Cuando la embajada española es un problema en la regularización: 200 euros, nuevos requisitos y plazo de meses para validar la documentación

La regularización extraordinaria de migrantes evidencia la desigualdad de acceso entre los propios solicitantes, en función de su país de procedencia, y con un obstáculo inesperado: el de las propias embajadas españolas, que son las encargadas de legalizar los documentos emitidos por Gobiernos de países que están fuera del convenio de La Haya o no tengan un convenio bilateral. Pero lo que puede parecer un paso administrativo más se ha convertido en algunos casos en una odisea burocrática, con elevados costes económicos y que suma nuevos requisitos a los que ya contempla el proceso de regularización.

Es el caso de Guinea Conakry, donde la embajada española del país se ha convertido en uno de los grandes hándicaps para poder presentar la solicitud. Una de las condiciones para acceder a la regularización es tener un certificado de antecedentes penales emitido por el país de origen. Si bien el Gobierno guineano emite sin grandes problemas este documento, las dificultades llegan a la hora de su legalización, un proceso administrativo que debe hacer la embajada española y que nuestro país exige para poder admitir el certificado.

Denuncian esta situación desde el Consejo de Guineanos en España, entidad colaboradora con Extranjería en el proceso de regularización, inscrita también como asociación y que hace de nexo entre la embajada y las asociaciones de guineanos en nuestro país, donde apuntan a que se trata de un problema generalizado. "El proceso para legalizar el documento tiene un coste aproximado de 200 euros, que puede parecer un gasto mínimo, pero que supone un problema para alguien en situación irregular", señala a EL PERIÓDICO Alioune Sangare, secretario adjunto del Consejo y residente en Barcelona, que destaca también la dilación en las legalizaciones de documentos, que tardan hasta dos meses en emitirse desde que la embajada recibe el documento original y lo valida.

"Un documento guineano sin legalizar es un papel blanco, no sirve de nada", reflexiona, con cierta decepción. "Es una traba que ha estado ahí siempre, pero pensábamos que iban a flexibilizar los requisitos con esta situación excepcional", se lamenta. Así, apunta a que "todos los guineanos que conocemos están en esta situación". Desde que comenzó el proceso de regularización, desde el Consejo han atendido desde la asociación a entre 120 y 150 guineanos en esta situación. Apunta además que el caso de la embajada española en Guinea Conakry es excepcional, que no se da en otros países que tampoco son firmantes del convenio de La Haya. "En Costa de Marfil la legalización de documentos está siendo muy fluida en la embajada, muy rápido. En el Congo o Gambia también se resuelve con mucha rapidez", lamentan.

Lo dilatado de los tiempos, unido a las nuevas exigencias que plantea el trámite en la embajada, hace imposible presentar todos los documentos en plazo. El decreto de regularización de migrantes contempla que todas las solicitudes podrán registrarse hasta este martes 30 de junio, que tendrán que resolverse en tres meses. En caso de que estén incompletas, la Administración enviará un requerimiento al solicitante con un plazo "no superior a quince días" para la subsanación. El decreto establece que, en caso de que el solicitante no logre obtener el certificado de antecedentes penales por parte de su país, será Ministerio de la Presidencia el que "recabe, por vía diplomática, a través de las Misiones Diplomáticas de España" este documento. Sin embargo, el texto no contempla que las propias embajadas españolas estén en el origen del problema. Este medio se puso este lunes en contacto con el Ministerio de Exteriores sin obtener respuesta.

Requisitos extra

Otro de los problemas es que quienes quieran validar el certificado de antecedentes penales en Guinea Conakry deben conocer a alguna persona físicamente allí que pueda acudir presencialmente a la embajada. Los solicitantes deben firmar ante notario en España un poder notarial, que conlleva gastos de entre 150 y 250 euros, y enviarlo por correo postal a quien vaya a presentarlo, puesto que sólo aceptan documentos originales y en papel, algo que vuelve a aumentar los costes. "En la embajada no aceptan que lo envíe directamente la notaría, o que se haga llegar mediante registro", expone Sangare.

En el caso de Y.C., de Guinea Conrakyr, 28 años y residente desde hace diez en Barcelona que prefiere preservar su anonimato, relata a EL PERIÓDICO que después de pagar el poder notarial, "tuve la suerte de tener un concoido que iba a viajar y me ahorré el envío". A esto se suman los problemas logísticos por las dificultades a la hora de ser atendido. "La persona que tenía allí tuvo que ir a las tres de la mañana para pedir cita. Había 200 personas y solo cogen a una docena", relata Y.S.

Pero el verdadero problema no es económico ni logístico: son los nuevos requisitos para poder acceder al trámite. En el caso de Guinea Conakry, las condiciones que piden para validar documentos aumentan por mucho las exigidas en la regularización extraordinaria. En el proceso de regularización de migrantes se permite acreditar la identidad de los solicitantes mediante pasaporte, aunque esté caducado, cédula de inscripción o título de viaje. Tampoco hace falta estar empadronado en España. Sin embargo, la embajada española en Guinea Conakry sí exige a los solicitantes tener pasaporte en vigor, compulsado, y padrón.

Este fue el problema al que se enfrenta M.S., un sintecho guineano de 21 años que llegó en marzo del año pasado, y que cuenta con padrón pero que no tiene pasaporte. "Le resulta imposible hacer un poder notarial ni presentar la solicitud de legalización en la embajada", relatan en el Consejo de Guineanos, donde han le han asesorado. Finalmente presentó la solicitud incluyendo el certificado de antecedentes penales sin legalizar, aunque asumen que no se la concederán, ante la imposibilidad de legalizarlo en la embajada.

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