El tribunal descarta el delito que permitía pedir prisión para los exconsellers Argimon y Vergés por la vacunación a policías

La Audiencia de Barcelona ha descartado este martes que los exresponsables del Departament de Salut puedan ser condenados a prisión en el juicio por el retraso en la vacunación contra el covid de policías nacionales y guardias civiles destinados en Catalunya. El tribunal ha excluido, en las cuestiones previas, el delito contra los derechos de los trabajadores que sostenían las acusaciones policiales, al entender que no puede mantenerse esa acusación sin que la Fiscalía la formule, como han argumentado las defensas. La vista seguirá, por tanto, únicamente por un delito de prevaricación administrativa, que solo contempla penas de inhabilitación.

La decisión de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial acota el alcance del juicio contra los exconsellers de Salut Alba Vergés y Josep Maria Argimon, y contra otros excargos del Departament. Las acusaciones ejercidas por la asociación de guardias civiles Jucil y el sindicato de la Policía Nacional Jupol reclamaban tres años de prisión, una multa de 72.000 euros y 15 años de inhabilitación por un delito contra los derechos de los trabajadores y por un delito de prevaricación. Tras la resolución del tribunal, queda fuera la petición de cárcel y el procedimiento se centrará en la tesis de la Fiscalía, que acusa de prevaricación administrativa y pide 12 años de inhabilitación para cuatro de los acusados.

El juicio ha arrancado este martes en la Audiencia de Barcelona y se prolongará en varias sesiones hasta el 15 de julio. En el banquillo se sienta parte de los responsables de Salut durante la crisis del coronavirus para examinar si la Generalitat actuó con criterios sanitarios o si discriminó a los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional respecto a otros cuerpos de seguridad y colectivos esenciales.

La Fiscalía acusa de prevaricación administrativa a Vergés, a Argimon, al exsecretario general de Salut, Marc Ramentol, y al exdirector del CatSalut, Adrià Comella, para quienes solicita 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público. En cambio, pide la absolución del exdirector de servicios Francesc Xavier Rodríguez. Las defensas niegan que hubiera una decisión arbitraria o discriminatoria y sostienen que las actuaciones se adoptaron de forma colegiada, siguiendo criterios técnicos y sanitarios en un momento de fuerte incertidumbre sobre el suministro y el uso de las vacunas.

Los hechos y la cronología

El origen del caso se remonta a marzo de 2021, en plena campaña de vacunación contra el covid. Según la tesis de las acusaciones, Salut retrasó la inmunización de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Catalunya mientras otros cuerpos, como los Mossos d'Esquadra, las policías locales o los bomberos, ya presentaban porcentajes de vacunación muy superiores. La Fiscalía sostiene que los responsables del Departament eran conscientes de esa diferencia y que, pese a ello, frenaron la vacunación de los agentes estatales.

El juicio analizará especialmente las decisiones adoptadas tras la suspensión temporal de AstraZeneca por los avisos sobre posibles efectos adversos. Después de que se reanudara la administración de esa vacuna, Salut priorizó la vacunación por franjas de edad, en especial entre los 60 y los 65 años. Para las defensas, ese criterio explica la reorganización de la campaña y descarta cualquier voluntad discriminatoria. Para las acusaciones, en cambio, la Generalitat debía haber retomado también la vacunación de los agentes como colectivo esencial, tal como se hizo con otros cuerpos.

Según el calendario del tribunal, el juicio continuará los días 1, 6 y 7 de julio con las declaraciones de testigos, mientras que las declaraciones de los acusados, las conclusiones y los informes finales están señalados para los días 10, 13, 14 y 15 de julio.

Suscríbete para seguir leyendo