Caso Kitchen
El fiscal de Kitchen concluye en su alegato final la "finalidad bastarda" del operativo contra Bárcenas
La Fiscalía elevó a definitiva su petición de 15 años de cárcel para el exministro Fernández Díaz y su secretario de Seguridad
Las anotaciones en la agenda de Villarejo y la falta de interlocución con el juez Ruz descartan que se tratara de un operativo legal de inteligencia

El juicio Kitchen / EPE

El fiscal Anticorrupción César de Rivas ha expuesto este martes sus conclusiones finales tras la práctica de todas las pruebas en el caso Kitchen y, a su juicio, "ha quedado acreditada la finalidad bastarda y delictiva" del operativo parapolicial organizado en 2013 para espiar y robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas.
"No tenía nada que ver con investigar el caso Gürtel, sino con obtener documentación para boicotear el caso Gürtel", ha manifestado, y por ello ya en la sesión del lunes el Ministerio Público elevó a definitiva su petición de 15 años de cárcel para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al que considera el 'número 1' de la trama, y la misma condena para su mano derecha, Francisco Martínez.
De Rivas ha destacado la importancia de las anotaciones vertidas por el también procesado excomisario José Manuel Villarejo en sus agendas para acreditar los objetivos de este operativo ilegal, ya que en ellas se acredita "no solo el origen, sino el objetivo" buscado, que no era otro que el de hacerse con grabaciones que Bárcenas sugería que guardaba de dirigentes del PP. A ello se sumó que en esas mismas fechas se hicieron públicos los denominados 'papeles de Bárcenas' con la "contabilidad extracontable" del partido, según aseguraba el propio tesorero, y en el mes de julio los mensajes SMS que el presidente Mariano Rajoy le envió con el contenido "Luis, sé fuerte".
Todo ello no hizo más que "incrementar la preocupación y el interés de los encausados por tratar de hacerse con ese material", y si bien a Villarejo le gustaba "fanfarronear" sobre sus actividades, cuando anotó todos estos asuntos en su agenda "no se engaña a sí mismo", según ha reiterado el fiscal durante varias ocasiones a lo largo de su alegato, que se extendió durante casi cinco horas.
Además, el fiscal De Rivas ha sido muy minucioso y ha leído ante el tribunal extractos de casi todos los mensajes entre los procesados que acreditan el control sobre el operativo por parte del que fuera ministro del Interior, sacando conclusiones y conectando cada uno de ellos para avalar su hipótesis acusatoria.

Villarejo vuelve a declarar en Kitchen tras conocerse sus encuentros con Leire Díez / EP
Entre las anotaciones, todas ellas referidas al número dos de Interior --'Chisco' en las agendas-- el fiscal De Rivas destacó una de 5 de febrero de 2013 sobre el posible destino del material en la casa de la madre de Bárcenas en Riaza (Segovia), y otras posteriores sobre la necesidad de un mayor control en torno al tesorero o la solicitud por parte de Martínez de un "plan específico" sobre este asunto. Además, las vigilancias se extendieron al despacho del abogado del tesorero, Javier Gómez de Liaño, lo que incide en su carácter delictivo y alejado de cualquier operativo policial relacionado con el caso de corrupción que se estaba investigando.
Contradicciones
Por otra parte, la Fiscalía da por buenos los mensajes entre el ministro y su número dos, por los que Martínez ni siquiera fue preguntado por su defensa cuando declaró en esta vista oral. Otra prueba destacada son las contradicciones entre los diferentes acusados sobre la finalidad del operativo que pusieron en marcha en torno a Sergio Ríos, el chófer de los Bárcenas, siendo una de ellas la de buscar las cuentas en Suiza del extesorero, algo que ya había sido incorporado al caso Gürtel a finales de 2012, por lo que esta gestión sería innecesaria.
Otra cuestión clave para el fiscal es la inexistente interlocución de los integrantes de este operativo -- hoy sentados en el banquillo-- con el juez Pablo Ruz, que instruía el caso de corrupción contra el que fuera tesorero del PP, o con los agentes de la UDEF que ejercían las labores de policía judicial en este procedimiento. "No podían hacer ninguna labor de inteligencia para completar el caso Gürtel, la falta de interlocución les impedía conocer las lagunas a rellenar", concluye el fiscal al respecto.
En cuanto a Sergio Ríos, para quien también se pide condena (12 años de cárcel) acabó siendo "el chico para todo" de la trama, la Fiscalía ha acreditado el pago a este trabajador con cargo a los fondos reservados del Ministerio del Interior, la entrega al chófer de un arma y la licencia para utilizarla. También su ingreso de modo fraudulento en la propia Policía Nacional.
Otros acusados
En cuanto al resto de procesados, la Fiscalía también ha elevado a definitiva su petición de 15 años de prisión el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y el comisario Andrés Gómez Gordo, así como los 19 años que solicitaba para el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Por otra parte, se ratificó en los 12 años y cinco meses de prisión que reclama para Sergio Ríos, quien fuera chófer de la familia Bárcenas y acusado por haber sido captado como confidente de la presunta trama, y también en los dos años y medio para el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional Marcelino Martín Blas.
Además, al confirmar su escrito de conclusiones definitivas, el fiscal De Rivas se ha mantenido en su posición de no acusar a Fuentes Gago, Díez Sevillano y Olivera, como había hecho en las conclusiones provisionales. Por otro lado, la abogada de la familia Bárcenas ha rebajado sustancialmente las penas que había reclamado inicialmente para todos los acusados al inicio del juicio. En concreto, la letrada ha pasado de pedir 41 años de cárcel para todos los acusados y 33 años para el chófer, a 17 años y medios para todos y 11 y medio para Sergio Ríos.
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