.506 autorizaciones concedidas (83,4%). Una cifra que la actual regularización podría duplicar sin grandes problemas. En España,a través de los distintos procesos, se han concedido permisos de trabajo a 1.253.844 migrantes, y la media de concesión ha sido más del 82%.

Requisitos mínimos

El alto volumen de solicitudes puede explicarse en varios factores; el primero tiene que ver con que hace más de 20 años que no se pone en marcha un proceso de este tipo -Mariano Rajoy fue junto a Adolfo Suárez el único presidente de Gobierno que no ha impulsado ninguna-. Otro de los elementos que más pesa es el aumento de la movilidad, la mayor facilidad para los desplazamientos y el abaratamiento de los viajes, lo que ha permitido recalar en España a miles de migrantes por vías legales en los últimos años.

Y sin embargo, el elemento determinante a la hora de explicar la altísima cifra de solicitudes recibidas es el propio planteamiento de este proceso, con requisitos mínimos para poder acceder a él. Un hito en la historia de la España, que en las regulaciones extraordinarias previas exigían acreditar actividad laboral previa o futura como uno de las principales condiciones para optar a tener los papeles. Una circunstancia que no se plantea como una exigencia única en esta regularización, donde se abre la puerta a la concesión de permisos de residencia a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Este elemento, una novedad respecto a todos los procesos previos, ha obligado a un importante despliegue en la Administración Pública y a nivel municipal para la emisión de certificados, con largas colas las primeras semanas, en una labor que también ha contado con una red de organizaciones sociales habilitadas para acreditarlo. En esta ocasión, las condiciones eran estar en España antes del 1 de enero de 2026, acreditar al menos cinco meses de residencia continuada, carecer de antecedentes penales y cumplir uno de estos tres supuestos: tener vínculos laborales, familiares o encontrarse en situación de vulnerabilidad.

Del consenso a la batalla política

La regularización de migrantes generó en España cierto consenso entre los partidos cuando aterrizó en el debate político en 2023, de la mano de la plataforma Regularización Ya, que registró en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular con 700.000 firmas para traducir la petición en una iniciativa parlamentaria. Después de una importante campaña de presión por parte de los colectivos sociales, del rechazo inicial de PP y PSOE y de mediaciones con la Conferencia Episcopal para mover posiciones, la ILP fue votada y aprobada en el Congreso en abril de 2024 con una amplísima mayoría y la única oposición de Vox.

Pero la medida se trabó después en el trámite parlamentario. El peso que ha ido ganando la inmigración en el debate público, y su correspondiente peso electoral, ha dificultado aún más el entendimiento. El auge de fuerzas como Vox o Aliança Catalana, que abiertamente rechazan la inmigración, también se ha plasmado en la percepción pública, donde este asunto se percibe cada vez más como un problema social. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) lo situaba en el número 11 del ranking de preocupaciones de los españoles en enero de 2023, y desde entonces no ha parado de subir, para pasar al noveno puesto en 2024, escalar al quinto en 2025 y ocupar el cuarto puesto el pasado enero. En el último barómetro del mes de junio, la inmigración se situaba en el top 3 de los principales problemas para los españoles, que lo citaban en un 18,9% sólo por detrás de la vivienda y los problemas económicos, y casi empatado con la corrupción (18,4%).

El bloqueo de la ILP llegó por algunos actores como Junts que condicionaron su apoyo al proceso al traspaso de competencias migratorias a Cataluña, pero en mayor medida por la falta de acuerdo en las condiciones que debía tener el proceso, desde el PP que reclamaba vincularlo a contratos laborales y exigía una permanencia de años en el territorio, a Podemos, partidario de reducir al mínimo los requisitos y de entregar permisos laborales por la mera condición de ser migrante irregular, asumiendo que era per sé una situación de vulnerabilidad. La polémica estaba servida.

Ante la falta de avances, el Gobierno impulsó en septiembre una doble jugada que buscaba atar a los dos socios más difíciles, Junts y Podemos. Así, comenzó el curso impulsando la transferencia de competencias migratorias a Cataluña, también una exigencia de Carles Puigdemont para aprobar los Presupuestos del Gobierno, y al mismo tiempo retomó la negociación para impulsar la regularización extraordinaria de migrantes con Podemos, uno de los partidos más exigentes en esta cuestión.

El rechazo de los morados al traspaso migratorio estalló el plan por los aires. El Gobierno terminó haciendo un último movimiento: pactar con Podemos la regularización a cambio de que se abriese a negociar la exigencia migratoria de Junts. Una negociación en solitario diseñada para esquivar la votación en el Congreso de los Diputados y que alumbró el proceso regulatorio más amplio de la democracia, por las facilidades ofrecidas a los inmigrantes a la hora de acceder a él.

Las dudas judiciales

Esta laxitud a la hora de establecer los requisitos llevó al Consejo de Estado a requerir varias modificaciones antes de aprobar el texto en el Consejo de Ministros. El Gobierno tuvo que corregir el decreto inicialmente pactado y, entre otras cosas, eliminó la opción de que los migrantes pudieran presentar una declaración responsable de no tener antecedentes penales cuando no pudieran tener el certificado oficial.

La regularización extraordinaria de migrantes desborda las previsiones del Gobierno con más de un millón de solicitantes

Estas correcciones no impidieron una oleada de recursos al Tribunal Supremo por parte de varias asociaciones, además de Vox y dos comunidades autónomas gobernadas por el PP- Comunidad de Madrid y Región de Murcia-, que aducían el alto impacto en los servicios públicos que conllevaba una regularización masiva, que implicaría nuevos beneficiarios de becas y recursos autonómicos.

Los recursos están aún pendientes de resolución, aunque el Supremo rechazó suspender cautelarmente la medida, como pedían algunos de los recurrentes, entre ellos Madrid, que solicitaba dejar de emitir cautelarmente permisos provisionales a todos aquellos cuya solicitud hubiera sido admitida a trámite.

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